Confirmadas las imputaciones en la 'operación Púnica' en la Diputación de León

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado este lunes un auto por el que se acuerda la formación de la pieza número dos de la Operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en la Diputación de León. Así, el procedimiento judicial se dirige, entre otros, contra el ex presidente de la institución Marcos Martínez por los delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos.

Además, también se investiga al ex coordinador de la Diputación de León y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, por los delitos de fraude, cohecho y malversación, así como al ex interventor de la institución provincial y ahora viceinterventor, Manuel Jesús López Sánchez, por un fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. También figuran los nombres de los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa y las empresas de reputación en internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL.

Velasco acordó en septiembre del pasado año la formación de 12 piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos. Ahora, en un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid conforma la segunda de esas piezas -la primera fue la relativa al "chivatazo" de la investigación- con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige el procedimiento.

En su resolución, el magistrado apunta que la investigación revela que las empresas Eico y Madiva prestaban durante 2014 y años anteriores trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde sufragaban por "procedimientos irregulares", como el pago directo o facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la administración, mediante la inclusión del coste de estos trabajos en contratos públicos previstos para otro propósito o beneficiando a Alejandro de Pedro en procedimientos de contratación .

"Esta manera de proceder les permitía no sólo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros", explica el auto del juez Velasco.

En relación con los informes no públicos realizados por las empresas de reputación para el expresidente de la Diputación, el auto indica que no se han encontrado facturas que se correspondan con dichos servicios y "ello porque tal trabajo reputacional en Internet se costeaba con la colocación de 'banners' publicitarios en los diarios digitales de Alejandro de Pedro (...), donde se creaban noticias de cobertura favorables del político" para el que estaban trabajando, con cantidades que rondaban los 3.000 euros al mes. En total la Diputación de León pagó más de 105.000 euros a Alejandro de Pedro durante dos años y medio bajo las presidencias de la fallecida Isabel Carrasco y Marcos Martínez.

A su vez, explica el juez, De Pedro se prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular la información que le facilitaba Marcos Martínez sobre los apoyos de que gozaba en la formación política, con el objetivo de tratar de continuar como presidente del Partido Popular en la provincia y de la Diputación.

El auto también detalla las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la estación invernal de esquí de San Isidro. La resolución judicial no es firme por lo que se podrá recurrir en el plazo de tres días.