El PAL acusa a la alcaldesa de no iniciar el proceso para el registro de las viviendas del Palomar de la Bigarda y Trasconvento
El PAL ha acusado a la alcaldesa de haber perdido casi dos meses en iniciar el proceso para registrar las 40 viviendas del Palomar de la Bigarda, en el barrio de Rectivía, y de la Calle Trasconvento en Santa Clara. En el pleno celebrado en la noche de este jueves en el Ayuntamiento de Astorga, el portavoz Pablo Peyuca González preguntó si la regidora había dado la orden de que comenzara la identificación de las fincas y su cotejo con la información del Catastro para la identificación de los propietarios de las fincas donde se construyeron las casas, con el objetivo de empezar a desenredar 'la madeja' 26 años después de que compraran sus casas y que no hayan podido escriturarlas por fallos administrativos del Ayuntamiento de Astorga y la Junta de Castilla y León. Victorina Alonso se descolgó con un informe emitido por el arquitecto responsable de la Oficina Técnica Municipal el 24 de septiembre, en el que señala que es un "problema de esencia jurídica" y la competencia es del secretario municipal.
Con esta pregunta el portavoz del PAL trataba de saber si se habían comenzado a dar los pasos establecidos por el registrador de la propiedad en la reunión mantenida el 7 de agosto, en la que participaron la alcaldesa, la concejala del PP Silvia Cobos y Pablo Peyuca González. Contrariamente a lo dicho por el arquitecto municipal en el informe emitido un mes y 17 días después del encuentro que tuvo lugar en el Registro de la Propiedad, Cobos y Peyuca sostuvieron que el inicio del proceso "era una cuestión puramente técnica y política, según el registrador", aseguró la edil popular, que trató de mediar en la discusión en la que se enzarzaron la alcaldesa y el portavoz del PAL, en la que éste manifestó que "el informe es papel mojado y se ha hecho para salvar la cara de la alcaldesa".
Victorina Alonso defendió la validez del escrito del arquitecto municipal, en el que éste afirma que "hasta la fecha (24 de septiembre) el secretario no ha pedido nada a la Oficina Técnica", aunque después por presiones de Pablo Peyuca la alcaldesa acabó diciendo que los dos técnicos municipales ya se habían reunido. La regidora sostuvo que "la documentación es difícil de conseguir" y que tampoco va a ser fácil que la Junta de Castilla y León "la reconozca". El portavoz del PAL concluyó solicitando a la regidora que "arranque porque todo lo demás son enredos".
Según Cobos y Peyuca, el registrador urgió a que comenzaran a darse los pasos porque la ley que regula los registros de la propiedad cambiará en unos meses "y entonces no lo vamos a poder solucionar".
Este fue uno de los asuntos polémicos en el pleno ordinario del mes de septiembre, al que una vez más se llegó sin puntos en el orden del día, protagonizando la sesión los ruegos y preguntas formuladas por los grupos de la oposición. Desde la bancada del PP la concejala María Emilia Villanueva pidió a la Concejalía de Cultura, Educación y Servicios Sociales que habilitara una línea de ayudas de emergencia para la compra de libros y material escolar con destino a las familias en riesgo de exclusión social, a las que no tengan ningún tipo de ingreso o en las que los progenitores se encuentren en el paro. Villanueva puso como ejemplo ayuntamientos como el de La Bañeza donde se ha destinado 40.000 euros para apoyar a las familias, o el de Valencia de Don Juan donde la cantidad ha sido de 12.000 euros. La edil afirmó que el de Astorga con "un remanente de Tesorería de más de un millón de euros, se lo podría permitir". La propuesta no obtuvo respuesta por parte del equipo de gobierno.
El traslado de las balas de basura de Santa María del Páramo al CTR de San Román también centró una parte de las discusiones mantenidas a lo largo de la sesión. Desde el grupo popular, el concejal Joaquín Jarrín, preguntó cuánto costarán las acciones jurídicas que emprenderá el Ayuntamiento de Astorga junto a las mancomunidades del Órbigo y La Cepeda, para tratar de paralizar el vertido de los fardos de basura. En este asunto la alcaldesa lamentó que "el silencio" del PP de Astorga "permita que el vaso" del centro de tratamiento "esté recibiendo basura sin reciclar" hasta el "colapso". Sobre este asunto, el PAL volvió a manifestar su apoyo al PSOE para que cese el vertido.
Sobre la petición de un trabajador del Ayuntamiento de Astorga que por "dolencias y problemas de salud", ha solicitado hace siete meses un cambio de puesto de trabajo, una petición a la que aún no se le ha dado respuesta, según ha denunciado el PAL, el concejal de Personal, Juan José Simón contestó que "estamos haciendo valoraciones para resolverlo de la manera más justa, esperamos que en el menor tiempo posible encontremos la solución".
El PAL ha acusado a la alcaldesa de haber perdido casi dos meses en iniciar el proceso para registrar las 40 viviendas del Palomar de la Bigarda, en el barrio de Rectivía, y de la Calle Trasconvento en Santa Clara. En el pleno celebrado en la noche de este jueves en el Ayuntamiento de Astorga, el portavoz Pablo Peyuca González preguntó si la regidora había dado la orden de que comenzara la identificación de las fincas y su cotejo con la información del Catastro para la identificación de los propietarios de las fincas donde se construyeron las casas, con el objetivo de empezar a desenredar 'la madeja' 26 años después de que compraran sus casas y que no hayan podido escriturarlas por fallos administrativos del Ayuntamiento de Astorga y la Junta de Castilla y León. Victorina Alonso se descolgó con un informe emitido por el arquitecto responsable de la Oficina Técnica Municipal el 24 de septiembre, en el que señala que es un "problema de esencia jurídica" y la competencia es del secretario municipal.
Con esta pregunta el portavoz del PAL trataba de saber si se habían comenzado a dar los pasos establecidos por el registrador de la propiedad en la reunión mantenida el 7 de agosto, en la que participaron la alcaldesa, la concejala del PP Silvia Cobos y Pablo Peyuca González. Contrariamente a lo dicho por el arquitecto municipal en el informe emitido un mes y 17 días después del encuentro que tuvo lugar en el Registro de la Propiedad, Cobos y Peyuca sostuvieron que el inicio del proceso "era una cuestión puramente técnica y política, según el registrador", aseguró la edil popular, que trató de mediar en la discusión en la que se enzarzaron la alcaldesa y el portavoz del PAL, en la que éste manifestó que "el informe es papel mojado y se ha hecho para salvar la cara de la alcaldesa".
Victorina Alonso defendió la validez del escrito del arquitecto municipal, en el que éste afirma que "hasta la fecha (24 de septiembre) el secretario no ha pedido nada a la Oficina Técnica", aunque después por presiones de Pablo Peyuca la alcaldesa acabó diciendo que los dos técnicos municipales ya se habían reunido. La regidora sostuvo que "la documentación es difícil de conseguir" y que tampoco va a ser fácil que la Junta de Castilla y León "la reconozca". El portavoz del PAL concluyó solicitando a la regidora que "arranque porque todo lo demás son enredos".
Según Cobos y Peyuca, el registrador urgió a que comenzaran a darse los pasos porque la ley que regula los registros de la propiedad cambiará en unos meses "y entonces no lo vamos a poder solucionar".
Este fue uno de los asuntos polémicos en el pleno ordinario del mes de septiembre, al que una vez más se llegó sin puntos en el orden del día, protagonizando la sesión los ruegos y preguntas formuladas por los grupos de la oposición. Desde la bancada del PP la concejala María Emilia Villanueva pidió a la Concejalía de Cultura, Educación y Servicios Sociales que habilitara una línea de ayudas de emergencia para la compra de libros y material escolar con destino a las familias en riesgo de exclusión social, a las que no tengan ningún tipo de ingreso o en las que los progenitores se encuentren en el paro. Villanueva puso como ejemplo ayuntamientos como el de La Bañeza donde se ha destinado 40.000 euros para apoyar a las familias, o el de Valencia de Don Juan donde la cantidad ha sido de 12.000 euros. La edil afirmó que el de Astorga con "un remanente de Tesorería de más de un millón de euros, se lo podría permitir". La propuesta no obtuvo respuesta por parte del equipo de gobierno.
El traslado de las balas de basura de Santa María del Páramo al CTR de San Román también centró una parte de las discusiones mantenidas a lo largo de la sesión. Desde el grupo popular, el concejal Joaquín Jarrín, preguntó cuánto costarán las acciones jurídicas que emprenderá el Ayuntamiento de Astorga junto a las mancomunidades del Órbigo y La Cepeda, para tratar de paralizar el vertido de los fardos de basura. En este asunto la alcaldesa lamentó que "el silencio" del PP de Astorga "permita que el vaso" del centro de tratamiento "esté recibiendo basura sin reciclar" hasta el "colapso". Sobre este asunto, el PAL volvió a manifestar su apoyo al PSOE para que cese el vertido.
Sobre la petición de un trabajador del Ayuntamiento de Astorga que por "dolencias y problemas de salud", ha solicitado hace siete meses un cambio de puesto de trabajo, una petición a la que aún no se le ha dado respuesta, según ha denunciado el PAL, el concejal de Personal, Juan José Simón contestó que "estamos haciendo valoraciones para resolverlo de la manera más justa, esperamos que en el menor tiempo posible encontremos la solución".
