El TSJ confirma que el concejal del PSOE del Val tiene que derribar el ático de su casa "construido ilegalmente"
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha desestimado el recurso presentado por el edil de Val de San Lorenzo, Ricardo Fernández, a la sentencia del Contencioso Administrativo del 16 de marzo de 2015 en la que el juez le imponía "una multa de 10.001 euros, por infracción urbanística grave, así como la restauración de la legalidad urbanística infringida", es decir, obligaba a Ricardo Fernández a tirar el ático que según la sentencia construyó de manera ilegal por no ajustarse a las normas urbanísticas.
![[Img #21358]](upload/img/periodico/img_21358.jpg)
Ricardo Fernández sin querer aclarar si procederá a derribar el bajo cubierta que la sentencia judicial (ya firme y por tanto no se puede recurrir) indica que construyó ilegalmente, lanza dos preguntas al equipo de gobierno PP-UPL. En una quiere saber por qué el alcalde no convoca la reunión que le ha solicitado en la que estén presentes los concejales de la Corporación Municipal, el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento, para presentarles el proyecto de obra y el informe del técnico del Servicio de Asistencia a Municipios que ha servido de base para la sentencia condenatoria.Y en la segunda pregunta, Fernández quiere saber por qué existen dos varas de medir en el Consistorio maragato, ya que en la legislatura pasada, según el edil socialista, se construyó una casa de las mismas características que las suyas, es decir con garaje, dos plantas y ático, "¿cómo es posible que las leyes para unos sí y para otros no?".
Los hechos se remontan al año 2007, cuando en el pleno celebrado 20 días antes de celebrarse la elecciones municipales del 27 de mayo, el Ayuntamiento del Val, entonces gobernado por el PP, daba "órdenes para que se inspeccione una obra determinada, ya que si bien tiene proyecto, entendemos que se ha extralimitado en la ejecución del mismo”, refiriéndose a la vivienda del concejal del PSOE a quien se había concedido la licencia urbanística en abril de 2005. El resultado de aquellos comicios propiciaron un gobierno PSOE-UPL que metió la orden en el cajón, hasta que en la siguiente legislatura 2011-2015, con un equipo de gobierno nuevamente del PP, se volvió a desempolvar. En el proyecto de obra que obtuvo la licencia municipal correspondiente, se recoge que la vivienda del edil socialista constaría de un semisótano y dos plantas (baja y primera) "sin referencia alguna a planta bajo cubierta", precisaba el fallo judicial del Contencioso Administrativo.
Ahora, el juez del TSJ en la sentencia del 27 de enero de 2016, rechaza los argumentos del recurso de apelación interpuesto por Ricardo Fernández, señalando que la infracción urbanística no ha prescrito, como sostiene el edil del PSOE, quien presentó facturas del 2007 para demostrar que es el año que había finalizado la obra, aunque "por razones económicas no se llegó a formalizar el documento final de obra hasta el año 2010", un aspecto al que juez no le da credibilidad, ya que en el juicio celebrado en el Contencioso Administrativo en 2015, el arquitecto que firmó el proyecto de la obra no acudió a testificar sobre este aspecto "por encontrarse enfermo y la parte recurrente renunció a la testifical", se señala en la sentencia del TSJ.
El TSJ también rechaza el segundo argumento de la defensa de Ricardo Fernández, en el cual se ponía en duda la "objetividad e imparcialidad" del arquitecto del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) cuyo informe solicitado por el Ayuntamiento en 2012, para abrir el expediente sancionador al edil del PSOE, concluía que "se ha realizado la modificación de la cubierta con el aprovechamiento y acondicionamiento de la planta bajo cubierta, sin que esté contenida en el proyecto técnico y excediéndose de la licencia urbanística".
Y, por último, el TSJ desestima que el juez del Contencioso se equivocara al tipificar "como grave la realización de construcciones que vulneren lo establecido en el planeamiento", ya que no se puede considerar de "escasa entidad la construcción de una planta más obre las autorizadas en el proyecto y los excesos de altura constatados".
El equipo de gobierno PP-UPL presidido por el alcalde Eligio Geijo tendrá que decidir en las próximas semanas qué hacer, ya que el plazo para ejecutar la sentencia de manera voluntaria ha finalizado y el ático sigue en pie. En el pleno ordinario celebrado el miércoles de la pasada semana, el PP pidió la dimisión de Ricardo Fernández.
Ricardo Fernández sin querer aclarar si procederá a derribar el bajo cubierta que la sentencia judicial (ya firme y por tanto no se puede recurrir) indica que construyó ilegalmente, lanza dos preguntas al equipo de gobierno PP-UPL. En una quiere saber por qué el alcalde no convoca la reunión que le ha solicitado en la que estén presentes los concejales de la Corporación Municipal, el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento, para presentarles el proyecto de obra y el informe del técnico del Servicio de Asistencia a Municipios que ha servido de base para la sentencia condenatoria.Y en la segunda pregunta, Fernández quiere saber por qué existen dos varas de medir en el Consistorio maragato, ya que en la legislatura pasada, según el edil socialista, se construyó una casa de las mismas características que las suyas, es decir con garaje, dos plantas y ático, "¿cómo es posible que las leyes para unos sí y para otros no?".
Los hechos se remontan al año 2007, cuando en el pleno celebrado 20 días antes de celebrarse la elecciones municipales del 27 de mayo, el Ayuntamiento del Val, entonces gobernado por el PP, daba "órdenes para que se inspeccione una obra determinada, ya que si bien tiene proyecto, entendemos que se ha extralimitado en la ejecución del mismo”, refiriéndose a la vivienda del concejal del PSOE a quien se había concedido la licencia urbanística en abril de 2005. El resultado de aquellos comicios propiciaron un gobierno PSOE-UPL que metió la orden en el cajón, hasta que en la siguiente legislatura 2011-2015, con un equipo de gobierno nuevamente del PP, se volvió a desempolvar. En el proyecto de obra que obtuvo la licencia municipal correspondiente, se recoge que la vivienda del edil socialista constaría de un semisótano y dos plantas (baja y primera) "sin referencia alguna a planta bajo cubierta", precisaba el fallo judicial del Contencioso Administrativo.
Ahora, el juez del TSJ en la sentencia del 27 de enero de 2016, rechaza los argumentos del recurso de apelación interpuesto por Ricardo Fernández, señalando que la infracción urbanística no ha prescrito, como sostiene el edil del PSOE, quien presentó facturas del 2007 para demostrar que es el año que había finalizado la obra, aunque "por razones económicas no se llegó a formalizar el documento final de obra hasta el año 2010", un aspecto al que juez no le da credibilidad, ya que en el juicio celebrado en el Contencioso Administrativo en 2015, el arquitecto que firmó el proyecto de la obra no acudió a testificar sobre este aspecto "por encontrarse enfermo y la parte recurrente renunció a la testifical", se señala en la sentencia del TSJ.
El TSJ también rechaza el segundo argumento de la defensa de Ricardo Fernández, en el cual se ponía en duda la "objetividad e imparcialidad" del arquitecto del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) cuyo informe solicitado por el Ayuntamiento en 2012, para abrir el expediente sancionador al edil del PSOE, concluía que "se ha realizado la modificación de la cubierta con el aprovechamiento y acondicionamiento de la planta bajo cubierta, sin que esté contenida en el proyecto técnico y excediéndose de la licencia urbanística".
Y, por último, el TSJ desestima que el juez del Contencioso se equivocara al tipificar "como grave la realización de construcciones que vulneren lo establecido en el planeamiento", ya que no se puede considerar de "escasa entidad la construcción de una planta más obre las autorizadas en el proyecto y los excesos de altura constatados".
El equipo de gobierno PP-UPL presidido por el alcalde Eligio Geijo tendrá que decidir en las próximas semanas qué hacer, ya que el plazo para ejecutar la sentencia de manera voluntaria ha finalizado y el ático sigue en pie. En el pleno ordinario celebrado el miércoles de la pasada semana, el PP pidió la dimisión de Ricardo Fernández.
