El Ayuntamiento de Brazuelo no clausura la "actividad ilegal" del almacén de carbón de Pradorrey
El Ayuntamiento de Brazuelo acaba de abrir el segundo expediente contra la planta de transformación, almacenamiento y clasificación de carbón situada en Pradorrey. El primer expediente municipal contra esta actividad que carece de las licencias ambiental y de actividad, propiedad de Joaquín Alonso Fernández, prescribió a principios de la pasada legislatura "por falta de voluntad política para ejecutarlo", denuncia el concejal del PSOE del Ayuntamiento de Brazuelo, Domingo Carro Durández.
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El almacén de residuos mineros se encuentra en Pradorrey, cerca de la carretera N-VI.
En el polígono 309 del paraje 'El Currillín' de Pradorrey se lleva almacenando residuos mineros desde finales de 1980. Ha tenido dos propietarios, el primero falleció y el segundo, Joaquín Alonso Fernández, intentó en 2005 legalizar la utilización del suelo rústico "para planta industrial para almacenamiento y clasificado de carbón en el kilómetro 332 de la N-VI, en la localidad de Pradorrey", según fue publicado el 26 de mayo en el Boletín de la Provincia. Pero la autorización es imposible que la consiga porque todos los informes los tiene en contra, y aún así, sigue adelante la actividad.
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El informe de los técnicos de Sanidad de la Junta concluye que es una actividad "molesta, insalubre y nociva".
El informe más explícito fue el redactado por el farmaceútico y el veterinario de la Demarcación de Astorga después de la inspección realizada el 2 de junio de 2006, en el que concluían que "el funcionamiento de estas instalaciones supone un riesgo por alterar las condiciones de salubridad y causar daños al medio ambiente". Los dos funcionarios del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León detallaban en el escrito oficial que "el perímetro de las instalaciones no está delimitado por ningún sistema de protección o vallado" y que en las casas, calles y terrenos próximos "se observa presencia de polvo de carbón así como restos de carbón producidos por las escorrentías en las fincas y calles colindantes", por lo que consideraban que "se trata de una actividad molesta (polvo y ruidos), insalubre (polvo) y nociva (evacuación de aguas contaminadas)". En ese mismo informe los inspectores de la Junta subrayaban que la planta carece de licencia ambiental.
La publicación en el BOP del 26 de mayo de 2005 de la solicitud para la utilización del suelo rústico, llegó después de que el 14 de febrero del mismo año un grupo de vecinos registrara en el Ayuntamiento de Brazuelo una petición para que el Consistorio trasladara "dicha actividad a una zona que no resulte perjudicial ni molesta para la población". Un año después, el 13 de febrero de 2006, el alcalde en aquel momento, Manuel Fernández Pereira, instaba al propietario a que "paralice de forma voluntaria e inmediata su actividad". Como las instalaciones continuaban almacenado residuos mineros, meses después, el 14 de julio de 2006, el alcalde iniciaba el expediente de "suspensión y clausura de la actividad" que nunca llegó a ejecutarse.
![[Img #6694]](upload/img/periodico/img_6694.jpg)
Las instalaciones no están valladas, invaden vías públicas y bloquea la antigua carretera de Brazuelo.
Es difícil entender cómo puede permanecer abierta una actividad molesta y contaminante, con todos los informes en contra, con requerimientos municipales de clausura y una oposición vecinal que lleva solicitando desde hace siete años, con denuncias en el Seprona y recogida de firmas, el cierre de unas instalaciones que no están valladas e invaden constantemente la antigua carretera de Brazuelo. Es difícil de comprender, a no ser, como dice el actual alcalde Pedro Fernández, que "Quinito se esté riendo de nosotros".
Sin embargo, el regidor no es muy explícito cuando se le pregunta por qué no dio curso al expediente de clausura, ya que prescribió cuando él estaba al frente del Ayuntamiento en la pasada legislatura, "el asunto es muy complejo", señala, "nosotros somos un ayuntamiento pequeño y no tenemos medios para cerrar" las instalaciones, "no estoy muy seguro, pero creo que se mandó a la Junta de Castilla y León", explica.
La responsabilidad de mantener abiertas unas instalaciones "nocivas, insalubres y molestas", como las califica el informe de los técnicos de Sanidad, la tiene el Ayuntamiento que deja que se siga realizando la actividad sin las licencias ambiental y de actividad, pero también atañe a la Junta de Castilla y León que permite el almacenamiento sin el preceptivo estudio de impacto ambiental.
El portavoz socialista, Domingo Carro, asegura que todos los pasos administrativos para fundamentar el cierre están dados, por ello entiende que estamos ante un caso que no se ejecuta la clausura por "falta de voluntad de política". Carro es pesimista y cree que aunque se haya abierto un nuevo expediente "en esta legislatura no se va a concluir".
En Pradorrey y pueblos cercanos, los vecinos se quejan en los últimos meses de un olor penetrante, el alcalde dice que "no sé si es coque o qué", el concejal del PSOE lo identifica con "alquitrán". Es la evidencia de que la actividad ilegal continúa y, por lo visto, continuará.
El almacén de residuos mineros se encuentra en Pradorrey, cerca de la carretera N-VI.
En el polígono 309 del paraje 'El Currillín' de Pradorrey se lleva almacenando residuos mineros desde finales de 1980. Ha tenido dos propietarios, el primero falleció y el segundo, Joaquín Alonso Fernández, intentó en 2005 legalizar la utilización del suelo rústico "para planta industrial para almacenamiento y clasificado de carbón en el kilómetro 332 de la N-VI, en la localidad de Pradorrey", según fue publicado el 26 de mayo en el Boletín de la Provincia. Pero la autorización es imposible que la consiga porque todos los informes los tiene en contra, y aún así, sigue adelante la actividad.
El informe de los técnicos de Sanidad de la Junta concluye que es una actividad "molesta, insalubre y nociva".
El informe más explícito fue el redactado por el farmaceútico y el veterinario de la Demarcación de Astorga después de la inspección realizada el 2 de junio de 2006, en el que concluían que "el funcionamiento de estas instalaciones supone un riesgo por alterar las condiciones de salubridad y causar daños al medio ambiente". Los dos funcionarios del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León detallaban en el escrito oficial que "el perímetro de las instalaciones no está delimitado por ningún sistema de protección o vallado" y que en las casas, calles y terrenos próximos "se observa presencia de polvo de carbón así como restos de carbón producidos por las escorrentías en las fincas y calles colindantes", por lo que consideraban que "se trata de una actividad molesta (polvo y ruidos), insalubre (polvo) y nociva (evacuación de aguas contaminadas)". En ese mismo informe los inspectores de la Junta subrayaban que la planta carece de licencia ambiental.
La publicación en el BOP del 26 de mayo de 2005 de la solicitud para la utilización del suelo rústico, llegó después de que el 14 de febrero del mismo año un grupo de vecinos registrara en el Ayuntamiento de Brazuelo una petición para que el Consistorio trasladara "dicha actividad a una zona que no resulte perjudicial ni molesta para la población". Un año después, el 13 de febrero de 2006, el alcalde en aquel momento, Manuel Fernández Pereira, instaba al propietario a que "paralice de forma voluntaria e inmediata su actividad". Como las instalaciones continuaban almacenado residuos mineros, meses después, el 14 de julio de 2006, el alcalde iniciaba el expediente de "suspensión y clausura de la actividad" que nunca llegó a ejecutarse.
Las instalaciones no están valladas, invaden vías públicas y bloquea la antigua carretera de Brazuelo.
Es difícil entender cómo puede permanecer abierta una actividad molesta y contaminante, con todos los informes en contra, con requerimientos municipales de clausura y una oposición vecinal que lleva solicitando desde hace siete años, con denuncias en el Seprona y recogida de firmas, el cierre de unas instalaciones que no están valladas e invaden constantemente la antigua carretera de Brazuelo. Es difícil de comprender, a no ser, como dice el actual alcalde Pedro Fernández, que "Quinito se esté riendo de nosotros".
Sin embargo, el regidor no es muy explícito cuando se le pregunta por qué no dio curso al expediente de clausura, ya que prescribió cuando él estaba al frente del Ayuntamiento en la pasada legislatura, "el asunto es muy complejo", señala, "nosotros somos un ayuntamiento pequeño y no tenemos medios para cerrar" las instalaciones, "no estoy muy seguro, pero creo que se mandó a la Junta de Castilla y León", explica.
La responsabilidad de mantener abiertas unas instalaciones "nocivas, insalubres y molestas", como las califica el informe de los técnicos de Sanidad, la tiene el Ayuntamiento que deja que se siga realizando la actividad sin las licencias ambiental y de actividad, pero también atañe a la Junta de Castilla y León que permite el almacenamiento sin el preceptivo estudio de impacto ambiental.
El portavoz socialista, Domingo Carro, asegura que todos los pasos administrativos para fundamentar el cierre están dados, por ello entiende que estamos ante un caso que no se ejecuta la clausura por "falta de voluntad de política". Carro es pesimista y cree que aunque se haya abierto un nuevo expediente "en esta legislatura no se va a concluir".
En Pradorrey y pueblos cercanos, los vecinos se quejan en los últimos meses de un olor penetrante, el alcalde dice que "no sé si es coque o qué", el concejal del PSOE lo identifica con "alquitrán". Es la evidencia de que la actividad ilegal continúa y, por lo visto, continuará.
