Las Cortes acuerdan una propuesta conjunta para evitar desahucios en Castilla y León
PP, PSOE e IU aparcan las diferencias y aprueban un texto que defiende el servicio integral de la Junta e incorpora el fomento del alquiler social y convenio con el TSJ
Redacción / Astorga
Las Cortes de Castilla y León acordaron, tras seis debates sobre desahucios en los últimos meses en la Cámara, la primera propuesta conjunta para evitar los desalojos en la Comunidad y ofrecer soluciones a las personas con mayor riesgo de perder su casa. PP, PSOE e IU aparcaron las diferencias para apoyar la iniciativa popular de respaldo al Servicio Integral de la Junta e incorporar el fomento del alquiler social de viviendas vacías y la firma de un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia.
Cada grupo presentó por separado su proposición no de ley, en la que expusieron sus diferentes modelos, y la votación también fue individual. El acuerdo se produjo sobre la iniciativa del PP, votada por unanimidad de los 81 procuradores presentes en el hemiciclo, mientras que se respaldó de la misma manera un punto del texto socialista y dos de IU. “No es la propuesta del PP, es de todos y las soluciones que se plantean, se demostrarán eficaces”, aseguró el popular Alfonso García Vicente.
Hasta llegar al acuerdo, el debate evidenció discrepancias, reproches y diferencias entre la socialista Ana Redondo, José María González (IU), cuyos textos seguían el ejemplo andaluz, y los populares Daniel Sobrados y Mercedes Alzola, quienes rechazaron de planos tales ideas. El tono conciliador llegó con la presentación de la propuesta del PP por García Vicente, a la que se sumaron PSOE e IU. Redondo y González reconocieron que la PNL popular tiene “trampa” porque no se podían oponer a lo firmado por la Junta con los agentes sociales, aunque lo consideran insuficiente. “Vamos a apoyar un parche que no resuelve el problema real”, afirmó González.. “Es un canto a que las cosas no se han hecho bien y se pueden mejorar”, valoró Redondo.
El texto apoyado por unanimidad insta a la Junta a aprovechar las herramientas pactadas para prestar cobertura a las familias afectadas por hipotecas, priorizar las actuaciones negociadas sobre la deuda hipotecaria, proporcionar de forma inmediata asesoramiento en cuanto se apruebe la ley de protección de deudores hipotecarios, promover la adhesión de los municipios al fondo social de viviendas de alquiler, fomentar el alquiler social de casas vacías (recogido de IU), movilizar todos los recursos de la Junta y firmar un convenio con el TSJ (adaptado de la PNL socialista).
Debate por separado
Así antes del acuerdo, la propuesta socialista, defendida por la viceportavoz del Grupo, Ana Redondo, planteó el modelo andaluz de expropiación temporal del uso de viviendas vacías mediante la urgencia de un decreto-ley de la Junta, la creación de un registro de casas desabitadas, multas a entidades con viviendas vacías y la negociación de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y de la Federación Regional de Municipios y Provincias que permita la alerta temprana al Servicio Integral de la Junta.
“Es el momento de actuar el hecho de que haya tres proposiciones presentadas supone reconocer que lo hecho no es suficiente”, defendió Redondo, quien recordó que en 2012 se produjeron 3040 desahucios, un 15 por ciento más que el año interior, y que hay 260.000 viviendas desocupadas. “Es lógico que se presencien desalojos, es irracional y una desproporción”, sostuvo.
La iniciativa de IU, presentada por su procurador José María González, se asienta en la defensa del derecho constitucional a la vivienda y plantea las propuestas adoptadas en Andalucía. Coincide casi en su totalidad con la socialista, aunque la diferencia es de procedimiento, ya que González plantea un proyecto de ley para la expropiación del uso temporal de la vivienda y Redondo acudir al decreto-ley, como en esa comunidad, ante la urgencia para evitar los desahucios.
El popular Daniel Sobrados rechazó de plano la propuesta socialista, que tildó de “demagógica, populista y oportunista” e incluso añadió que es para “lavar la conciencia” de un partido que no actuó contra ese problema cuando estuvo en el Gobierno. “Han pasado de pedir frenar desahucios a pedir expropiaciones”, aseveró el popular, en una descalificación de la iniciativa, que después recibió duras criticas de Redondo, que le acusó de “ignorancia atrevida, de hacer méritos ante su grupo, de bravuconada sin sentido” y de no estar coordinado con su grupo que busca un acuerdo.
Redondo le recriminó que un “momento de gloria en la tribuna puede tener costes”, subrayó que ella busca el acuerdo y no el “pin-pam-pum” y recordó que la única medida puesta en marcha por la Junta (Servicio Integral) proviene de una propuesta del PSOE de la que se “rió el PP y ahora la presenta como la panacea”. “Lleven a Andalucía el modelo de Castilla y León”, afirmó antes Sobrados, argumento que utilizó después su compañera Mercedes Alzola para rechazar la proposición de IU y elogiar el resultado del programa del Ejecutivo autonómico.
Redacción / Astorga
Las Cortes de Castilla y León acordaron, tras seis debates sobre desahucios en los últimos meses en la Cámara, la primera propuesta conjunta para evitar los desalojos en la Comunidad y ofrecer soluciones a las personas con mayor riesgo de perder su casa. PP, PSOE e IU aparcaron las diferencias para apoyar la iniciativa popular de respaldo al Servicio Integral de la Junta e incorporar el fomento del alquiler social de viviendas vacías y la firma de un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia.
Cada grupo presentó por separado su proposición no de ley, en la que expusieron sus diferentes modelos, y la votación también fue individual. El acuerdo se produjo sobre la iniciativa del PP, votada por unanimidad de los 81 procuradores presentes en el hemiciclo, mientras que se respaldó de la misma manera un punto del texto socialista y dos de IU. “No es la propuesta del PP, es de todos y las soluciones que se plantean, se demostrarán eficaces”, aseguró el popular Alfonso García Vicente.
Hasta llegar al acuerdo, el debate evidenció discrepancias, reproches y diferencias entre la socialista Ana Redondo, José María González (IU), cuyos textos seguían el ejemplo andaluz, y los populares Daniel Sobrados y Mercedes Alzola, quienes rechazaron de planos tales ideas. El tono conciliador llegó con la presentación de la propuesta del PP por García Vicente, a la que se sumaron PSOE e IU. Redondo y González reconocieron que la PNL popular tiene “trampa” porque no se podían oponer a lo firmado por la Junta con los agentes sociales, aunque lo consideran insuficiente. “Vamos a apoyar un parche que no resuelve el problema real”, afirmó González.. “Es un canto a que las cosas no se han hecho bien y se pueden mejorar”, valoró Redondo.
El texto apoyado por unanimidad insta a la Junta a aprovechar las herramientas pactadas para prestar cobertura a las familias afectadas por hipotecas, priorizar las actuaciones negociadas sobre la deuda hipotecaria, proporcionar de forma inmediata asesoramiento en cuanto se apruebe la ley de protección de deudores hipotecarios, promover la adhesión de los municipios al fondo social de viviendas de alquiler, fomentar el alquiler social de casas vacías (recogido de IU), movilizar todos los recursos de la Junta y firmar un convenio con el TSJ (adaptado de la PNL socialista).
Debate por separado
Así antes del acuerdo, la propuesta socialista, defendida por la viceportavoz del Grupo, Ana Redondo, planteó el modelo andaluz de expropiación temporal del uso de viviendas vacías mediante la urgencia de un decreto-ley de la Junta, la creación de un registro de casas desabitadas, multas a entidades con viviendas vacías y la negociación de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y de la Federación Regional de Municipios y Provincias que permita la alerta temprana al Servicio Integral de la Junta.
“Es el momento de actuar el hecho de que haya tres proposiciones presentadas supone reconocer que lo hecho no es suficiente”, defendió Redondo, quien recordó que en 2012 se produjeron 3040 desahucios, un 15 por ciento más que el año interior, y que hay 260.000 viviendas desocupadas. “Es lógico que se presencien desalojos, es irracional y una desproporción”, sostuvo.
La iniciativa de IU, presentada por su procurador José María González, se asienta en la defensa del derecho constitucional a la vivienda y plantea las propuestas adoptadas en Andalucía. Coincide casi en su totalidad con la socialista, aunque la diferencia es de procedimiento, ya que González plantea un proyecto de ley para la expropiación del uso temporal de la vivienda y Redondo acudir al decreto-ley, como en esa comunidad, ante la urgencia para evitar los desahucios.
El popular Daniel Sobrados rechazó de plano la propuesta socialista, que tildó de “demagógica, populista y oportunista” e incluso añadió que es para “lavar la conciencia” de un partido que no actuó contra ese problema cuando estuvo en el Gobierno. “Han pasado de pedir frenar desahucios a pedir expropiaciones”, aseveró el popular, en una descalificación de la iniciativa, que después recibió duras criticas de Redondo, que le acusó de “ignorancia atrevida, de hacer méritos ante su grupo, de bravuconada sin sentido” y de no estar coordinado con su grupo que busca un acuerdo.
Redondo le recriminó que un “momento de gloria en la tribuna puede tener costes”, subrayó que ella busca el acuerdo y no el “pin-pam-pum” y recordó que la única medida puesta en marcha por la Junta (Servicio Integral) proviene de una propuesta del PSOE de la que se “rió el PP y ahora la presenta como la panacea”. “Lleven a Andalucía el modelo de Castilla y León”, afirmó antes Sobrados, argumento que utilizó después su compañera Mercedes Alzola para rechazar la proposición de IU y elogiar el resultado del programa del Ejecutivo autonómico.
