Asaja lamenta la sentencia sobre las licencias de las explotaciones ganaderas mientras la Junta anuncia que la recurrirá
El sindicato agrario asegura que este cambio no implicó una reducción en los controles normativos. El vicepresidente de la Junta ha recordado que el objetivo del decreto es reducir las cargas administrativas para que montar una empresa no tenga tantas dificultades.
![[Img #43664]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2019/6338_granja-de-cerdos-1.jpg)
Ante la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y a petición de Ecologistas en Acción, del decreto 4/2018 sobre actividades ganaderas, Asaja lamenta que "se eche por tierra una normativa gestada para facilitar la creación de nuevas empresasen el medio rural, pero en ningún caso para reducir los requisitos ni controles sobre estos proyectos, y que además en ningún momento se refería a actividades avícolas y de porcino, que siempre han estado sometidas a autorización ambiental".
El cambio normativo, promovido hace algunosaños a iniciativa de la Consejería de Agricultura y Ganadería, nació, según el sindicato agrario, con el propósito de facilitar y acortar plazos burocráticos en la actividad empresarial y el emprendimiento en el medio rural "en un contexto de crisis como el vivido en los últimos años,en la estela del acuerdo del Gobierno autonómico 21/2016, que aprobaba medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial".
Asegura la organización agraria que este cambio no implicó una reducción en los controles normativos. “Por el contrario, este real decreto ha supuesto nuevos condicionamientos para el sector, marcando mínimos que antes no existían, pero que fueron aceptados, tras un periodo de consulta y sugerencias, por todas las organizaciones agrarias, cooperativas y otros colectivos, porque suponía para los agricultores y ganadero poder acortar los larguísimos plazos administrativos que se precisan para iniciar cualquier actividad”, subraya Asaja.
Para la OPA, “es una falacia interesada que se concentre toda la atención en el sector porcino. Primero porque precisamente la instalación de porcino está regulada por sus propias normas (MTD), y las que los críticos llaman “macrogranjas” han de cumplir requisitos mucho más estrictos, al estar sometidas a autorización ambiental. Más bien este cambio afectaba al resto de ganaderías de poca carga intensiva, principalmente familiares, en sectores como ovino, caprino, bovino, equino, etc.”, indica.
El sindicato lamenta que Ecologistas en Acción “centre todos sus esfuerzos en judicializar cada tema que afecta al sector agrario y ganadero, marcando tantos en unos juzgados rebosantes de trabajo y que tienen que dirimir sobre asuntos muy técnicos que quizás precisarían de un análisis más exhaustivo porque, una vez hay sentencia, se hace un daño irreparable”. Asaja añade que esta nueva sentencia, “acrecienta la sensación en el sector de que en la ciudad ni comprenden ni quieren comprender lo que hay en los pueblos”.
La Junta recurrirá
Por su parte, la Junta recurrirá la sentencia del TSJCyL que anula la orden sobre licencias ambientales de las explotaciones ganaderas para funcionar, lo que se refiere, ha aclarado este jueves el portavoz del Ejecutivo, José Antonio Santiago-Juárez, a ganaderías pequeñas no invasivas y no a grandes explotaciones.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, ha recordado que el objetivo del decreto que reguló esa cuestión, que afecta a todo tipo de empresas, es reducir las cargas administrativas para que montar una empresa no tenga tantas dificultades, en la línea de la normativa nacional y europea.
El decreto lo que hizo fue que en algunos casos bastara con una mera comunicación formal del empresario para poder abrir, en lugar de tener que contar con una licencia ambiental previa.
En todo caso, esta regulación afecta a las explotaciones ganaderas pequeñas y no invasivas y no a grandes explotaciones, como ayer apuntaron desde Ecologistas en Acción.
Ante la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y a petición de Ecologistas en Acción, del decreto 4/2018 sobre actividades ganaderas, Asaja lamenta que "se eche por tierra una normativa gestada para facilitar la creación de nuevas empresasen el medio rural, pero en ningún caso para reducir los requisitos ni controles sobre estos proyectos, y que además en ningún momento se refería a actividades avícolas y de porcino, que siempre han estado sometidas a autorización ambiental".
El cambio normativo, promovido hace algunosaños a iniciativa de la Consejería de Agricultura y Ganadería, nació, según el sindicato agrario, con el propósito de facilitar y acortar plazos burocráticos en la actividad empresarial y el emprendimiento en el medio rural "en un contexto de crisis como el vivido en los últimos años,en la estela del acuerdo del Gobierno autonómico 21/2016, que aprobaba medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial".
Asegura la organización agraria que este cambio no implicó una reducción en los controles normativos. “Por el contrario, este real decreto ha supuesto nuevos condicionamientos para el sector, marcando mínimos que antes no existían, pero que fueron aceptados, tras un periodo de consulta y sugerencias, por todas las organizaciones agrarias, cooperativas y otros colectivos, porque suponía para los agricultores y ganadero poder acortar los larguísimos plazos administrativos que se precisan para iniciar cualquier actividad”, subraya Asaja.
Para la OPA, “es una falacia interesada que se concentre toda la atención en el sector porcino. Primero porque precisamente la instalación de porcino está regulada por sus propias normas (MTD), y las que los críticos llaman “macrogranjas” han de cumplir requisitos mucho más estrictos, al estar sometidas a autorización ambiental. Más bien este cambio afectaba al resto de ganaderías de poca carga intensiva, principalmente familiares, en sectores como ovino, caprino, bovino, equino, etc.”, indica.
El sindicato lamenta que Ecologistas en Acción “centre todos sus esfuerzos en judicializar cada tema que afecta al sector agrario y ganadero, marcando tantos en unos juzgados rebosantes de trabajo y que tienen que dirimir sobre asuntos muy técnicos que quizás precisarían de un análisis más exhaustivo porque, una vez hay sentencia, se hace un daño irreparable”. Asaja añade que esta nueva sentencia, “acrecienta la sensación en el sector de que en la ciudad ni comprenden ni quieren comprender lo que hay en los pueblos”.
La Junta recurrirá
Por su parte, la Junta recurrirá la sentencia del TSJCyL que anula la orden sobre licencias ambientales de las explotaciones ganaderas para funcionar, lo que se refiere, ha aclarado este jueves el portavoz del Ejecutivo, José Antonio Santiago-Juárez, a ganaderías pequeñas no invasivas y no a grandes explotaciones.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, ha recordado que el objetivo del decreto que reguló esa cuestión, que afecta a todo tipo de empresas, es reducir las cargas administrativas para que montar una empresa no tenga tantas dificultades, en la línea de la normativa nacional y europea.
El decreto lo que hizo fue que en algunos casos bastara con una mera comunicación formal del empresario para poder abrir, en lugar de tener que contar con una licencia ambiental previa.
En todo caso, esta regulación afecta a las explotaciones ganaderas pequeñas y no invasivas y no a grandes explotaciones, como ayer apuntaron desde Ecologistas en Acción.
