Herrera plantea a Pedro Sánchez la creación de un fondo específico para la igualdad entre mundo rural y urbano

La primera reunión oficial entre ambos en el Palacio de la Moncloa ha durado algo más de una hora y media, un tiempo que Herrera ha aprovechado para desplegar una amplia agenda de temas que ha sido bien acogida por el jefe del Ejecutivo, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Entre las medidas que el presidente  de Castilla y León planteó a Pedro Sánchez se encuentran la regulación de una fiscalidad especial para los núcleos rurales que mejore el régimen tributario de sus empresas; la creación de un fondo específico de desarrollo territorial que garantice igualdad entre mundo rural y urbano; y medidas industriales que supongan el apoyo del Gobierno (a través del programa ‘Reindus’ y otros) a los proyectos industriales que se acojan a los Programas Territoriales de Fomento que está impulsando la Junta para reindustrializar las cuencas mineras, las zonas con retos demográficos o con cierres o deslocalizaciones graves, así como introducción de rebajas en el suelo industrial titularidad de SEPES. Igualmente, se reclaman medidas para jóvenes, como la mejora del sistema de Garantía Juvenil y potenciación del sistema de FP Dual, iniciativas para el acceso a la vivienda en el ámbito rural, extensión de la banda ancha en todo el territorio y especialmente se solicita al Gobierno que defienda ante la UE la necesidad de que todas sus políticas y fondos (PAC y Cohesión) tengan la perspectiva de los desafíos demográficos de Europa y que impulse la Estrategia Ibérica acordada en la reciente Cumbre celebrada con Portugal en Valladolid.

Medio rural y PAC

El sector agrario y agroalimentario es fundamental y estratégico para Castilla y León, con un peso del 10 % del PIB que dobla el nacional, por lo que para la Comunidad tiene un especial interés en el futuro de la Política Agraria Común, ya que es la segunda que más fondos recibe en España, con casi 70.000 beneficiarios directos y 1.100 millones de euros al año. Ante su próxima reforma, Castilla y León ha planteado una posición de Comunidad con un general respaldo del sector y de los grupos parlamentarios que establece como prioridad el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC y defender que queden fuera del nuevo modelo las propuestas de reducción de pagos directos y de desarrollo rural. En la posición que defienda España es necesario que se contemplen mejoras en la financiación y la creación de una partida específica para activar la economía en las áreas rurales más despobladas. Según ha trasladado el presidente de la Comunidad, es preciso que la PAC mantenga la consideración explícita de política europea común.

Herrera ha asegurado que el nuevo modelo debe potenciar las medidas orientadas a la incorporación de jóvenes y dar un mayor protagonismo a la mujer. Igualmente, ha reclamado una mejor orientación de las ayudas en las que se detallen mejor los beneficiarios preservando la definición de “agricultor genuino”, conservando esta definición europea al modelo de explotación agraria familiar, de carácter individual o asociativo, en la que el agricultor trabaja y vive directamente de la actividad agraria. También es preciso que se compatibilice la sostenibilidad ambiental de la agricultura y ganadería con la rentabilidad de las explotaciones y que se garantice la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria fomentando las relaciones entre productor, transformador y distribución, y fortaleciendo las relaciones contractuales.

Infraestructuras

En cuanto a las conexiones ferroviarias e infraestructuras logísticas, la Junta ha instado al Gobierno a participar en las infraestructuras de soporte (ramales ferroviarios) para los nuevos proyectos industriales que se van a impulsar en áreas como el Parque Tecnológico de Burgos y Villadangos del Páramo, y también a que impulse la Plataforma Logística de Torneros-Grulleros.

Con respecto a las infraestructuras de telecomunicaciones, Juan Vicente Herrera ha manifestado la necesidad de que el Gobierno establezca un cambio de modelo que garantice el acceso a Internet en el medio rural con medidas como definir las zonas consideradas como “fallo del mercado” y limitar los precios máximos de los servicios mayoristas, recuperar las ayudas a las tecnologías de 30 Mbps en municipios pequeños, que el Gobierno acelere la ejecución del Programa estatal ‘Aulas Conectadas’ y aprovechar este programa para hacer llegar la banda ancha ultrarrápida, además de a la escuela, a otros puntos vitales de los pequeños municipios, como ayuntamientos, empresas, suelo industrial, centros sanitarios y sociales mediante un convenio de colaboración en el período 2020-2021 con una aportación estimada del Gobierno de 50 millones de euros y de 25 millones de euros por parte de la Junta.

En materia de infraestructuras agrarias trascendentales para la competitividad del sector agroalimentario, las principales reclamaciones son:

En cuanto a regulación hidráulica, es preciso el inicio inmediato de las inversiones de regulación adicional en la zona del Órbigo, balsas de La Rial y Los Morales, en León. La finalización de los trámites ambientales para desarrollar las regulaciones adicionales en la zona del Carrión, en Palencia (Presas en La Cueza), y poder iniciar las obras e impulsar la tramitación ambiental de la presa de Lastras de Cuéllar en el Cega, en Segovia. Estas actuaciones suponen una inversión futura de 247 millones de euros, de los cuales 60 millones (Órbigo) deberían ponerse en marcha de manera inmediata.

En nuevos regadíos, es necesario el inicio inmediato de las inversiones comprometidas anteriormente por el Ministerio para avanzar en el desarrollo de la transformación de regadíos de Payuelos, en León, (53,6 millones de euros) y las obras de la administración hidráulica para completar la transformación de La Armuña, en Salamanca, (7,79 millones de euros).

En la modernización de regadíos, es preciso incluir actuaciones de modernización de regadíos en 9 comunidades de regantes de Castilla y León en el próximo convenio del Ministerio con SEIASA, con una aportación del capital social a dicha sociedad de 41 millones de euros.

Sostenibilidad y mejora del Estado de Bienestar

En materia de Sanidad, ha solicitado al Gobierno que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aborde la repercusión sobre los presupuestos de decisiones estatales como el acceso universal al Sistema Nacional de Salud o la planteada supresión de copagos en la prestación farmacéutica. Ante el problema nacional de déficit de médicos de Atención Primaria, se insta a la planificación e impulso de la formación de un mayor número de alumnos de Medicina, que dé respuesta a las necesidades de falta de médicos de los próximos años.

En el ámbito educativo, Herrera ha solicitado al presidente del Gobierno que retome la búsqueda de un pacto de Estado político, social y territorial en esta materia que tenga en cuenta el parecer de las comunidades autónomas. También ha trasladado la necesidad de una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única y simultánea en toda España que evite la incongruencia de 17 pruebas diferentes para un distrito universitario único.

En relación a los Servicios Sociales, el presidente de la Junta ha planteado la necesidad de mejorar la coordinación entre Estado y comunidades autónomas en los mecanismos de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, así como culminar la puesta en marcha de la Tarjeta Social dirigida a mejorar la orientación laboral de los usuarios de los Servicios Sociales.

Otro de los aspectos requeridos al Gobierno es la necesidad de que cualquier mejora que se impulse en la financiación de la Atención a la Dependencia se produzca a través del nivel mínimo que tiene en cuenta el coste real de los servicios.

Igualmente, se ha reclamado que el Gobierno concrete el anuncio de modificación del vigente Plan Estatal de Vivienda en cuanto al incremento del Parque de Alquiler Social, así como aumentar las ayudas a la rehabilitación y regeneración urbana.

Financiación autonómica

Para el presidente de la Comunidad, el nuevo modelo se debe formular a través de un cauce multilateral que parta de la evaluación del modelo actual y de definir un catálogo de servicios y un nivel de prestación iguales para todos los españoles, vivan donde vivan. Ha de corregir déficits, dotando al sistema de mayores recursos y garantizando los suficientes para financiar todos los servicios de competencia autonómica, tanto ahora como en el futuro.

Necesita responder a las circunstancias que objetivamente condicionan y aumentan el coste efectivo de prestar dichos servicios en el territorio, muchas de las cuales son de índole sociodemográfica (superficie, dispersión, baja densidad o envejecimiento de la población). Y además, ha de valorar de manera especial la financiación de la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia.

Transición energética

Otro de los principales temas que el presidente de la Junta ha abordado en su encuentro con Pedro Sánchez ha sido el de la necesidad de que la transición energética sea verdaderamente ordenada y justa. Por este motivo, Herrera ha trasladado su inquietud por el anuncio de la prohibición de la venta de vehículos con motor de combustión en 2040, un anuncio con efectos muy negativos en varios de los sectores más estratégicos para Castilla y León: la industria del automóvil, el sector agrario, el transporte y parte del sector servicios. Ante esta situación, Juan Vicente Herrera ha solicitado al Gobierno que establezca una planificación realista y responsable que prevea las pertinentes líneas de ayudas coordinando adecuadamente su política medioambiental y su política industrial.

En cuanto a la minería del carbón, Castilla y León cuenta con cuatro minas de carbón operativas y ocho grupos térmicos de carbón operativos en cuatro centrales térmicas que suponen 1.100 puestos de trabajo directos, sin contar con el empleo indirecto e inducido. Herrera ha señalado que este tejido económico se encuentra afectado por una exigente pero no insuperable normativa europea y ha insistido en la compatibilidad de la pervivencia de una reserva de carbón autóctono con la lucha contra el cambio climático. Por este motivo, ha solicitado al Gobierno de España que reconsidere aquellas medidas y planteamientos que cercenan las posibilidades del carbón autóctono, al someterlo a mayores impuestos que al gas y al prever un plazo de descarbonización (2025) menor que el exigido por la Unión Europea (2030). Es prioritario evitar el cese inmediato de la actividad extractiva que va a producirse en unas semanas y el de la actividad de las térmicas antes de junio de 2020. Además, ha solicitado la planificación de las medidas necesaria para promover una transición justa y no un desplome abrupto, para lo cual solicita un mix energético nacional, medidas para flexibilizar la devolución de las ayudas de Estado por las explotaciones de carbón competitivas y considerar “reserva estratégica” la producción de las cuatro minas existentes en Castilla y León y el apoyo al mantenimiento de centrales térmicas con inversiones ya iniciadas, como es el caso de La Robla, e intento de reversión de la decisión de cierre de Compostilla.

En cualquier caso, el presidente ha reclamado en este punto que el Gobierno impulse un Plan estatal de alternativas para las comarcas mineras que evite abocar a la despoblación a un 10 % del territorio de Castilla y León.