PP, PSOE e IU alcanzan un acuerdo sobre la PAC para negociar en Bruselas y Madrid una PAC
Redacción / Astorga
PP, PSOE e IU presentaron el acuerdo de comunidad que permitirá a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, llevar una “posición más fuerte” en la negociación sobre la reforma de la PAC ante las instituciones europeas y, a partir de junio, ante el Ministerio, cuyas líneas rojas en defensa de los 100.000 empleados en Castilla y León en este sector se marcan en una moción que aprueba hoy en el pleno de las Cortes por unanimidad.
El acuerdo, previo al debate de la moción, se escenificó en la sede de las Cortes en una comparencia conjunta de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente; la portavoz socialista de Agricultura y Ganadería, Ana Redondo, y el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, a la que no pudo acudir el portavoz del Mixto, José María González (IU), que también se ha sumado al consenso.
“Nos permitirá ir a Bruselas con una posición más fuerte y también en la negociación con el Ministerio a partir de junio”, explicó la consejera, quien destacó que con esa moción “se carga de fuerza y de razón la defensa de los intereses de Castilla y León”. La primera cita será el 14 de mayo cuando Clemente viajará a la capital comunitaria para mantener reuniones con dos ponentes del Reglamento de reforma de la PAC, Louis Kapoulas y Michelle Dantin, a quienes expondrá las líneas aprobadas en las Cortes.
La socialista Ana Sánchez explicó que, aunque no les gusta la propuesta de reforma planteada por Bruselas, es esencial el acuerdo y pelear juntos para reivindicar los intereses del sector, dado que supone el 10 por ciento del PIB de Castilla y León, con 70.000 agricultores y ganaderos a título principal y 100.000 si se suman los empleos en todo el sector primario (industria agroalimentaria). “El acuerdo busca dar una respuesta al sector”, destacó.
Por su parte, el popular Carlos Fernández Carriedo resaltó la importancia de llegar a acuerdos en asuntos de comunidad, afirmó que éste es uno de ellos y subrayó el liderazgo ejercido por la Comunidad desde que se conoció (finales de 2010) la propuesta de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común.
La moción, de ocho puntos, detallados por la consejera durante la rueda de prensa, insta a la Junta a dar traslado al Gobierno de España para garantizar el mantenimiento sin recortes de los fondos anuales percibidos por la Comunidad desde 2007 (1.150 millones de euros); que en la definición de agricultor activo se tenga en cuenta quien ejerce y vive de la actividad agraria; la delimitación del número de hectáreas elegibles en España y por agricultor; el diseño de una convergencia interna limitada; formular mayor flexibilización del Greening (complementos medioambientales); apoyar hasta el 15 por ciento para las ayudas asociadas; prolongar hasta 2020 las cuotas al sector azucarero y hasta 2030 los derechos de plantación de viñedos y fortalecer las organizaciones de productores y la coordinación de las autoridades nacionales de competencia para un trato igualitario.
De estos puntos, Sánchez destacó la petición de que se garantice el 30 por ciento de los fondos que perciben los agricultores y ganaderos, la prolongación de las cuotas del azúcar y el fortalecimiento de las organizaciones de productores para unos precios justos, junto al desarrollo rural. También Clemente resaltó la importancia de que se garanticen las rentas medias, que se defina quién es agricultor principal para que queden excluidos otros preceptores que no viven de la actividad y que el apoyo para rejuvenecer el sector pase de voluntario a obligatorio en la futura reforma, aspecto que no se recoge ahora así.
Mantener los ingresos
La consejera explicó el rechazo al aumento de superficie y defendió que se límite (22 millones de hectáreas frente a 38 en el caso de España) porque de esa manera los agricultores y ganaderos podrán mantener los ingresos actuales, ya que el incremento de hectáreas supone la reducción de las ayudas.
Tras conocerse la filosofía de la reforma, la Junta cerró un acuerdo con las opas y con las cooperativas, presentado en abril de 2011 por el presidente Juan Vicente Herrera al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, durante una reunión en Burgos. Después la Junta ha aunado una posición común de España en reuniones con el Ministerio y las autonomías y ha mantenido encuentros con los eurodiputados, además de celebrar una jornada de trabajo a la que asistió Kapoulas. En todo este proceso, Castilla y León ha liderado una posición común, explicó Clemente, quien añadió que es la única comunidad que presentó enmiendas (110) al texto de reforma.
La negociación de la nueva PAC coincide con el marco presupuestario (2014-2020) y, aunque la dotación global se reduce para el periodo, los créditos para el campo son los que menos caen, de manera que mantienen el 39 por ciento de peso con 420.000 millones de euros, de los que 35.705 de ayudas directas y 8.291 de desarrollo rural corresponden a España.
Está previsto el acuerdo político sobre el texto el 30 de junio en la negociación entre Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo, después de abre el diálogo en España para aplicar el contenido de la reforma en los distintos territorios.
Redacción / Astorga
PP, PSOE e IU presentaron el acuerdo de comunidad que permitirá a la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, llevar una “posición más fuerte” en la negociación sobre la reforma de la PAC ante las instituciones europeas y, a partir de junio, ante el Ministerio, cuyas líneas rojas en defensa de los 100.000 empleados en Castilla y León en este sector se marcan en una moción que aprueba hoy en el pleno de las Cortes por unanimidad.
El acuerdo, previo al debate de la moción, se escenificó en la sede de las Cortes en una comparencia conjunta de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente; la portavoz socialista de Agricultura y Ganadería, Ana Redondo, y el portavoz popular, Carlos Fernández Carriedo, a la que no pudo acudir el portavoz del Mixto, José María González (IU), que también se ha sumado al consenso.
“Nos permitirá ir a Bruselas con una posición más fuerte y también en la negociación con el Ministerio a partir de junio”, explicó la consejera, quien destacó que con esa moción “se carga de fuerza y de razón la defensa de los intereses de Castilla y León”. La primera cita será el 14 de mayo cuando Clemente viajará a la capital comunitaria para mantener reuniones con dos ponentes del Reglamento de reforma de la PAC, Louis Kapoulas y Michelle Dantin, a quienes expondrá las líneas aprobadas en las Cortes.
La socialista Ana Sánchez explicó que, aunque no les gusta la propuesta de reforma planteada por Bruselas, es esencial el acuerdo y pelear juntos para reivindicar los intereses del sector, dado que supone el 10 por ciento del PIB de Castilla y León, con 70.000 agricultores y ganaderos a título principal y 100.000 si se suman los empleos en todo el sector primario (industria agroalimentaria). “El acuerdo busca dar una respuesta al sector”, destacó.
Por su parte, el popular Carlos Fernández Carriedo resaltó la importancia de llegar a acuerdos en asuntos de comunidad, afirmó que éste es uno de ellos y subrayó el liderazgo ejercido por la Comunidad desde que se conoció (finales de 2010) la propuesta de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común.
La moción, de ocho puntos, detallados por la consejera durante la rueda de prensa, insta a la Junta a dar traslado al Gobierno de España para garantizar el mantenimiento sin recortes de los fondos anuales percibidos por la Comunidad desde 2007 (1.150 millones de euros); que en la definición de agricultor activo se tenga en cuenta quien ejerce y vive de la actividad agraria; la delimitación del número de hectáreas elegibles en España y por agricultor; el diseño de una convergencia interna limitada; formular mayor flexibilización del Greening (complementos medioambientales); apoyar hasta el 15 por ciento para las ayudas asociadas; prolongar hasta 2020 las cuotas al sector azucarero y hasta 2030 los derechos de plantación de viñedos y fortalecer las organizaciones de productores y la coordinación de las autoridades nacionales de competencia para un trato igualitario.
De estos puntos, Sánchez destacó la petición de que se garantice el 30 por ciento de los fondos que perciben los agricultores y ganaderos, la prolongación de las cuotas del azúcar y el fortalecimiento de las organizaciones de productores para unos precios justos, junto al desarrollo rural. También Clemente resaltó la importancia de que se garanticen las rentas medias, que se defina quién es agricultor principal para que queden excluidos otros preceptores que no viven de la actividad y que el apoyo para rejuvenecer el sector pase de voluntario a obligatorio en la futura reforma, aspecto que no se recoge ahora así.
Mantener los ingresos
La consejera explicó el rechazo al aumento de superficie y defendió que se límite (22 millones de hectáreas frente a 38 en el caso de España) porque de esa manera los agricultores y ganaderos podrán mantener los ingresos actuales, ya que el incremento de hectáreas supone la reducción de las ayudas.
Tras conocerse la filosofía de la reforma, la Junta cerró un acuerdo con las opas y con las cooperativas, presentado en abril de 2011 por el presidente Juan Vicente Herrera al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, durante una reunión en Burgos. Después la Junta ha aunado una posición común de España en reuniones con el Ministerio y las autonomías y ha mantenido encuentros con los eurodiputados, además de celebrar una jornada de trabajo a la que asistió Kapoulas. En todo este proceso, Castilla y León ha liderado una posición común, explicó Clemente, quien añadió que es la única comunidad que presentó enmiendas (110) al texto de reforma.
La negociación de la nueva PAC coincide con el marco presupuestario (2014-2020) y, aunque la dotación global se reduce para el periodo, los créditos para el campo son los que menos caen, de manera que mantienen el 39 por ciento de peso con 420.000 millones de euros, de los que 35.705 de ayudas directas y 8.291 de desarrollo rural corresponden a España.
Está previsto el acuerdo político sobre el texto el 30 de junio en la negociación entre Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo, después de abre el diálogo en España para aplicar el contenido de la reforma en los distintos territorios.
