Nueva derrota judicial a la estructura de poder instalada por Carrasco
La Diputación de León pierde un recurso que anula la designación de funcionarios 'carrasquistas' en ciertos puestos de la Diputación. Así, se anula cómo se designó a la jefa del Servicio de Asistencia a Municipios, al arquitecto técnico coordinador del SAM y a la jefa de la unidad de asesoramiento. Los puestos de libre designación, también en cuestión.
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Nuevo capítulo en la larga batalla que se libra en la Diptuación de León contra la estructura de poder 'carrasquista', que ha provocado que desde hace años ciertos funcionarios afines a la expresidenta de la Diputación Isabel Carrasco ocupen plazas de altos funcionarios en designaciones cuestionadas y anuladas en los tribunales.
Una nueva sentencia del 7 de abril del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirma que la fórmula para nombrar a estos altos cargos es nula y que el uso de concursos específicos para poder otorgar plazas casi 'a dedo' es ilegal. Por ello se anula la fórmula de nombramientos de cargos tan significados del 'carrasquismo' en la Diputación como los de la Jefa del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), Ana Cosmen; el de la Jefa de la Unidad de Asesoramiento del SAM, la exconcejal de San Andrés por el PP Isabel Fernández; y la del Arquitecto Coordinador Técnico del SAM, José María Alvado. Según los denunciantes la sentencia pondría en cuestión también el sistema de designación de cargos de libre designación en el cuerpo de funcionarios, por lo que podría anular nombramientos en Intervención entre otros ámbitos.
Se trata de un punto final, ya sólo cabe recurso ante el Constitucional, de una larga batalla que algunos funcionarios emprendieron contra la estrategia del 'carrasquismo' y del PP de controlar la Diputación designando funcionarios afines en cargos clave del organigrama de la institución. Por cierto que desde este 1 de junio vuelve a su puesto en la Diputación el funcionario Manuel Jesús Mallo Sánchez, designado por Isabel Carrasco, y que el último año ha sido el gerente de la Universidad de León bajo el mandato de José Ángel Hermida.
La sentencia del TSJ anula la estrategia de nombramientos adoptada por la Diputación en 2014 ante las sentencias contrarias a los nombramientos 'ad hoc' bajo la presidencia de Marcos Martínez Barazón y Emilio Orejas Orejas. Ante la anulación de los nombramientos la Diputación optó por seguir usando el mismo método de designación de altos cargos, que ahora anula completamente esta sentencia. Una cascada de recursos, alguno en ausencia del actual presidente Juan Martínez Majo, no han impedido este varapalo a la Diputación, que deja en el aire toda la estructura de altos funcionarios.
La estrategia jurídica de la Diputación de incumplir las sentencias en contra o hacerlo bordeando la ley queda anulada con esta sentencia, que podría dar lugar a decenas de sentencias en contra más en procesos abiertos por la política de enchufismo practicada durante las dos últimas legislaturas. De momento la institución lleva más de 20 sentencias perdidas por estos nombramientos o similares.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de León investiga una multidenuncia contra diputados provinciales del PP y altos funcionarios 'carrasquistas' por los manejos, precisamente, en la política laboral en la Diputación. La denuncia fue formulada por un grupo de funcionarios que les atribuye posible prevaricación, falsificación, malversación, fraude, coacciones y tráfico de influencias.
Nuevo capítulo en la larga batalla que se libra en la Diptuación de León contra la estructura de poder 'carrasquista', que ha provocado que desde hace años ciertos funcionarios afines a la expresidenta de la Diputación Isabel Carrasco ocupen plazas de altos funcionarios en designaciones cuestionadas y anuladas en los tribunales.
Una nueva sentencia del 7 de abril del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirma que la fórmula para nombrar a estos altos cargos es nula y que el uso de concursos específicos para poder otorgar plazas casi 'a dedo' es ilegal. Por ello se anula la fórmula de nombramientos de cargos tan significados del 'carrasquismo' en la Diputación como los de la Jefa del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), Ana Cosmen; el de la Jefa de la Unidad de Asesoramiento del SAM, la exconcejal de San Andrés por el PP Isabel Fernández; y la del Arquitecto Coordinador Técnico del SAM, José María Alvado. Según los denunciantes la sentencia pondría en cuestión también el sistema de designación de cargos de libre designación en el cuerpo de funcionarios, por lo que podría anular nombramientos en Intervención entre otros ámbitos.
Se trata de un punto final, ya sólo cabe recurso ante el Constitucional, de una larga batalla que algunos funcionarios emprendieron contra la estrategia del 'carrasquismo' y del PP de controlar la Diputación designando funcionarios afines en cargos clave del organigrama de la institución. Por cierto que desde este 1 de junio vuelve a su puesto en la Diputación el funcionario Manuel Jesús Mallo Sánchez, designado por Isabel Carrasco, y que el último año ha sido el gerente de la Universidad de León bajo el mandato de José Ángel Hermida.
La sentencia del TSJ anula la estrategia de nombramientos adoptada por la Diputación en 2014 ante las sentencias contrarias a los nombramientos 'ad hoc' bajo la presidencia de Marcos Martínez Barazón y Emilio Orejas Orejas. Ante la anulación de los nombramientos la Diputación optó por seguir usando el mismo método de designación de altos cargos, que ahora anula completamente esta sentencia. Una cascada de recursos, alguno en ausencia del actual presidente Juan Martínez Majo, no han impedido este varapalo a la Diputación, que deja en el aire toda la estructura de altos funcionarios.
La estrategia jurídica de la Diputación de incumplir las sentencias en contra o hacerlo bordeando la ley queda anulada con esta sentencia, que podría dar lugar a decenas de sentencias en contra más en procesos abiertos por la política de enchufismo practicada durante las dos últimas legislaturas. De momento la institución lleva más de 20 sentencias perdidas por estos nombramientos o similares.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de León investiga una multidenuncia contra diputados provinciales del PP y altos funcionarios 'carrasquistas' por los manejos, precisamente, en la política laboral en la Diputación. La denuncia fue formulada por un grupo de funcionarios que les atribuye posible prevaricación, falsificación, malversación, fraude, coacciones y tráfico de influencias.
