El Obispado cederá a la Junta casas deshabitadas para incorporarlas al parque de alquiler social
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones han firmado este viernes un convenio de colaboración que regulará la cesión de casas propiedad de la Iglesia para integrarlas en el Parque Público de Alquiler Social.
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El objetivo de este acuerdo es poner a disposición de la Consejería de Fomento casas hoy desocupadas de la diócesis para que ponerlas a disposición de familias del medio rural con dificultades económicas. Es elquinto acuerdo de estas características que se firma en Castilla y León después de los alcanzados con los obispados de León, Ciudad Rodrigo, Palencia y Segovia.
El número de casas que el Obispado cederá aún no se conoce. Una comisión integrada por representantes de ambas instituciones decidirá cuántas y en qué municipios. El convenio establece que la duración del acuerdo es de cuatro años. Suárez-Quiñoñes destacó que la Junta se encargará de realizar las obras necesarias para acondicionar las viviendas, que como puso de relieve el obispo podrán ser habitadas por personas de la diócesis, inmigrantes o refugiados, un colectivo con el que el prelado es especialmente sensible al ser el responsable del área de migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
El consejero, por su parte, recordó que las casas pasarán a formar parte del Parque Público de Alquiler Social que es una consecuencia de la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que en la actualidad cuenta con 1.875 viviendas en la Comunidad, entre ellas se encuentran las del programa 'Rehabitare'.
El objetivo de este acuerdo es poner a disposición de la Consejería de Fomento casas hoy desocupadas de la diócesis para que ponerlas a disposición de familias del medio rural con dificultades económicas. Es elquinto acuerdo de estas características que se firma en Castilla y León después de los alcanzados con los obispados de León, Ciudad Rodrigo, Palencia y Segovia.
El número de casas que el Obispado cederá aún no se conoce. Una comisión integrada por representantes de ambas instituciones decidirá cuántas y en qué municipios. El convenio establece que la duración del acuerdo es de cuatro años. Suárez-Quiñoñes destacó que la Junta se encargará de realizar las obras necesarias para acondicionar las viviendas, que como puso de relieve el obispo podrán ser habitadas por personas de la diócesis, inmigrantes o refugiados, un colectivo con el que el prelado es especialmente sensible al ser el responsable del área de migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
El consejero, por su parte, recordó que las casas pasarán a formar parte del Parque Público de Alquiler Social que es una consecuencia de la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que en la actualidad cuenta con 1.875 viviendas en la Comunidad, entre ellas se encuentran las del programa 'Rehabitare'.
