Castilla y León registra la segunda tasa de pobreza energética más alta de España
Un estudio de la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Institut d’Economia de Barcelona-Universidad de Barcelona analiza la pobreza energética desde la renta disponible de los colectivos vulnerables. Las autoras sostienen que la pobreza energética es una dimensión más de la pobreza, y por ello debería abordarse principalmente a través de políticas sociales, para incrementar los ingresos, y de medidas de eficiencia, para reducir el gasto.
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Un 14,4% de los hogares de Castilla y León en situación de pobreza energética tiene a su sustentador principal desempleado, frente al 5,4% de los hogares que no se encuentran en estas circunstancias. Este es uno de los principales datos sobre Castilla y León que arroja el estudio ‘La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de ingresos’, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universidad de Barcelona entre los años 2011 y 2017.
Según la investigación, dirigida por la catedrática María Teresa Costa-Campi, de la Universidad de Barcelona, y elaborado por las investigadoras Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute, la probabilidad de que un hogar se encuentre en situación de pobreza energética en España aumenta un 9,3% cuando el sustentador principal está desempleado.
El estudio revela que el 12,8% de media de los hogares castellanoleoneses se encuentra en situación de pobreza energética. Esta tasa media alcanzó un pico máximo del 13,7% en 2016 y descendió hasta el valor mínimo, registrado en 2017, un 10,2%. Entre 2011 y 2017, los ingresos anuales de estas familias fueron de 22.095 €, con unos gastos anuales de energía de 1.315 €. Se trata del tercer mayor gasto en energía de España, sólo por detrás de Castilla-La Mancha y Navarra.
“Los datos demuestran que la pobreza energética es una dimensión más de la pobreza en general, y por ello las medidas para paliar la pobreza energética deben abordarse con políticas sociales, que permitan incrementar los ingresos de las familias, y con políticas de eficiencia energética, para promover la reducción del gasto”, explica el estudio.
La investigación plantea una aproximación a la pobreza energética desde la vertiente de los ingresos de los hogares, en base al análisis económico de la relación entre la pobreza energética, el consumo energético y los elementos vinculados a la renta de las familias. En este sentido, concluyen que se trata de un problema complejo, que debe resolverse desde diferentes perspectivas.
Edificios de más de 25 años
A partir de la investigación de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, se puede configurar un perfil de los hogares españoles en situación de pobreza energética: están ubicados en áreas rurales o con menor densidad de población; viven en régimen de alquiler; en edificios de 25 años o más, y en zonas con condiciones meteorológicas extremas de calor o frío; y son hogares unipersonales o monoparentales, sustentados en buena parte por mujeres.
En el caso de Castilla y León, tres de cada cuatro hogares en pobreza energética (73,4%) se ubican en edificios que tienen más de 25 años de antigüedad. Además, el 52,6% de las familias son unipersonales y un 2,6% monoparentales.
Uno de los aspectos que tiene más influencia en este tipo de pobreza es la situación laboral de los miembros de la vivienda. En este sentido, el 14,4% de los hogares en situación de pobreza energética tiene a su sustentador principal en situación de desempleo, un ratio que en el resto de hogares se sitúa en el 5,4%. Se trata de la variable con mayor impacto de todas las analizadas.
Áreas rurales
Las áreas rurales o con menor densidad de población registran un mayor número de hogares en situación de pobreza energética (24%), en comparación con los hogares que no se encuentran en esta situación (13%). Además, las viviendas ubicadas en áreas rurales, con mayor proporción de viviendas grandes u hogares unipersonales, muestran una clara correlación con la tasa de pobreza energética.
Un 4,9% de los hogares en situación de pobreza energética está formado por un único progenitor y un 38,1% son hogares unipersonales. Los hogares formados por una persona sola muestran, pues, una mayor probabilidad (6%) de ser pobres energéticos. Los hogares con un único progenitor con menores a cargo tienen un 7,2% más posibilidades de ser pobres energéticos; además, estos hogares están principalmente encabezados por una mujer.
En general, los hogares en situación de pobreza energética suelen tener bajos porcentajes de familias que han terminado los estudios de educación superior, en comparación con los hogares que no se encuentran en esta problemática energética (13,8% frente al 36% respectivamente).
La tenencia en régimen de alquiler es un fenómeno más extendido entre las familias identificadas como pobres energéticas (18,8%) frente al resto de la población (16,5%).
Castilla y León, la Comunidad con la segunda tasa de pobreza energética más alta de España
Otro de los aspectos que tiene en cuenta el informe es la comunidad autónoma, ya que la climatología y el perfil de los hogares de cada una de ellas es determinante a la hora de analizar la pobreza energética. En este sentido, aunque la tasa media nacional de pobreza energética para el periodo 2011-2017 fue de 8,3%, la mayor tasa la registró Castilla-La Mancha, que con un 17,4% duplicó la media. Por el contrario, Canarias (4,9%), País Vasco (5,1%), Asturias (6%) y Baleares (6,3%) fueron las comunidades con las tasas más bajas.
Propuestas para afrontar la pobreza energética
En la Comunicación de la Unión de Energía de 2015, la Comisión Europea declaró que la pobreza energética debería atajarse, preferentemente, a través del sistema general de protección social, y que los mecanismos para proteger a los consumidores vulnerables deberían elaborarse en el marco del sistema de bienestar general. Precisamente en esta línea se orientan las principales recomendaciones del estudio, que señala el sistema general de protección social como principal eje para paliar la vulnerabilidad energética.
El equipo de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona destaca, entre otras, las siguientes medidas que podrían contribuir a reducir los niveles de pobreza energética:
En el ámbito laboral, armonizar las cuantías mínimas de ayudas suficientemente elevadas en todas las regiones, e implantar políticas activas para la creación de empleo o ayudas a empresas para que incorporen a desempleados.
A nivel de educación, adoptar medidas para evitar el abandono escolar temprano, o proporcionar a los consumidores herramientas como la comprensión de la factura energética e información sobre sus derechos para acceder a ayudas como el bono social.
En relación a los hogares monoparentales, ofrecer incentivos fiscales, como la posibilidad de deducir el gasto de la cuidadora en la declaración anual del IRPF o la aplicación del IVA reducido para las agencias de colocación debidamente autorizadas.
Sobre los hogares unipersonales, considerar la edad, el género y las diferencias regionales en el diseño de políticas orientadas a reducir la pobreza energética, o introducir medidas novedosas como incentivos para la unión de hogares de personas mayores, compartiendo una vivienda o entre personas mayores y jóvenes, a fin compartir los gastos.
Además de actuaciones desde la óptica de la renta, el estudio también destaca la necesidad de adoptar medidas que actúen sobre el gasto de los hogares, principalmente focalizadas en la mejora de la eficiencia energética.
El estudio ha sido publicado por la Fundación Naturgy.
Un 14,4% de los hogares de Castilla y León en situación de pobreza energética tiene a su sustentador principal desempleado, frente al 5,4% de los hogares que no se encuentran en estas circunstancias. Este es uno de los principales datos sobre Castilla y León que arroja el estudio ‘La pobreza energética en España: Aproximación desde una perspectiva de ingresos’, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universidad de Barcelona entre los años 2011 y 2017.
Según la investigación, dirigida por la catedrática María Teresa Costa-Campi, de la Universidad de Barcelona, y elaborado por las investigadoras Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute, la probabilidad de que un hogar se encuentre en situación de pobreza energética en España aumenta un 9,3% cuando el sustentador principal está desempleado.
El estudio revela que el 12,8% de media de los hogares castellanoleoneses se encuentra en situación de pobreza energética. Esta tasa media alcanzó un pico máximo del 13,7% en 2016 y descendió hasta el valor mínimo, registrado en 2017, un 10,2%. Entre 2011 y 2017, los ingresos anuales de estas familias fueron de 22.095 €, con unos gastos anuales de energía de 1.315 €. Se trata del tercer mayor gasto en energía de España, sólo por detrás de Castilla-La Mancha y Navarra.
“Los datos demuestran que la pobreza energética es una dimensión más de la pobreza en general, y por ello las medidas para paliar la pobreza energética deben abordarse con políticas sociales, que permitan incrementar los ingresos de las familias, y con políticas de eficiencia energética, para promover la reducción del gasto”, explica el estudio.
La investigación plantea una aproximación a la pobreza energética desde la vertiente de los ingresos de los hogares, en base al análisis económico de la relación entre la pobreza energética, el consumo energético y los elementos vinculados a la renta de las familias. En este sentido, concluyen que se trata de un problema complejo, que debe resolverse desde diferentes perspectivas.
Edificios de más de 25 años
A partir de la investigación de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, se puede configurar un perfil de los hogares españoles en situación de pobreza energética: están ubicados en áreas rurales o con menor densidad de población; viven en régimen de alquiler; en edificios de 25 años o más, y en zonas con condiciones meteorológicas extremas de calor o frío; y son hogares unipersonales o monoparentales, sustentados en buena parte por mujeres.
En el caso de Castilla y León, tres de cada cuatro hogares en pobreza energética (73,4%) se ubican en edificios que tienen más de 25 años de antigüedad. Además, el 52,6% de las familias son unipersonales y un 2,6% monoparentales.
Uno de los aspectos que tiene más influencia en este tipo de pobreza es la situación laboral de los miembros de la vivienda. En este sentido, el 14,4% de los hogares en situación de pobreza energética tiene a su sustentador principal en situación de desempleo, un ratio que en el resto de hogares se sitúa en el 5,4%. Se trata de la variable con mayor impacto de todas las analizadas.
Áreas rurales
Las áreas rurales o con menor densidad de población registran un mayor número de hogares en situación de pobreza energética (24%), en comparación con los hogares que no se encuentran en esta situación (13%). Además, las viviendas ubicadas en áreas rurales, con mayor proporción de viviendas grandes u hogares unipersonales, muestran una clara correlación con la tasa de pobreza energética.
Un 4,9% de los hogares en situación de pobreza energética está formado por un único progenitor y un 38,1% son hogares unipersonales. Los hogares formados por una persona sola muestran, pues, una mayor probabilidad (6%) de ser pobres energéticos. Los hogares con un único progenitor con menores a cargo tienen un 7,2% más posibilidades de ser pobres energéticos; además, estos hogares están principalmente encabezados por una mujer.
En general, los hogares en situación de pobreza energética suelen tener bajos porcentajes de familias que han terminado los estudios de educación superior, en comparación con los hogares que no se encuentran en esta problemática energética (13,8% frente al 36% respectivamente).
La tenencia en régimen de alquiler es un fenómeno más extendido entre las familias identificadas como pobres energéticas (18,8%) frente al resto de la población (16,5%).
Castilla y León, la Comunidad con la segunda tasa de pobreza energética más alta de España
Otro de los aspectos que tiene en cuenta el informe es la comunidad autónoma, ya que la climatología y el perfil de los hogares de cada una de ellas es determinante a la hora de analizar la pobreza energética. En este sentido, aunque la tasa media nacional de pobreza energética para el periodo 2011-2017 fue de 8,3%, la mayor tasa la registró Castilla-La Mancha, que con un 17,4% duplicó la media. Por el contrario, Canarias (4,9%), País Vasco (5,1%), Asturias (6%) y Baleares (6,3%) fueron las comunidades con las tasas más bajas.
Propuestas para afrontar la pobreza energética
En la Comunicación de la Unión de Energía de 2015, la Comisión Europea declaró que la pobreza energética debería atajarse, preferentemente, a través del sistema general de protección social, y que los mecanismos para proteger a los consumidores vulnerables deberían elaborarse en el marco del sistema de bienestar general. Precisamente en esta línea se orientan las principales recomendaciones del estudio, que señala el sistema general de protección social como principal eje para paliar la vulnerabilidad energética.
El equipo de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona destaca, entre otras, las siguientes medidas que podrían contribuir a reducir los niveles de pobreza energética:
En el ámbito laboral, armonizar las cuantías mínimas de ayudas suficientemente elevadas en todas las regiones, e implantar políticas activas para la creación de empleo o ayudas a empresas para que incorporen a desempleados.
A nivel de educación, adoptar medidas para evitar el abandono escolar temprano, o proporcionar a los consumidores herramientas como la comprensión de la factura energética e información sobre sus derechos para acceder a ayudas como el bono social.
En relación a los hogares monoparentales, ofrecer incentivos fiscales, como la posibilidad de deducir el gasto de la cuidadora en la declaración anual del IRPF o la aplicación del IVA reducido para las agencias de colocación debidamente autorizadas.
Sobre los hogares unipersonales, considerar la edad, el género y las diferencias regionales en el diseño de políticas orientadas a reducir la pobreza energética, o introducir medidas novedosas como incentivos para la unión de hogares de personas mayores, compartiendo una vivienda o entre personas mayores y jóvenes, a fin compartir los gastos.
Además de actuaciones desde la óptica de la renta, el estudio también destaca la necesidad de adoptar medidas que actúen sobre el gasto de los hogares, principalmente focalizadas en la mejora de la eficiencia energética.
El estudio ha sido publicado por la Fundación Naturgy.
