Astorga quiere impulsar un frente común de alcaldes para solicitar la reducción del peaje de la AP-71
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Redacción / Astorga
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astorga quiere impulsar una acción conjunta de los alcaldes de la zona para solicitar a Aulesa, la empresa concesionaria de la Autopista León-Astorga, que rebaje el peaje. Según la alcaldesa, Victorina Alonso, las tarifas de la doble vía de pago "lastran de forma importante a nuestra ciudad", no sólo a los astorganos que la utilizan para desplazarse a la capital de la provincia por motivos de trabajo o de salud, también "a los turistas que quieren venir a vistarnos".
La regidora ha recordado que la AP-71 "nació con polémica, se intentó por todos los medios bajar el peaje pero no se ha conseguido", por ello barajan la posibilidad de formar un frente común con los ayuntamientos para "intentar que el peaje sea más llevadero, porque es excesivo" y más en estos momentos, ha puntualizado Alonso. Después de la subida aplicada por Aulesa el pasado mes de enero, viajar de Astorga a León por la autopista cuesta 4,90 euros para los turismos, 6,60 para los camiones y 8 para los vehículos de gran tonelaje.
Los registros de tráfico de la AP-71 descienden mes a mes. En los dos últimos años años el paso de vehículos ha caído en un 27 por ciento. Con las reducciones consecutivas de 2011 y 2012, la intensidad media diaria se sitúa en estos momentos en cifras similares a las que tenía cuando comenzó a funcionar. El contrato suscrito entre el Estado y el grupo Abertis (al que pertenece Aulesa) obliga al Ministerio de Fomento a compensar las pérdidas de tráfico constantes desde que entró en servicio hace 10 años.
En el pasado mes de octubre, el Gobierno de España decidió introducir la León-Astorga en el plan de salvación de autopistas en riesgo de bancarrota, en el que ya estaban incluidas en los últimos años las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje del Eje del Aeropuerto de Barajas, la de Ocaña-La Roda y la de Alicante-Cartagena-Vera. El agujero de las concesionarias de más de 4.000 millones de euros preocupa al Ministerio de Fomento, porque de fracasar las medidas de salvamento, el Estado tendría que rescatar a Aulesa y al resto de empresas que gestionan las autopistas deficitarias. El impacto del rescate en las cuentas públicas supondría un incremento del déficit público cifrado en aproximadamente un 0,5%.
Redacción / Astorga
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astorga quiere impulsar una acción conjunta de los alcaldes de la zona para solicitar a Aulesa, la empresa concesionaria de la Autopista León-Astorga, que rebaje el peaje. Según la alcaldesa, Victorina Alonso, las tarifas de la doble vía de pago "lastran de forma importante a nuestra ciudad", no sólo a los astorganos que la utilizan para desplazarse a la capital de la provincia por motivos de trabajo o de salud, también "a los turistas que quieren venir a vistarnos".
La regidora ha recordado que la AP-71 "nació con polémica, se intentó por todos los medios bajar el peaje pero no se ha conseguido", por ello barajan la posibilidad de formar un frente común con los ayuntamientos para "intentar que el peaje sea más llevadero, porque es excesivo" y más en estos momentos, ha puntualizado Alonso. Después de la subida aplicada por Aulesa el pasado mes de enero, viajar de Astorga a León por la autopista cuesta 4,90 euros para los turismos, 6,60 para los camiones y 8 para los vehículos de gran tonelaje.
Los registros de tráfico de la AP-71 descienden mes a mes. En los dos últimos años años el paso de vehículos ha caído en un 27 por ciento. Con las reducciones consecutivas de 2011 y 2012, la intensidad media diaria se sitúa en estos momentos en cifras similares a las que tenía cuando comenzó a funcionar. El contrato suscrito entre el Estado y el grupo Abertis (al que pertenece Aulesa) obliga al Ministerio de Fomento a compensar las pérdidas de tráfico constantes desde que entró en servicio hace 10 años.
En el pasado mes de octubre, el Gobierno de España decidió introducir la León-Astorga en el plan de salvación de autopistas en riesgo de bancarrota, en el que ya estaban incluidas en los últimos años las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje del Eje del Aeropuerto de Barajas, la de Ocaña-La Roda y la de Alicante-Cartagena-Vera. El agujero de las concesionarias de más de 4.000 millones de euros preocupa al Ministerio de Fomento, porque de fracasar las medidas de salvamento, el Estado tendría que rescatar a Aulesa y al resto de empresas que gestionan las autopistas deficitarias. El impacto del rescate en las cuentas públicas supondría un incremento del déficit público cifrado en aproximadamente un 0,5%.
