Los afectados del CTR se movilizan ante la falta de respuesta a las alegaciones de las obras del nuevo vaso
Además del frente administrativo, los afectados quieren movilizar a los pueblos, colectivos y movimientos sociales para participar en una concentración frente al CTR el próximo jueves, 8 de diciembre a las 11,30 horas. Durante el desarrollo de la misma se realizará un micro abierto, se tocará música tradicional y algunos pueblos llevarán sus pendones, "símbolo de la defensa de nuestra tierra contra este atentado medioambiental", aseguran los organizadores. La concentración concluirá con una chocolatada para todas las personas que asistan.
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La Plataforma Gestión Residuos, los ayuntamientos y juntas vecinales afectados han presentado un recurso contra el proyecto ante la Junta de Castilla y León ante la falta de respuesta a los diferentes informes de alegaciones presentados contra la ampliación del vertedero del CTR de San Román de la Vega. Los opositores a la ampliación del vaso agotan de esta manera las vías administrativas para "impedir que se tomen decisiones políticas que van en contra de la ciudadanía, los acuíferos de la zona rural más poblada de León y el medio ambiente en general", indican en una nota de prensa.
El recurso interpuesto pone de nuevo de manifiesto las "continuas irregularidades", entre las que destaca, que la resolución de ampliación a un segundo vaso supone "el uso ilegal de un suelo rústico", ya que permite una actividad en contra de la ordenación urbanística y del territorio (confirmada por la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de Justicia a fecha 26 de Octubre de 2011), explican los colectivos afectados. Además, denuncian que la tramitación “express” por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incumple la normativa reguladora del procedimiento, por tanto este no tiene cobertura legal e incumple la normativa medioambiental.
Todas las actuaciones promovidas en contra del proyecto de ampliación tienen como objetivo denunciar que "el modelo de gestión de residuos está provocando una situación límite para la seguridad de los acuíferos, y un daño medioambiental sin precedentes en nuestra provincia", por los afectados plantean que se cumpla la ley que obliga a que la cantidad de residuos municipales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado alcance como mínimo el 50% en peso antes de 2020, implantando, entre otros, sistemas de recogida selectiva eficaz y no centralizados.
La implantación de estos sistemas de recogida eficaz supondrían un ahorro de costes de transporte, la generación de puestos de trabajo, una reducción de los impactos y la optimización en la utilización de los materiales. "¿Por qué nos preocupamos del coste de las cosas y luego las tiramos sin más, y encima tenemos que pagar por ello?", se preguntan.
Cifras poco claras para los afectados
La ampliación del vaso está presupuestada en más de 11,8 millones de euros, cuyo 70% lo pagarán los usuarios a través de la tarifa. El desglose de las partidas es de 6.170.466,16 euros que corresponden a la construcción del vaso de vertido, 605.000 euros a la puesta en marcha del mismo, "se desconoce en qué consiste esta partida", precisan desde la plataforma, y 5.641.076.87 euros para su futuro sellado, "sin aclarar completamente qué partidas contempla este abultado coste de clausura, y teniendo en cuenta que el procedimiento de control y vigilancia en los 30 años de vigilancia es de 285.000 euros", puntualizan.
Otro de los aspectos graves del proyecto, es que es "difícilmente entendible" que las mismas balsas que
ahora sirven para un vaso de 1.701.219,50 m3, sirvan igualmente para servir además a un nuevo vaso de
otros 2.090.142 m3, sobre todo teniendo en cuenta que se han tenido que sacar camiones cisterna con
los lixiviados en los últimos meses y que se han realizado "vertidos ilegales de lixiviados, denunciados
también por la Plataforma, juntas vecinales y ayuntamientos, en los desagües de pluviales".
Las partes adscritas a dicho recurso potestativo y convocantes de la concentración del jueves 8 de
diciembre son la Plataforma Gestión Residuos, las Juntas Vecinales de Villares de Órbigo, Quintanilla
del Valle, Valdeiglesias, Antoñán del Valle, Santibáñez de Valdeiglesias, Vega de Antoñán, San Feliz de
Órbigo, Estébanez de la Calzada, y los Ayuntamientos de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo y Turcia.
La Plataforma Gestión Residuos, los ayuntamientos y juntas vecinales afectados han presentado un recurso contra el proyecto ante la Junta de Castilla y León ante la falta de respuesta a los diferentes informes de alegaciones presentados contra la ampliación del vertedero del CTR de San Román de la Vega. Los opositores a la ampliación del vaso agotan de esta manera las vías administrativas para "impedir que se tomen decisiones políticas que van en contra de la ciudadanía, los acuíferos de la zona rural más poblada de León y el medio ambiente en general", indican en una nota de prensa.
El recurso interpuesto pone de nuevo de manifiesto las "continuas irregularidades", entre las que destaca, que la resolución de ampliación a un segundo vaso supone "el uso ilegal de un suelo rústico", ya que permite una actividad en contra de la ordenación urbanística y del territorio (confirmada por la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de Justicia a fecha 26 de Octubre de 2011), explican los colectivos afectados. Además, denuncian que la tramitación “express” por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incumple la normativa reguladora del procedimiento, por tanto este no tiene cobertura legal e incumple la normativa medioambiental.
Todas las actuaciones promovidas en contra del proyecto de ampliación tienen como objetivo denunciar que "el modelo de gestión de residuos está provocando una situación límite para la seguridad de los acuíferos, y un daño medioambiental sin precedentes en nuestra provincia", por los afectados plantean que se cumpla la ley que obliga a que la cantidad de residuos municipales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado alcance como mínimo el 50% en peso antes de 2020, implantando, entre otros, sistemas de recogida selectiva eficaz y no centralizados.
La implantación de estos sistemas de recogida eficaz supondrían un ahorro de costes de transporte, la generación de puestos de trabajo, una reducción de los impactos y la optimización en la utilización de los materiales. "¿Por qué nos preocupamos del coste de las cosas y luego las tiramos sin más, y encima tenemos que pagar por ello?", se preguntan.
Cifras poco claras para los afectados
La ampliación del vaso está presupuestada en más de 11,8 millones de euros, cuyo 70% lo pagarán los usuarios a través de la tarifa. El desglose de las partidas es de 6.170.466,16 euros que corresponden a la construcción del vaso de vertido, 605.000 euros a la puesta en marcha del mismo, "se desconoce en qué consiste esta partida", precisan desde la plataforma, y 5.641.076.87 euros para su futuro sellado, "sin aclarar completamente qué partidas contempla este abultado coste de clausura, y teniendo en cuenta que el procedimiento de control y vigilancia en los 30 años de vigilancia es de 285.000 euros", puntualizan.
Otro de los aspectos graves del proyecto, es que es "difícilmente entendible" que las mismas balsas que
ahora sirven para un vaso de 1.701.219,50 m3, sirvan igualmente para servir además a un nuevo vaso de
otros 2.090.142 m3, sobre todo teniendo en cuenta que se han tenido que sacar camiones cisterna con
los lixiviados en los últimos meses y que se han realizado "vertidos ilegales de lixiviados, denunciados
también por la Plataforma, juntas vecinales y ayuntamientos, en los desagües de pluviales".
Las partes adscritas a dicho recurso potestativo y convocantes de la concentración del jueves 8 de
diciembre son la Plataforma Gestión Residuos, las Juntas Vecinales de Villares de Órbigo, Quintanilla
del Valle, Valdeiglesias, Antoñán del Valle, Santibáñez de Valdeiglesias, Vega de Antoñán, San Feliz de
Órbigo, Estébanez de la Calzada, y los Ayuntamientos de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo y Turcia.
