"Los ayuntamientos pequeños podemos quedar para los recados"
La práctica totalidad de los alcaldes de nuestras comarcas, sin distinción del color político, rechazan la nueva ordenación territorial aprobada el pasado 24 de septiembre en las Cortes de Castilla y León, y publicada en el BOCyL el 1 de octubre. El regidor de San Justo de la Vega, del PP, Avelino Vázquez, resume la nueva ordenación territorial planteada para los municipios de menos de 20.000 habitantes de este manera tan gráfica: "Los ayuntamientos pequeños podemos quedar para los recados".
Abiertamente, o en petit comité, los alcaldes manifestaron su oposición en la reunión mantenida con el delegado territorial, Guillermo García, el miércoles de esta semana en el Ayuntamiento de Santiagomillas (a la que no fueron convocados los medios de comunicación). Los regidores de los pequeños municipios no están de acuerdo con la nueva distribución en Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (Ubost), que son las que van a determinar la prestación de servicios de la Junta en el medio rural. En nuestra zona se formarán dos Ubost: la de Astorga y la de Benavides de Órbigo, ya que coinciden con las zonas básicas de salud.
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Los representantes municipales en la plaza del Ayuntamiento de Santigomillas (foto: gabinete de prensa de la Delegación Territorial).
En la nota de prensa enviada este jueves por la Delegación Terriorial (un día después de la celebración de la reunión), se asegura que la finalidad de esta ley es "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad, potenciando una mayor cohesión social y territorial, y una mejor prestación de los servicios públicos, especialmente en el mundo rural", sin embargo, por las consultas realizadas por este periódico entre algunos asistentes, muy pocos creen que vaya a suceder.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, Nicolás Pérez, entiende que "lo que menos les importa a quienes gobiernan actualmente las instituciones (Diputación, Junta de Castilla y León, y Gobierno estatal) es el bienestar de sus 'súbditos' y conseguir mejor funcionamiento de los servicios. Sólo aparentan que están haciendo reformas, para disimular y acabar consiguiendo que la 'casta política' (amigos y familiares incluidos) se quede con los beneficios (subiendo impuestos en muchos casos) de todos los servicios básicos (agua, depuración, residuo, etc.)", precisa el concejal, quien añade que "de vez en cuando largan la falacia de que lo hacen para prestar mejores servicios, pero todo es falso. Vivimos en una gran mentira. Ejemplos de todo lo contrario hay ya de sobra en esta provincia (véase como funciona Gersul). Nicolás Pérez concluye señalando que "es lamentable, por cierto, que el PSOE haya apoyado esta ley en Castilla y León".
En cambio, en la nota de prensa de la Delegación Territorial se indica que, según Guillermo García, esta norma pretende fortalecer los municipios rurales, promover la cooperación entre las ciudades y los alfoces, así como la colaboración entre las entidades locales menores y los municipios a los que pertenecen, además de avanzar en la simplificación de la gestión y clarificar los ámbitos competenciales para evitar duplicidades. Asimismo, el nuevo texto trata de evitar la creación de nuevas estructuras administrativas y modernizar las funciones que desempeñan las diputaciones provinciales para adecuarlas al modelo de ordenación del territorio y conseguir que, con los mismos recursos, se pueda mejorar y garantizar la calidad de los servicios que presta la Junta a los ciudadanos, buscando fortalecer y reforzar a los municipios a través de la asociación voluntaria.
El edil socialista de Santa Colomba de Somoza destaca que "el delegado sólo vino [a Santiagomillas] a hacerse la foto y cubrir el expediente. La nueva Ley de Ordenación del Territorio de la Junta no va a servir para nada y solo ordenará las competencias de la comunidad autónoma sin eliminar instituciones innecesarias; incluso creará nuevos órganos provinciales que fomentarán sistemas clientelares".
Más comedido, el alcalde de San Justo de la Vega subraya que esta ley de la Junta puede quedar en papel mojado, cuando se apruebe la norma estatal (y por ello de mayor rango) de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que asignará a las diputaciones provinciales la gestión de servicios como el de la limpieza y recogida de residuos, de esta manera, "los servicios vitales -como yo los denomino- no van a estar atendidos como ahora".
Otro de los puntos con los que discrepa Avelino Vázquez es que San Justo, y el resto de municipios de La Cepeda, Vega del Tuerto, Sequeda y Maragatería, pasen a depender de Astorga cuando se constituyan las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, "todo mi trabajo en 20 años por traer servicios y mejorar los que ya teníamos lo puedo dar por perdido y me fastidia", reconoce el regidor del Tuerto. La única posibilidad, según Vázquez, de que los municipios no pasen a depender en su totalidad de las Ubost es constituirse en mancomunidades de interés general, "yo se lo he propuesto a La Cepeda, a la Vega del Tuerto y a Valderrey", pero de momento no ha cuajado.
En parecidos términos se expresa el alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Bustos, quien puntualiza que las dos leyes (la autonómica y la estatal) supondrán "el fin de los pueblos". Bustos teme que vayan "a privatizar todo". En cuanto a la reunión celebrada en Santiagomillas, el regidor de la Ribera cree que "ya venían con el mapa hecho", por lo que los ayuntamientos poco pueden decir, "la ley es una pantomima de la Junta y todos pasaremos a depender de la Diputación".
Mapa de unidades básicas
En la nota de prensa de la Delegación Territorial se indica que Guillermo García explicó a los alcaldes y representantes municipales que el estudio que elabore la Delegación Territorial de León sobre el mapa de unidades básicas, será elevado a la Consejería de la Presidencia en el plazo de un mes. Posteriormente, este departamento lo analizará y, tras escuchar a la Diputación Provincial, elaborará una propuesta inicial de mapa y, por lo tanto, del conjunto de municipios que integrarán cada unidad básica. Esta propuesta será sometida a información pública, analizándose finalmente las alegaciones presentadas para formular una propuesta definitiva del mapa. La adaptación progresiva de los servicios rurales al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios se realizará en un plazo de tres años.
La práctica totalidad de los alcaldes de nuestras comarcas, sin distinción del color político, rechazan la nueva ordenación territorial aprobada el pasado 24 de septiembre en las Cortes de Castilla y León, y publicada en el BOCyL el 1 de octubre. El regidor de San Justo de la Vega, del PP, Avelino Vázquez, resume la nueva ordenación territorial planteada para los municipios de menos de 20.000 habitantes de este manera tan gráfica: "Los ayuntamientos pequeños podemos quedar para los recados".
Abiertamente, o en petit comité, los alcaldes manifestaron su oposición en la reunión mantenida con el delegado territorial, Guillermo García, el miércoles de esta semana en el Ayuntamiento de Santiagomillas (a la que no fueron convocados los medios de comunicación). Los regidores de los pequeños municipios no están de acuerdo con la nueva distribución en Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (Ubost), que son las que van a determinar la prestación de servicios de la Junta en el medio rural. En nuestra zona se formarán dos Ubost: la de Astorga y la de Benavides de Órbigo, ya que coinciden con las zonas básicas de salud.
Los representantes municipales en la plaza del Ayuntamiento de Santigomillas (foto: gabinete de prensa de la Delegación Territorial).
En la nota de prensa enviada este jueves por la Delegación Terriorial (un día después de la celebración de la reunión), se asegura que la finalidad de esta ley es "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad, potenciando una mayor cohesión social y territorial, y una mejor prestación de los servicios públicos, especialmente en el mundo rural", sin embargo, por las consultas realizadas por este periódico entre algunos asistentes, muy pocos creen que vaya a suceder.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, Nicolás Pérez, entiende que "lo que menos les importa a quienes gobiernan actualmente las instituciones (Diputación, Junta de Castilla y León, y Gobierno estatal) es el bienestar de sus 'súbditos' y conseguir mejor funcionamiento de los servicios. Sólo aparentan que están haciendo reformas, para disimular y acabar consiguiendo que la 'casta política' (amigos y familiares incluidos) se quede con los beneficios (subiendo impuestos en muchos casos) de todos los servicios básicos (agua, depuración, residuo, etc.)", precisa el concejal, quien añade que "de vez en cuando largan la falacia de que lo hacen para prestar mejores servicios, pero todo es falso. Vivimos en una gran mentira. Ejemplos de todo lo contrario hay ya de sobra en esta provincia (véase como funciona Gersul). Nicolás Pérez concluye señalando que "es lamentable, por cierto, que el PSOE haya apoyado esta ley en Castilla y León".
En cambio, en la nota de prensa de la Delegación Territorial se indica que, según Guillermo García, esta norma pretende fortalecer los municipios rurales, promover la cooperación entre las ciudades y los alfoces, así como la colaboración entre las entidades locales menores y los municipios a los que pertenecen, además de avanzar en la simplificación de la gestión y clarificar los ámbitos competenciales para evitar duplicidades. Asimismo, el nuevo texto trata de evitar la creación de nuevas estructuras administrativas y modernizar las funciones que desempeñan las diputaciones provinciales para adecuarlas al modelo de ordenación del territorio y conseguir que, con los mismos recursos, se pueda mejorar y garantizar la calidad de los servicios que presta la Junta a los ciudadanos, buscando fortalecer y reforzar a los municipios a través de la asociación voluntaria.
El edil socialista de Santa Colomba de Somoza destaca que "el delegado sólo vino [a Santiagomillas] a hacerse la foto y cubrir el expediente. La nueva Ley de Ordenación del Territorio de la Junta no va a servir para nada y solo ordenará las competencias de la comunidad autónoma sin eliminar instituciones innecesarias; incluso creará nuevos órganos provinciales que fomentarán sistemas clientelares".
Más comedido, el alcalde de San Justo de la Vega subraya que esta ley de la Junta puede quedar en papel mojado, cuando se apruebe la norma estatal (y por ello de mayor rango) de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que asignará a las diputaciones provinciales la gestión de servicios como el de la limpieza y recogida de residuos, de esta manera, "los servicios vitales -como yo los denomino- no van a estar atendidos como ahora".
Otro de los puntos con los que discrepa Avelino Vázquez es que San Justo, y el resto de municipios de La Cepeda, Vega del Tuerto, Sequeda y Maragatería, pasen a depender de Astorga cuando se constituyan las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, "todo mi trabajo en 20 años por traer servicios y mejorar los que ya teníamos lo puedo dar por perdido y me fastidia", reconoce el regidor del Tuerto. La única posibilidad, según Vázquez, de que los municipios no pasen a depender en su totalidad de las Ubost es constituirse en mancomunidades de interés general, "yo se lo he propuesto a La Cepeda, a la Vega del Tuerto y a Valderrey", pero de momento no ha cuajado.
En parecidos términos se expresa el alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Bustos, quien puntualiza que las dos leyes (la autonómica y la estatal) supondrán "el fin de los pueblos". Bustos teme que vayan "a privatizar todo". En cuanto a la reunión celebrada en Santiagomillas, el regidor de la Ribera cree que "ya venían con el mapa hecho", por lo que los ayuntamientos poco pueden decir, "la ley es una pantomima de la Junta y todos pasaremos a depender de la Diputación".
Mapa de unidades básicas
En la nota de prensa de la Delegación Territorial se indica que Guillermo García explicó a los alcaldes y representantes municipales que el estudio que elabore la Delegación Territorial de León sobre el mapa de unidades básicas, será elevado a la Consejería de la Presidencia en el plazo de un mes. Posteriormente, este departamento lo analizará y, tras escuchar a la Diputación Provincial, elaborará una propuesta inicial de mapa y, por lo tanto, del conjunto de municipios que integrarán cada unidad básica. Esta propuesta será sometida a información pública, analizándose finalmente las alegaciones presentadas para formular una propuesta definitiva del mapa. La adaptación progresiva de los servicios rurales al mapa de unidades básicas de ordenación y servicios se realizará en un plazo de tres años.
