"Una recesión, por grave que sea, no debe cuestionar los derechos sociales y los servicios públicos"

Santos Castro Fernández: Voy a agrupar las dos primeras cuestiones para afrontarlas de manera conjunta.Tenemos que reconocer que España tiene en sus dos últimos siglos una historia constitucional convulsa. Hemos tenido una sucesión de alternancias de modelos constitucionales conservadores y progresistas, con dos Repúblicas y una variada gama de constituciones monárquicas de las que la más reconocida y valorada, la diseñada por Cánovas para la Restauración monárquica en el último cuarto del siglo XIX, tenía una base sociológica que acertadamente fue definida como “oligarquía y caciquismo”. 

La Constitución de 1978 ha encontrado una fórmula de convivencia que superaba el debate histórico entre Monarquía y República. Hoy ese debate, en la medida que subsista, no se plantea en los términos en los que históricamente se planteaba que, simplificando mucho, identificaba a la derecha con la Monarquía y a la izquierda con la República. Hoy no es así. Lo que hoy puede y debe plantearse es si la Constitución que nos dimos en 1978 debe o no reformarse y el alcance de esa reforma. El debate que yo veo hoy no es República o Monarquía sino reforma o no con independencia de la forma que pueda adoptar la Jefatura del Estado. La cuestión de la Jefatura del Estado podría sin duda suscitar debate pero no es hoy por hoy el eje del debate.

La cuestión central del debate es la estructura territorial, lo que hemos dado en llamar el régimen de las autonomías.No olvidemos que bajo esta neutral, en principio, expresión de “sistema autonómico”, nuestra Constitución ha diseñado un sistema cuasi federal o según algunos un verdadero federalismo aunque, por el mal sabor y recuerdo de nuestra primera República Federal de 1873, no utilizamos la expresión federal. Pero se trata de un sistema abierto, de utilidad en estas pasadas décadas para irlo definiendo por un método que ha tenido mucho de ensayo y algo de error, plasmado todo ello en sucesivas modificaciones de los estatutos de autonomía de nacionalidades y regiones. Tras el tiempo transcurrido y para no agotar nuestra Constitución sería conveniente afrontar su necesaria reforma, que no se limitaría a la estructura territorial.

El sentido de la reforma deberá ir en una doble dirección. En primer lugar se deberá confirmar la descentralización en la que se ha profundizado y consolidar que el Estado lo integran conjuntamente las tres administraciones estatal, autonómica y local, sin duplicidades y trabajando bajo principios de coordinación y solidaridad. Ese Estado así configurado deberá asegurar los derechos, exigir las obligaciones, garantizar las libertades y prestar los servicios públicos propios de un avanzado estado de bienestar. En segundo lugar, se deberá delimitar el alcance de las competencias que corresponden a cada una de las administraciones, en un sentido próximo a las listas de competencias que en las constituciones de corte federal definen a los estados federales y a sus regiones. Lo que afirmo está próximo a esa expresión que se utiliza con frecuencia de modo coloquial: 'cerrar el sistema autonómico'.

Ya hemos probado el sistema, lo hemos aplicado un cuarto de siglo, hemos visto su utilidad pero también vivido sus disfunciones. Tenemos la experiencia para abordar este proceso que no es ni necesariamente recentralizador, ni abrir nuevas y sucesivas etapas de una enésima generación de reformados estatutos de autonomía. Voy a poner el ejemplo quizás más controvertido para ilustrar la propuesta: el régimen de financiación de las Comunidades Autónomas. Cada vez que tenemos que negociar un nuevo marco de financiación vivimos un difícil proceso, tenso hasta la extenuación, siempre al borde de la ruptura, para con gran desgaste y esfuerzo llegar a una solución que solamente es temporal. Si las arcas del Estado están llenas es más fácil el acuerdo final; en recesión económica las cosas se complican. Este espectáculo se debe acabar. Los principios y criterios de la financiación de las comunidades autónomas deben incluirse en la Constitución porque son parte básica del pacto constitucional.

S.C.F.: El debate entre un liberalismo de nuevo cuño que en su versión extrema afirma que cuanto menos Estado mejor y los defensores de que se mantenga un alto grado de intervención estatal, está siendo replanteado. Y ello se debe a dos procesos históricos de gran calado. Por una parte la integración de muchos estados en organizaciones políticas regionales y por otra el gran impulso a la globalización mundial tras la caída del muro de Berlín y la actual revolución tecnológica.

El liberalismo histórico del XIX tuvo una relación no  muy amistosa con los principios democráticos; era lógico, su objetivo fundamental era sobre todo la libertad comercial como impulsora de la creación de riqueza. Simplificando mucho se puede afirmar que aquel liberalismo lo que perseguía era tener plena libertad para comprar barato (materias primas) y vender caro (productos manufacturados) y si a todo ello ayudaban los imperios tradicionales de la época, mucho mejor. En realidad el principio una libra un voto, está muy lejos del principio una cabeza un voto.

Hoy en día las libertades no solamente políticas, sino civiles y sociales están consolidadas y nuestra Constitución respalda un Estado social y democrático de derecho, con independencia de las justificadas críticas que se formulan por la baja calidad de los sistemas democráticos actuales. Lo que no tenemos asegurado es la calidad y amplitud de ese Estado social.

Indudablemente una recesión, por grave que sea, aunque ya la calificamos de gran recesión, la mayor desde los años treinta en Europa, no debe cuestionar los derechos sociales y los servicios públicos. Los sistemas de protección social no son solamente una cuestión de justicia social que responde a una idea de equidad y bienestar compartido, sino que la protección social es al mismo tiempo una eficaz herramienta de estabilización económica. Con un sólido Estado de bienestar la economía se hace más resistente a las crisis y se fortalecen los estabilizadores automáticos.

S.C.F.: La Iglesia, o mejor la jerarquía eclesiástica española, ha jugado en las últimas décadas distintos roles. Tenemos que recordar que durante el proceso de la transición política en España la Iglesia, con la figura del cardenal Tarancón al frente, desempeñó un papel primordial, lideró en muchos ámbitos la participación social y aportó directrices y valores de entendimiento y reconciliación. Es con una Iglesia como la de la transición con la que se firmaron en 1979 los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, asuntos económicos, enseñanza y asuntos culturales y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas.

Hoy sería perfectamente lógico que se plantease su revisión. Los Acuerdos en vigor tienen la misma edad que nuestra Constitución porque se negociaron en paralelo y se firmaron en las mismas fechas. No tendría lógica que se modificase la Constitución y no se revisasen los Acuerdos que de algún modo forman parte del conjunto de pactos sobre los que se construyó nuestra convivencia cívica.

El tiempo transcurrido ha erosionado irreversiblemente su valor. Y ello debe hacerse con independencia del desacierto de los actuales responsables de la Conferencia Episcopal que hacen política, se pronuncian con insistencia sobre cuestiones que van más allá de su tarea pastoral y suscitan viejas polémicas ajenas a una sociedad que ha avanzado de manera decidida por el camino de la secularización.

S.C.F.: Sí, efectivamente, acabamos de publicar en el Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa un trabajo colectivo, que he tenido la oportunidad de dirigir; es un estudio sobre algunos dimensiones del problema del hambre en el mundo, que aparece bajo el título de 'Seguridad alimentaria y seguridad global'. Se puede consultar en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, ieee.es, como Cuaderno de Estrategia número 161.

El interés del estudio es doble: no solamente se aborda la problemática sobre el hambre en el mundo sino que se enmarca en la seguridad global, como un gran reto para la comunidad internacional. Como ejemplo más reciente la llamada 'Primavera Árabe', cuyo final no se alcanza a ver y que mantiene abiertos procesos tan dramáticos y complejos como son los escenarios de Siria y Egipto, entre otros, tiene una de sus profundas raíces en el encarecimiento del precio del pan, en las dificultades para alimentar a una población urbana creciente con escasas posibilidades de asegurarse una vida digna.

El presente siglo se enfrenta a graves amenazas para la seguridad pero entre ellas, en primer plano, el hambre continúa siendo el problema más lacerante. Sigue sin cumplirse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en vigor desde 1976, que obliga a los Estados miembros a respetar y proteger el derecho a la alimentación de sus habitantes.

En el trabajo se plantea que la seguridad colectiva, la seguridad que como seres humanos demandamos, no podrá ser una realidad efectiva sin lograr la seguridad alimentaria, sin erradicar el hambre del mundo. Mientras más de mil millones de personas en el mundo pasen hambre, nuestra seguridad colectiva estará amenazada.

La lucha contra el hambre no ha gozado de una acción decidida, sostenida y creíble a pesar de ser la mayor pandemia que sufre la humanidad. Sin embargo otras pandemias, como la fiebre porcina o la gripe A, han gozado de inmediato de una acción enérgica y exitosa por parte de la comunidad internacional. Es claro que en esos casos estamos ante pandemias contagiosas y el hambre, para su desgracia, es muy personal y nada contagiosa. Aunque no sea contagiosa no deja de ser una bomba de destrucción masiva que, en cualquier momento, puede estallar.

Y la paradoja es que hoy en día nuestro planeta dispone con holgura de la cantidad de recursos necesarios para alimentar a la población mundial, a pesar de su constante crecimiento. Si la causa de la persistencia del hambre en el mundo no es la carencia de una producción suficiente de alimentos sino el limitado acceso a los mismos, para mejorar ese acceso no hay que estimular más a los mercados internacionales, lo que hay que hacer es promover la producción local allá donde la agricultura familiar es más esencial y el papel de la mujer en la alimentación resulte insustituible. Con modestia pero con acierto histórico en la Maragatería tradicional la mujer desempeñó un formidable papel en asegurar la alimentación en nuestros pueblos maragatos.

Indudablemente se necesitan inversiones en el sector agrícola. Tenemos un ejemplo de éxito que debe extenderse a todo el mundo. Tras la II Guerra Mundial Europa apostó por una inversión decidida en la agricultura y en dos décadas resolvió el problema del hambre y aseguró una alimentación satisfactoria para una población creciente. Este modelo puede y debe seguirse en los países pobres a los que hay que ayudar a garantizar su propia independencia y capacidad en la producción de alimentos.

Los programas de distribución de alimentos y ayuda humanitaria han sido un paliativo, facilitan fondos para adquirir alimentos en los mercados internacionales, pero no son la solución a medio y largo plazo. Son medidas de muy limitado alcance por su propia concepción y ejecución como respuestas de urgencia en el corto plazo.

S.C.F.: He sido responsable político de impulsar en los últimos años esa regulación más respetuosa con la propiedad intelectual, quizás la propiedad más digna y frágil, y tengo que confesar, ahora que ha pasado un año y medio desde que cesé en mis responsabilidades, que tuve muchas insatisfacciones y pocas alegrías en este terreno.

Efectivamente hemos estado figurando durante muchos años en la famosa lista del Informe Special 301 que se elabora anualmente y en el que se incluyen los países de vigilancia prioritaria por su alto nivel de piratería digital. Desde el pasado año hemos salido de esa lista.

Como siempre para analizar y entender un fenómeno complejo, y éste sin duda lo es, hay que ampliar el foco de nuestra mirada y contemplar una variada gama de razones. Las razones son múltiples y según la posición que cada uno tiene en este complicado juego de intereses se aprecia un sesgo en su razonamiento.

En primer lugar tenemos una legislación de escasa utilidad para perseguir este tipo de delitos y la lentitud de nuestro aparato de justicia añade dificultades y hace muy ineficaz la batalla judicial. Si el marco legal no es muy propicio  la práctica abusiva de conductas irregulares se extiende rapidísimamente.

En nuestro país se han dado dos hechos que han creado mayores dificultades. Los precios altos de las operadoras que han servido como coartada para justificar la piratería bajo el falso argumento: “con el precio alto que pago por la conexión no voy a pagar una segunda vez por la descarga”. Por otro lado la oferta legal en Internet se ha desarrollado con mucha parsimonia, no siempre era atractiva, a veces pecaba de complejidad y en muchas ocasiones se ofrecía a precios elevados.

Todo ello en un ambiente social en el que de manera irresponsable se brindó por el 'todo gratis', al tiempo que las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y en especial la más poderosa que recauda el 75% del total de derechos, la Sociedad General de Autores y Editores SGAE, sufrían un grave descrédito, ponían en cuestión con su conducta la legitimidad de la gestión de recaudación.

Es este conjunto explosivo el que explica la singularidad de España en la piratería digital que no debe mantenerse y que no es propia de un país como España. Pero hay mucha tarea pendiente y debemos resolver cuestiones jurídicas, problemas tecnológicos y afianzar valores culturales. Por último debo, lamentablemente, añadir que Europa, en concreto la Comisión Europea, tampoco está haciendo con diligencia su trabajo.

S.C.F.: La verdad, lo veo mal, francamente mal. Sin paliativos, un grave error. Es posible, no lo desmentiría, que la desmesurada subida del llamado IVA cultural tenga connotaciones de represalia hacia el sector, el mundo de los creadores culturales, que siempre es por su naturaleza crítico con el poder, transgresor, ácido a veces en sus alegatos y proclamas y hasta irreverente, en ocasiones. Pero el Gobierno se ha dado un tiro en el pie.

El sector de las industrias culturales tiene también una dimensión empresarial y económica de gran magnitud en España. No olvidemos que genera más del 4% del PIB, y en países como Estados Unidos constituye un elemento de su poder, de su influencia en el mundo, del llamado 'poder blando' que tanto peso adquiere en la era de la globalización.

Pero con castigo o no al mundo del 'entretenimiento', expresión utilizada con marcado tono peyorativo, lo peor de la medida fiscal adoptada es su insuficiencia recaudatoria y su perversa destrucción de actividad y empleo en el sector. Sector el de las industrias culturales y creativas en el que España tiene un magnífico potencial de expansión y crecimiento. Podemos poner el ejemplo del sector del video juego en el que si no ocupamos el primer puesto en el mundo, sí al menos el segundo; jóvenes creadores españoles en este campo arrasan, incluso en Estados Unidos.

Quizás estemos matando la gallina de los huevos de oro. Posiblemente esta decisión está dificultando el crecimiento de un sector muy propio de la nueva economía, esa misma economía del emprendimiento, la creatividad, la innovación de la que siempre habla el Gobierno como salida de la gran recesión en la que estamos sumergidos. Creo que nuestros gobernantes tienen en este asunto una contradicción escandalosa de la que deben salir.

Siempre en los múltiples y constantes retoques que en la fiscalidad está constantemente introduciendo el Gobierno se utiliza, como gran argumento justificativo, la convergencia con Europa, la aproximación constante a los tipos fiscales en vigor en los países miembros del la Unión Europea. Pues bien, en esta materia hemos hecho todo lo contrario, nos hemos alejado y mucho de la fiscalidad que sobre la cultura impera en nuestro entorno.

Espero que no tardando se rectifique porque además con el desplome en el sector ha descendido la recaudación para las arcas públicas. El tiro ha salido por la culata y ha quedado herido el recaudador pero más grave, casi en coma, ha quedado el sector de la cultura.

*Emilio Geijo Rodríguez, nacido en San Justo de la Vega, ha sido hasta su jubilación profesor de Filosofía y director del Instituto Padre Isla de León.