El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo rechaza de manera unánime la implantación del nuevo modelo de sanidad rural de la Junta
Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo (UPL, PSOE y PP) se han puesto de acuerdo para defender juntos la sanidad pública y el Registro Civil, dos servicios importantes para fijar población en la zona rural.
![[Img #47961]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2020/6080_img_33379.jpg)
Los concejales del Gobierno (UPL-PP) y la oposición (PSOE) aprobaban por unanimidad, en el pleno celebrado este miércoles en el Ayuntamiento maragato, dos mociones de calado para el mantenimiento de los servicios básicos en el municipio de Val de San Lorenzo. En la primera, los grupos municipales exigen a la Junta de Castilla y León que no implante el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el mundo rural anunciado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Piden que la Junta mantenga abiertos los tres consultorios del municipio en Val de San Lorenzo, Val de San Román y Lagunas de Somoza, y que para introducir cualquier plan de mejora se tengan en cuenta las opiniones y planteamientos del Ayuntamiento y las juntas vecinales junto con los profesionales de Atención Primaria.
En la moción, los grupos municipales indican no "estar dispuestos a pasar por alto ni un solo recorte más en la asistencia sanitaria de Atención Primaria", teniendo en cuenta las deficiencias que presenta en la actualidad con la anulación de consultas debido a los descansos de la médica y la enfermera después de las guardias, bajas no cubiertas, vacaciones, etc., circunstancias todas ellas que se alejan de "una Atención Primaria del siglo XXI" que no discrimine a los habitantes de las áreas rurales.
Para los representantes políticos en el Ayuntamiento valuro, el nuevo modelo de asistencia sanitaria rural de la Junta de Castilla y León "es un plan con nuevos recortes" que perjudicará a la población del municipio con un importante índice de mayores de 65 años y de personas con problemas de movilidad "convirtiendo en un suplicio cualquier desplazamiento a otra localidad, por lo que no permitiremos que la consulta médica y de enfermería deje de realizarse con carácter ordinario" en las tres pedanías.
Registro civil
En la segunda moción, el Consistorio maragato reclama al Gobierno de España la aprobación de una norma que permita antes del 30 de junio de 2020 preservar la naturaleza del registro civil como servicio público y gratuito, y garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos.
De esta manera se oponen a la entrada en vigor del nuevo modelo de Registro Civil establecido en la Ley 20/2011, que introducirá profundos cambios para adaptarlo al siglo XXI mediante el uso de las nuevas tecnologías "pero sin tener en cuenta la realidad social, territorial y demográfica española, con dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías e incluso a internet" en las zonas rurales, como la Maragatería y otros puntos de la provincia de León donde la cobertura de internet es deficitaria. Por ello, la Corporación valura rechaza "determinados cambios que únicamente van a traer una peor organización del Registro Civil y una merma en los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución a la hora de acceder al mismo".
Los concejales del Gobierno (UPL-PP) y la oposición (PSOE) aprobaban por unanimidad, en el pleno celebrado este miércoles en el Ayuntamiento maragato, dos mociones de calado para el mantenimiento de los servicios básicos en el municipio de Val de San Lorenzo. En la primera, los grupos municipales exigen a la Junta de Castilla y León que no implante el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el mundo rural anunciado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Piden que la Junta mantenga abiertos los tres consultorios del municipio en Val de San Lorenzo, Val de San Román y Lagunas de Somoza, y que para introducir cualquier plan de mejora se tengan en cuenta las opiniones y planteamientos del Ayuntamiento y las juntas vecinales junto con los profesionales de Atención Primaria.
En la moción, los grupos municipales indican no "estar dispuestos a pasar por alto ni un solo recorte más en la asistencia sanitaria de Atención Primaria", teniendo en cuenta las deficiencias que presenta en la actualidad con la anulación de consultas debido a los descansos de la médica y la enfermera después de las guardias, bajas no cubiertas, vacaciones, etc., circunstancias todas ellas que se alejan de "una Atención Primaria del siglo XXI" que no discrimine a los habitantes de las áreas rurales.
Para los representantes políticos en el Ayuntamiento valuro, el nuevo modelo de asistencia sanitaria rural de la Junta de Castilla y León "es un plan con nuevos recortes" que perjudicará a la población del municipio con un importante índice de mayores de 65 años y de personas con problemas de movilidad "convirtiendo en un suplicio cualquier desplazamiento a otra localidad, por lo que no permitiremos que la consulta médica y de enfermería deje de realizarse con carácter ordinario" en las tres pedanías.
Registro civil
En la segunda moción, el Consistorio maragato reclama al Gobierno de España la aprobación de una norma que permita antes del 30 de junio de 2020 preservar la naturaleza del registro civil como servicio público y gratuito, y garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos.
De esta manera se oponen a la entrada en vigor del nuevo modelo de Registro Civil establecido en la Ley 20/2011, que introducirá profundos cambios para adaptarlo al siglo XXI mediante el uso de las nuevas tecnologías "pero sin tener en cuenta la realidad social, territorial y demográfica española, con dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías e incluso a internet" en las zonas rurales, como la Maragatería y otros puntos de la provincia de León donde la cobertura de internet es deficitaria. Por ello, la Corporación valura rechaza "determinados cambios que únicamente van a traer una peor organización del Registro Civil y una merma en los derechos y garantías reconocidos en nuestra Constitución a la hora de acceder al mismo".
