MOU
No, no vamos a hablar del polémico entrenador de futbol. MOU son las siglas de Memorandun Of Understanding, que en castellano viene a ser algo así como los términos de un acuerdo.
Esta expresión se viene usando en la jerga de las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional, antes conocidos como Troika, para referirse a las condiciones que se deben aplicar a la economía de un país miembro de la Unión Europea en caso de intervención –léase rescate- por parte de esas instituciones en dicho país. La receta es conocida: Recortes y privatizaciones en los servicios públicos, recortes de plantillas, flexibilización del mercado laboral, es decir devaluación de las condiciones de trabajo…
Estas condiciones del Memorandun aparecen en forma de recomendaciones pero, en realidad, son de obligado cumplimiento.
¿Qué tiene que ver esto con nuestro país? Se nos dice que España no está intervenida como Grecia o Portugal pero desde Mayo de 2010, con las famosas cartas que el Banco Central Europeo envió a los Gobierno de Italia y España y que Zapatero no hizo pública mientras no presentó sus memorias, hasta el rescate financiero del Gobierno de Rajoy, pasando por la modificación del artículo 135 de la Constitución que llevaron a cabo de común acuerdo el PSOE y el PP, las condiciones de las Instituciones Europeas han estado presentes en la acción política de las autoridades españolas.
¿Y por qué traemos a colación este espinoso asunto en estos momentos? Por la sencilla razón de que después de un año y medio de continua campaña electoral el próximo trece de enero se constituyen las Cortes resultantes de las últimas elecciones generales y a partir de ahí las distintas fuerzas parlamentarias deberían constituir un gobierno que necesariamente implica pactos en los que los condicionantes europeos forman parte, para bien o para mal, del panorama de dichos pactos.
En estas circunstancias pierden sentido las declaraciones grandilocuentes o las fantasías, según se mire, como 'un gran pacto de estabilidad' o reformas en la Constitución para 'blindar' derechos. Para esto último no se ven mayorías suficientes en el Congreso y el PP tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, de bloqueo en el Senado. Y, para lo primero las voces de la Troika deberían sonar más fuerte que las trompetas de Jericó.
Una mayoría alternativa estaría hablando de desandar las reformas laborales, de reponer las plazas de maestros y sanitarios que se han perdido durante los gobiernos conservadores, de garantizar ingresos a las familias sin recursos, empezando por los parados de larga duración sin cobertura, o de dotar plazas de jueces y policías que es la fórmula necesaria para luchar contra la corrupción. En suma deberían estar negociando un pacto de investidura con contenido presupuestario que dé respuesta a las preocupaciones de cada día. Y además estar dispuestos a defenderlo con fuerza ante las instancias europeas. La tarea es dura si vemos los precedentes de Grecia y Portugal.
Si seguimos oyendo en boca de los dirigentes políticos palabras huecas, tengo para mí que dan por seguras nuevas elecciones y por tanto que los discursos seguirán en clave electoralista.
No, no vamos a hablar del polémico entrenador de futbol. MOU son las siglas de Memorandun Of Understanding, que en castellano viene a ser algo así como los términos de un acuerdo.
Esta expresión se viene usando en la jerga de las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional, antes conocidos como Troika, para referirse a las condiciones que se deben aplicar a la economía de un país miembro de la Unión Europea en caso de intervención –léase rescate- por parte de esas instituciones en dicho país. La receta es conocida: Recortes y privatizaciones en los servicios públicos, recortes de plantillas, flexibilización del mercado laboral, es decir devaluación de las condiciones de trabajo…
Estas condiciones del Memorandun aparecen en forma de recomendaciones pero, en realidad, son de obligado cumplimiento.
¿Qué tiene que ver esto con nuestro país? Se nos dice que España no está intervenida como Grecia o Portugal pero desde Mayo de 2010, con las famosas cartas que el Banco Central Europeo envió a los Gobierno de Italia y España y que Zapatero no hizo pública mientras no presentó sus memorias, hasta el rescate financiero del Gobierno de Rajoy, pasando por la modificación del artículo 135 de la Constitución que llevaron a cabo de común acuerdo el PSOE y el PP, las condiciones de las Instituciones Europeas han estado presentes en la acción política de las autoridades españolas.
¿Y por qué traemos a colación este espinoso asunto en estos momentos? Por la sencilla razón de que después de un año y medio de continua campaña electoral el próximo trece de enero se constituyen las Cortes resultantes de las últimas elecciones generales y a partir de ahí las distintas fuerzas parlamentarias deberían constituir un gobierno que necesariamente implica pactos en los que los condicionantes europeos forman parte, para bien o para mal, del panorama de dichos pactos.
En estas circunstancias pierden sentido las declaraciones grandilocuentes o las fantasías, según se mire, como 'un gran pacto de estabilidad' o reformas en la Constitución para 'blindar' derechos. Para esto último no se ven mayorías suficientes en el Congreso y el PP tiene mayoría absoluta y, por lo tanto, de bloqueo en el Senado. Y, para lo primero las voces de la Troika deberían sonar más fuerte que las trompetas de Jericó.
Una mayoría alternativa estaría hablando de desandar las reformas laborales, de reponer las plazas de maestros y sanitarios que se han perdido durante los gobiernos conservadores, de garantizar ingresos a las familias sin recursos, empezando por los parados de larga duración sin cobertura, o de dotar plazas de jueces y policías que es la fórmula necesaria para luchar contra la corrupción. En suma deberían estar negociando un pacto de investidura con contenido presupuestario que dé respuesta a las preocupaciones de cada día. Y además estar dispuestos a defenderlo con fuerza ante las instancias europeas. La tarea es dura si vemos los precedentes de Grecia y Portugal.
Si seguimos oyendo en boca de los dirigentes políticos palabras huecas, tengo para mí que dan por seguras nuevas elecciones y por tanto que los discursos seguirán en clave electoralista.
