Un calculado silencio administrativo de la Diputación permite recuperar la gestión del servicio de limpieza
Tres años después de que el Ayuntamiento de Astorga perdiera la competencia de la recogida de basura y limpieza viaria, la ha vuelto a recuperar. La tela de araña administrativa y jurídica que envolvió la pérdida de la gestión se ha desenmarañado con un calculado silencio administrativo por parte de la Diputación, administración a quien le correspondería supervisar la contratación del servicio de haberse cumplido literalmente la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración propuesta y aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando la crisis económica apretaba fuerte y el ministro Cristóbal Montoro decidió meter en vereda la deuda que acumulaban los ayuntamientos de España.
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La noticia la daba a conocer este viernes el alcalde Arsenio García quien detalló que después del acuerdo alcanzado el pasado 15 de abril entre los representantes de los equipos de gobierno municipal y de la Diputación, la situación se ha desbloqueado con el compromiso del Ayuntamiento de asumir la gestión. El proceso administrativo llevado a cabo durante estos dos meses ha sido supervisado por la Intervención municipal y la Secretaría, cuya interpretación de la ley expuesta en un informe bloqueó la aprobación del contrato del servicio que desde octubre de 2012 presta la empresa Urbaser sin relación contractual con el Consistorio.
El silencio administrativo por parte de la Diputación ha sido la solución legal adoptada por ambas administraciones ante las diferentes interpretaciones de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración que hicieron los técnicos provinciales y municipales. Para ello ha sido necesaria "voluntad política" por ambas partes, ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Manuel Ortiz, algo que no existió en la pasada legislatura, puntualizaba el alcalde, cuando se "buscaba réditos políticos" del anterior equipo de gobierno del PSOE a través del enfrentamiento con una administración gobernada por el PP.
Asesoramiento de un empresa externa
Una vez desbloqueada la situación, a partir de ahora el equipo de gobierno contratará los servicios de una empresa especializada para que les asesore sobre el camino a seguir. Recordar que en el momento de interrumpirse el proceso de negociación entre PSOE, PP y PAL del nuevo contrato sólo faltaba por definir la parte económica. Ahora se activa nuevamente el proceso de redacción de los pliegos aunque en primer lugar se estudiarán los pliegos administrativos y técnicos que se habían redactado con el acuerdo de los grupos municipales en la pasada legislatura.
El equipo de gobierno prefiere no hablar de momento de plazos para la licitación del servicio porque el contrato de mayor cuantía económica (el anterior costaba a las arcas municipales 770.000 euros) deberá tener consignación presupuestaria y deberá esperar, por tanto, al diseño de los próximos presupuestos municipales.
En cuanto a la disposición al diálogo del equipo de gobierno con los grupos de la oposición (PSOE e IU) para sacar adelante unos pliegos consensuados, el alcalde ha adelantado que "los responsables políticos somos nosotros y no somos asamblearios". Menos tajante se mostró Manuel Ortiz quien precisaba que "todos podemos opinar pero quien debe elaborarlo será quien entienda" porque este tipo de contratos contienen, sobre todo, aspectos técnicos.
Lo que en otros ayuntamientos y mancomunidades de la provincia ha sido un proceso normal en los últimos años, en Astorga se enquistó por ese informe de la Secretaría municipal que la anterior alcaldesa, Victorina Alonso, utilizaba para demostrar que prevaricaría si se saltaba la motivación jurídica. "En la legislatura pasada no se desbloqueó porque no había intención real de hacerlo", concluyó el teniente alcalde, Pablo Peyuca González.
La noticia la daba a conocer este viernes el alcalde Arsenio García quien detalló que después del acuerdo alcanzado el pasado 15 de abril entre los representantes de los equipos de gobierno municipal y de la Diputación, la situación se ha desbloqueado con el compromiso del Ayuntamiento de asumir la gestión. El proceso administrativo llevado a cabo durante estos dos meses ha sido supervisado por la Intervención municipal y la Secretaría, cuya interpretación de la ley expuesta en un informe bloqueó la aprobación del contrato del servicio que desde octubre de 2012 presta la empresa Urbaser sin relación contractual con el Consistorio.
El silencio administrativo por parte de la Diputación ha sido la solución legal adoptada por ambas administraciones ante las diferentes interpretaciones de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración que hicieron los técnicos provinciales y municipales. Para ello ha sido necesaria "voluntad política" por ambas partes, ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Manuel Ortiz, algo que no existió en la pasada legislatura, puntualizaba el alcalde, cuando se "buscaba réditos políticos" del anterior equipo de gobierno del PSOE a través del enfrentamiento con una administración gobernada por el PP.
Asesoramiento de un empresa externa
Una vez desbloqueada la situación, a partir de ahora el equipo de gobierno contratará los servicios de una empresa especializada para que les asesore sobre el camino a seguir. Recordar que en el momento de interrumpirse el proceso de negociación entre PSOE, PP y PAL del nuevo contrato sólo faltaba por definir la parte económica. Ahora se activa nuevamente el proceso de redacción de los pliegos aunque en primer lugar se estudiarán los pliegos administrativos y técnicos que se habían redactado con el acuerdo de los grupos municipales en la pasada legislatura.
El equipo de gobierno prefiere no hablar de momento de plazos para la licitación del servicio porque el contrato de mayor cuantía económica (el anterior costaba a las arcas municipales 770.000 euros) deberá tener consignación presupuestaria y deberá esperar, por tanto, al diseño de los próximos presupuestos municipales.
En cuanto a la disposición al diálogo del equipo de gobierno con los grupos de la oposición (PSOE e IU) para sacar adelante unos pliegos consensuados, el alcalde ha adelantado que "los responsables políticos somos nosotros y no somos asamblearios". Menos tajante se mostró Manuel Ortiz quien precisaba que "todos podemos opinar pero quien debe elaborarlo será quien entienda" porque este tipo de contratos contienen, sobre todo, aspectos técnicos.
Lo que en otros ayuntamientos y mancomunidades de la provincia ha sido un proceso normal en los últimos años, en Astorga se enquistó por ese informe de la Secretaría municipal que la anterior alcaldesa, Victorina Alonso, utilizaba para demostrar que prevaricaría si se saltaba la motivación jurídica. "En la legislatura pasada no se desbloqueó porque no había intención real de hacerlo", concluyó el teniente alcalde, Pablo Peyuca González.
