El PSOE pide la retirada de la reforma educativa y el PP defiende que es necesaria porque el sistema actual “no permite progresar hacia una mejora de resultados”
Los socialistas creen que la Lomce “rompe la equidad” y apoyan las movilizaciones de la comunidad educativa contra este anteproyecto de ley y contra los recortes
Redacción / Astorga
El Pleno de las Cortes rechazó con los votos del Grupo Popular una proposición no de ley presentada por el PSOE que instaba a la Junta a exigir al Gobierno de España que retire el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque creen que “rompe la equidad” que tiene ahora el sistema y que abra un proceso de diálogo sobre el análisis y los objetivos de la educación en España.
La procuradora socialista Ángela Marqués se mostró muy crítica con lo que calificó de “contrarreforma” promovida por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, y que recordó que ha puesto “en pie de guerra” a la comunidad educativa, mostrando el apoyo de su partido a las distintas movilizaciones contra la Lomce y los recortes en esta materia.
Marqués aseguró que esta norma “le quita la careta al PP sobre educación” y demuestra que su objetivo es usarla para “perpetuar castas”, mientras que defendió que el PSOE cree en ella como base para “la igualdad de oportunidades”. Para justificar sus argumentos, citó el dictamen del Consejo de Estado sobre este anteproyecto de ley, que remarcó que le da “un varapalo” en cuestiones como la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que dejaría a España como “único país de la Unión Europea” que no tuviera esta asignatura.
También aludió al rechazo del Consejo de Estado a “la segregación por rendimiento académico”, que remarcó que no es dar libertad de elección de centros a los padres, sino que “permite a los centros concertados que puedan seleccionar a sus alumnos en función de su rendimiento”, lo que “rompe la equidad” y supone “elitismo puro y duro, condenando a los alumnos con más problemas a formar parte de un gueto toda su vida”.
Marqués criticó asimismo que la ley “devalúe la FP” y que quiera también avalar la segregación por sexos. Sobre esto, pidió a la Consejería de Educación que aclare si va a renovar los conciertos con los centros que siguen esta política en contra de los criterios establecidos en la actual ley en vigor.
Por último, defendió que la Lomce “carga” todo el esfuerzo presupuestario de su aplicación en las comunidades autónomas porque señala que el Gobierno central “aportará según su disponibilidad presupuestaria”y que recordó que, en el caso de Castilla y León, según los cálculos de la propia Junta, supondría 51 millones de euros, una cuantía que la socialista remarcó que la Comunidad no puede sufragar.
Todos estos argumentos fueron rechazados por la procuradora del Grupo Popular María del Mar González Pereda, quien reconoció que en las últimas décadas el sistema educativo ha conseguido su universalización, pero añadió que “no permite progresar hacia una mejora de resultados”, por lo que es necesario introducir cambios en él.
González defendió que la reforma propuesta por Wert se basa en “el esfuerzo, la excelencia educativa y la libertad de elección de centros”, y que es equitativa porque “da a cada alumno lo que precisa en función de sus condiciones personales, su calidad y talento”. Además, aseguró que su “principal motivo” es “luchar contra la exclusión”, reflejada en las elevadas actuales tasas de abandono escolar, y que apuesta por “la calidad”, de ahí que se establezcan trayectorias personalizadas para los alumnos.
“En ningún caso la Lomce es un instrumento de segregación, ni incluye recortes, ni está en contra de la escuela pública, lo que quiere es mejorar la calidad de la escuela pública, la concertada y la privada”, remarcó la procuradora del PP, quien concluyó asegurando que además ha sido “fruto del diálogo”.
Por su parte, el viceportavoz del Grupo Mixto, Alejandro Valderas (UPL), mostró su apoyo a la petición del PSOE porque alertó de que la reforma planteada por el Gobierno “puede provocar que la educación deje de ser un servicio público básico” y porque además es “inadecuado” abordar en estos momentos una modificación de este calado con intención de mantenerse en el tiempo cuando “no se sabe qué coste va a tener ni si las estructuras del Estado la van a poder soportar cuando pase la crisis”. También pidió al PP que busque “el consenso” en lugar de “imponer” su mayoría absoluta para aprobar la Lomce en solitario.
Redacción / Astorga
El Pleno de las Cortes rechazó con los votos del Grupo Popular una proposición no de ley presentada por el PSOE que instaba a la Junta a exigir al Gobierno de España que retire el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque creen que “rompe la equidad” que tiene ahora el sistema y que abra un proceso de diálogo sobre el análisis y los objetivos de la educación en España.
La procuradora socialista Ángela Marqués se mostró muy crítica con lo que calificó de “contrarreforma” promovida por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, y que recordó que ha puesto “en pie de guerra” a la comunidad educativa, mostrando el apoyo de su partido a las distintas movilizaciones contra la Lomce y los recortes en esta materia.
Marqués aseguró que esta norma “le quita la careta al PP sobre educación” y demuestra que su objetivo es usarla para “perpetuar castas”, mientras que defendió que el PSOE cree en ella como base para “la igualdad de oportunidades”. Para justificar sus argumentos, citó el dictamen del Consejo de Estado sobre este anteproyecto de ley, que remarcó que le da “un varapalo” en cuestiones como la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que dejaría a España como “único país de la Unión Europea” que no tuviera esta asignatura.
También aludió al rechazo del Consejo de Estado a “la segregación por rendimiento académico”, que remarcó que no es dar libertad de elección de centros a los padres, sino que “permite a los centros concertados que puedan seleccionar a sus alumnos en función de su rendimiento”, lo que “rompe la equidad” y supone “elitismo puro y duro, condenando a los alumnos con más problemas a formar parte de un gueto toda su vida”.
Marqués criticó asimismo que la ley “devalúe la FP” y que quiera también avalar la segregación por sexos. Sobre esto, pidió a la Consejería de Educación que aclare si va a renovar los conciertos con los centros que siguen esta política en contra de los criterios establecidos en la actual ley en vigor.
Por último, defendió que la Lomce “carga” todo el esfuerzo presupuestario de su aplicación en las comunidades autónomas porque señala que el Gobierno central “aportará según su disponibilidad presupuestaria”y que recordó que, en el caso de Castilla y León, según los cálculos de la propia Junta, supondría 51 millones de euros, una cuantía que la socialista remarcó que la Comunidad no puede sufragar.
Todos estos argumentos fueron rechazados por la procuradora del Grupo Popular María del Mar González Pereda, quien reconoció que en las últimas décadas el sistema educativo ha conseguido su universalización, pero añadió que “no permite progresar hacia una mejora de resultados”, por lo que es necesario introducir cambios en él.
González defendió que la reforma propuesta por Wert se basa en “el esfuerzo, la excelencia educativa y la libertad de elección de centros”, y que es equitativa porque “da a cada alumno lo que precisa en función de sus condiciones personales, su calidad y talento”. Además, aseguró que su “principal motivo” es “luchar contra la exclusión”, reflejada en las elevadas actuales tasas de abandono escolar, y que apuesta por “la calidad”, de ahí que se establezcan trayectorias personalizadas para los alumnos.
“En ningún caso la Lomce es un instrumento de segregación, ni incluye recortes, ni está en contra de la escuela pública, lo que quiere es mejorar la calidad de la escuela pública, la concertada y la privada”, remarcó la procuradora del PP, quien concluyó asegurando que además ha sido “fruto del diálogo”.
Por su parte, el viceportavoz del Grupo Mixto, Alejandro Valderas (UPL), mostró su apoyo a la petición del PSOE porque alertó de que la reforma planteada por el Gobierno “puede provocar que la educación deje de ser un servicio público básico” y porque además es “inadecuado” abordar en estos momentos una modificación de este calado con intención de mantenerse en el tiempo cuando “no se sabe qué coste va a tener ni si las estructuras del Estado la van a poder soportar cuando pase la crisis”. También pidió al PP que busque “el consenso” en lugar de “imponer” su mayoría absoluta para aprobar la Lomce en solitario.
