Val de San Román y Lagunas de Somoza dicen 'no' a la pérdida de la gestión del agua
Redación / Astorga
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Las juntas vecinales de Val de San Román y Lagunas de Somoza se rebelan contra la decisión del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo de asumir la gestión del agua de sendas pedanías. Mientras Lagunas espera el informe de un bufete de abogados sobre la legalidad de la medida, en Val de Arriba la protesta es visible en las calles, donde se han colocado una pancarta en la que se puede leer: "No al expolio de nuestra agua. Las bacterias están en el Ayuntamiento" y botellas de agua en el indicativo de la carretera hacia la cabecera del municipio.
La leyenda de la pancarta hace alusión al motivo por el que la alcaldesa de Val, Azucena Fernández, ha tomado la decisión: los análisis del agua no garantizan la potabilidad. El argumento no convence a ninguno de los dos pueblos. El presidente de la Junta Vecinal de Val de San Román, Roberto Quitana, asegura que "todos los vecinos vamos a salir al paso" de la decisión porque su agua está en mejores condiciones" que la de Val de San Lorenzo, por lo que la interpretación que hacen de la decisión "es económica". Los habitantes de la pedanía sospechan que el Ayuntamiento planea "una subida de la tarifa como la que hicieron en el Val para recaudar más dinero" para las maltrechas arcas del Consistorio maragato. "No lo vamos a consentir", señala Roberto Quintana, quien anuncia que comenzarán dos recogidas de firmas, "una para los vecinos que están a favor y otra para los que están en contra".
En el concejo celebrado el sábado en Lagunas de Somoza el pueblo manifestó su deseo de gestionar el agua. El pedáneo, Adolfo Turienzo, indica que la causa de que las analíticas pusieran en duda que fuera apta para el consumo humano ha sido que "hemos restaurado el depósito y no hemos podido controlar el cloro", puntualiza el presidente. Turienzo señala que la obra del depósito se realizó con dinero del pueblo, sin ninguna ayuda del Ayuntamiento y "ahora sale con estas". La pedanía de momento está "mirando legalmente lo que se puede hacer porque no estamos de acuerdo", concluye.
Redación / Astorga
Las juntas vecinales de Val de San Román y Lagunas de Somoza se rebelan contra la decisión del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo de asumir la gestión del agua de sendas pedanías. Mientras Lagunas espera el informe de un bufete de abogados sobre la legalidad de la medida, en Val de Arriba la protesta es visible en las calles, donde se han colocado una pancarta en la que se puede leer: "No al expolio de nuestra agua. Las bacterias están en el Ayuntamiento" y botellas de agua en el indicativo de la carretera hacia la cabecera del municipio.
La leyenda de la pancarta hace alusión al motivo por el que la alcaldesa de Val, Azucena Fernández, ha tomado la decisión: los análisis del agua no garantizan la potabilidad. El argumento no convence a ninguno de los dos pueblos. El presidente de la Junta Vecinal de Val de San Román, Roberto Quitana, asegura que "todos los vecinos vamos a salir al paso" de la decisión porque su agua está en mejores condiciones" que la de Val de San Lorenzo, por lo que la interpretación que hacen de la decisión "es económica". Los habitantes de la pedanía sospechan que el Ayuntamiento planea "una subida de la tarifa como la que hicieron en el Val para recaudar más dinero" para las maltrechas arcas del Consistorio maragato. "No lo vamos a consentir", señala Roberto Quintana, quien anuncia que comenzarán dos recogidas de firmas, "una para los vecinos que están a favor y otra para los que están en contra".
En el concejo celebrado el sábado en Lagunas de Somoza el pueblo manifestó su deseo de gestionar el agua. El pedáneo, Adolfo Turienzo, indica que la causa de que las analíticas pusieran en duda que fuera apta para el consumo humano ha sido que "hemos restaurado el depósito y no hemos podido controlar el cloro", puntualiza el presidente. Turienzo señala que la obra del depósito se realizó con dinero del pueblo, sin ninguna ayuda del Ayuntamiento y "ahora sale con estas". La pedanía de momento está "mirando legalmente lo que se puede hacer porque no estamos de acuerdo", concluye.
