El alcalde empeora la crisis municipal
La patética explicación de Arsenio García, Alcalde de Astorga en libertad con cargos, investigado por su presunta implicación en un elevado número de delitos vinculados con la corrupción, ha agravado la situación del equipo de Gobierno Municipal de la ciudad de Astorga, con cuatro representantes del PP y PAL implicados en el caso “Enredadera”.
En lugar de dar explicaciones a las preguntas de la oposición sobre los problemas por los que han sido implicados en el “caso” por la Justicia y la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha tratado de minimizar la situación, atribuyéndola a muchos ayuntamientos, ha citado algún latinajo con escaso sentido e incluso ha arrojado sobre la mesa un contrato de 2010 tratando de implicar a Victorina Alonso, sin darse cuenta que en aquella fecha Victorina Alonso no era alcaldesa. Patético.
Muchas estrategias para tratar de ocultar a la ciudadanía la verdad: la crisis del Ayuntamiento de Astorga, donde, por primera vez en la historia de la institución tras el fin del franquismo, cuatro ediles del Equipo de Gobierno –encabezados por el alcalde- están siendo investigados –la figura que antes se decía como imputados- por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para cometer los anteriores delitos.
El alcalde se enredó en el “Caso Enredadera”. En un intento de “controlar” el debate, García puso límite a las intervenciones, impidió el turno de respuesta por alusiones, monopolizando el discurso. En tanto, el representante del PAL también implicado, Pablo Peyuca, mantuvo un silencio que sirvió para hacer aún más patética la intervención del hasta ahora primer edil del PP.
Y el caso es que la oposición ha estado comedida, destacando la presunción de inocencia, la confianza en la justicia y la esperanza de que se demuestre la inocencia de los ediles implicados, por el buen nombre de Astorga.
Por parte del Grupo Municipal Socialista se preguntaba por las obras investigadas: ¿Cuál era el motivo para que se investigue su adjudicación? El edil García no respondió nada de esto. Citó uno por uno los Ayuntamientos investigados y tiró la piedra hasta el 2010 a ver si le daba a la anterior alcaldesa, sin darse cuenta que en ese momento ella no regia el consistorio.
Pero el problema no está en las obras, que técnicamente son correctas, sino en cómo se adjudicaron. Desde 2010 hasta 2017 se han licitado 90 obras ejecutadas por 49 empresas distintas a las que se pagaron más de 4 millones de euros. Lo que no explicó el alcalde es que las investigadas no llegan a 20. Y la investigación no cuestiona la parte técnica de la obra sino la adjudicación.
También intentó engañar cuando en lugar de dar explicaciones ha cargado sobre un empresario todo el problema, cuando las investigaciones se centran en la adjudicación de las obras realizadas por el Ayuntamiento a ese empresario y a otros más, alguno de ellos cercano al propio García.
También “erró” el alcalde cuando dijo que la empresa Agema recibió 236.250 euros por sus cinco obras. Fueron seis, no cinco como díjo García, quien se “olvidó” de citar la de las pistas de “Skate”, también investigada.
Se preguntó por el Pliego de la Basura y su adjudicación: los retrasos en la concesión y la causa de la investigación. Nada, ni palabra.
Preguntamos por los gastos de Alcaldía, reiteradamente denunciados por este grupo por su falta de justificación y la cuantía elevada de los mismos. Argumentó García que los gastos estaban justificados, pero no explicó ni el tema de la “tarjeta de los 1000 euros” ni el porqué de tantas comidas.
Pedíamos explicaciones y solo se respondió con vaguedades y un lamentable intento de difundir falsas acusaciones. Triste. Por el buen nombre de la ciudad hemos pedido el apartamiento de los ediles investigados de las tareas de Gobierno, y se han escudado en que son imprescindibles. Han apoyado su ejecutoria en las obras realizadas para defenderse, sin percatarse que son precisamente estas las que les han puesto ante la Justicia.
Y el colmo de los despropósitos cuando pidió a los funcionarios a dar conformidad pública de que técnicamente las obras eran correctas. Ya lo hemos señalado una y otra vez: Las obras investigadas (menos una que tiene reparo, y que no está adjudicada a Agema) tienen conformidad del secretario y la interventora. Nadie cuestiona la parte “técnica”. Los tribunales y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, lo que cuestionan parece ser la adjudicación.
Por salud democrática, por salud personal y por el buen nombre de la ciudad, está claro que los ediles investigados (imputados) por su presunta participación en hechos delictivos, deberían dejar sus responsabilidades de Gobierno… La ciudadanía lo entiende así también.
Y es obligación del PP proceder a su relevo. El PP sigue siendo el grupo mayoritario del Consistorio. Mantener a representantes investigados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y por los tribunales al frente del municipio hace del PP el gran cómplice del desastre municipal.
La patética explicación de Arsenio García, Alcalde de Astorga en libertad con cargos, investigado por su presunta implicación en un elevado número de delitos vinculados con la corrupción, ha agravado la situación del equipo de Gobierno Municipal de la ciudad de Astorga, con cuatro representantes del PP y PAL implicados en el caso “Enredadera”.
En lugar de dar explicaciones a las preguntas de la oposición sobre los problemas por los que han sido implicados en el “caso” por la Justicia y la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha tratado de minimizar la situación, atribuyéndola a muchos ayuntamientos, ha citado algún latinajo con escaso sentido e incluso ha arrojado sobre la mesa un contrato de 2010 tratando de implicar a Victorina Alonso, sin darse cuenta que en aquella fecha Victorina Alonso no era alcaldesa. Patético.
Muchas estrategias para tratar de ocultar a la ciudadanía la verdad: la crisis del Ayuntamiento de Astorga, donde, por primera vez en la historia de la institución tras el fin del franquismo, cuatro ediles del Equipo de Gobierno –encabezados por el alcalde- están siendo investigados –la figura que antes se decía como imputados- por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para cometer los anteriores delitos.
El alcalde se enredó en el “Caso Enredadera”. En un intento de “controlar” el debate, García puso límite a las intervenciones, impidió el turno de respuesta por alusiones, monopolizando el discurso. En tanto, el representante del PAL también implicado, Pablo Peyuca, mantuvo un silencio que sirvió para hacer aún más patética la intervención del hasta ahora primer edil del PP.
Y el caso es que la oposición ha estado comedida, destacando la presunción de inocencia, la confianza en la justicia y la esperanza de que se demuestre la inocencia de los ediles implicados, por el buen nombre de Astorga.
Por parte del Grupo Municipal Socialista se preguntaba por las obras investigadas: ¿Cuál era el motivo para que se investigue su adjudicación? El edil García no respondió nada de esto. Citó uno por uno los Ayuntamientos investigados y tiró la piedra hasta el 2010 a ver si le daba a la anterior alcaldesa, sin darse cuenta que en ese momento ella no regia el consistorio.
Pero el problema no está en las obras, que técnicamente son correctas, sino en cómo se adjudicaron. Desde 2010 hasta 2017 se han licitado 90 obras ejecutadas por 49 empresas distintas a las que se pagaron más de 4 millones de euros. Lo que no explicó el alcalde es que las investigadas no llegan a 20. Y la investigación no cuestiona la parte técnica de la obra sino la adjudicación.
También intentó engañar cuando en lugar de dar explicaciones ha cargado sobre un empresario todo el problema, cuando las investigaciones se centran en la adjudicación de las obras realizadas por el Ayuntamiento a ese empresario y a otros más, alguno de ellos cercano al propio García.
También “erró” el alcalde cuando dijo que la empresa Agema recibió 236.250 euros por sus cinco obras. Fueron seis, no cinco como díjo García, quien se “olvidó” de citar la de las pistas de “Skate”, también investigada.
Se preguntó por el Pliego de la Basura y su adjudicación: los retrasos en la concesión y la causa de la investigación. Nada, ni palabra.
Preguntamos por los gastos de Alcaldía, reiteradamente denunciados por este grupo por su falta de justificación y la cuantía elevada de los mismos. Argumentó García que los gastos estaban justificados, pero no explicó ni el tema de la “tarjeta de los 1000 euros” ni el porqué de tantas comidas.
Pedíamos explicaciones y solo se respondió con vaguedades y un lamentable intento de difundir falsas acusaciones. Triste. Por el buen nombre de la ciudad hemos pedido el apartamiento de los ediles investigados de las tareas de Gobierno, y se han escudado en que son imprescindibles. Han apoyado su ejecutoria en las obras realizadas para defenderse, sin percatarse que son precisamente estas las que les han puesto ante la Justicia.
Y el colmo de los despropósitos cuando pidió a los funcionarios a dar conformidad pública de que técnicamente las obras eran correctas. Ya lo hemos señalado una y otra vez: Las obras investigadas (menos una que tiene reparo, y que no está adjudicada a Agema) tienen conformidad del secretario y la interventora. Nadie cuestiona la parte “técnica”. Los tribunales y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, lo que cuestionan parece ser la adjudicación.
Por salud democrática, por salud personal y por el buen nombre de la ciudad, está claro que los ediles investigados (imputados) por su presunta participación en hechos delictivos, deberían dejar sus responsabilidades de Gobierno… La ciudadanía lo entiende así también.
Y es obligación del PP proceder a su relevo. El PP sigue siendo el grupo mayoritario del Consistorio. Mantener a representantes investigados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y por los tribunales al frente del municipio hace del PP el gran cómplice del desastre municipal.
