La Fiscalía investiga a 38 residencias de mayores en España, ninguna de ellas en León
Por ahora, Segovia y Valladolid, sin que se especifique qué tipo de delitos se están investigando en cada una de ellas, ni tampoco si alguna de estas diligencias se ha judicializado ya.
![[Img #49153]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/9695_1584633567680cuidadosancianosdn.jpg)
La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores de todo el país por la gestión de la pandemia del coronavirus, ninguna de ellas en León aunque sí en Castilla y León, en concreto dos, una en Segovia y otra en Valladolid. La mitad de las investigadas se encuentran en la Comunidad de Madrid, mientras mantiene otras 124 diligencias dentro del ámbito civil.
Son datos oficiales ofrecidos este viernes por el ministerio público, que advierte, no obstante, de que no dibujan "una foto fija" respecto a las investigaciones a centros de mayores, un sector especialmente golpeado por el virus. Admite que la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, que remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información. Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.
El ministerio público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos. En el orden civil, las Fiscalías Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.
Por comunidades autónomas, a 15 de abril, la Fiscalía General ha "constatado abiertas" investigaciones a 19 residencias de Madrid; 7 de Cataluña; 5 de Castilla-La Mancha; 2 de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y 1 de Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria.
Defensor del Paciente
Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otras.
Según la agencia EFE, se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. "Se les ha dejado morir" y "la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las CCAA", han aseverado las fuentes.
En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor número de residencias investigadas, fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Pueblo.
La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores de todo el país por la gestión de la pandemia del coronavirus, ninguna de ellas en León aunque sí en Castilla y León, en concreto dos, una en Segovia y otra en Valladolid. La mitad de las investigadas se encuentran en la Comunidad de Madrid, mientras mantiene otras 124 diligencias dentro del ámbito civil.
Son datos oficiales ofrecidos este viernes por el ministerio público, que advierte, no obstante, de que no dibujan "una foto fija" respecto a las investigaciones a centros de mayores, un sector especialmente golpeado por el virus. Admite que la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, que remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información. Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.
El ministerio público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos. En el orden civil, las Fiscalías Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.
Por comunidades autónomas, a 15 de abril, la Fiscalía General ha "constatado abiertas" investigaciones a 19 residencias de Madrid; 7 de Cataluña; 5 de Castilla-La Mancha; 2 de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y 1 de Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria.
Defensor del Paciente
Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otras.
Según la agencia EFE, se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. "Se les ha dejado morir" y "la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las CCAA", han aseverado las fuentes.
En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor número de residencias investigadas, fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Pueblo.
