La lenta e incontenible agonía patrimonial de los pequeños pueblos leoneses

Las etapas históricas que suelen venir marcadas por situaciones transitorias que afectan duramente a las estructuras socioeconómicas vigentes (como la situación coyuntural que en nuestros días nos ha tocado vivir), evidencian un claro trasfondo de malestar y crítica social. En estas situaciones son muchos los aspectos cuestionados y cuestionables que, en mayor o menor medida, a todos nos afectan y en torno a los cuales se reclaman mutaciones sustanciales de mejora. 

No obstante, también hay que reconocer que existen otras realidades sociales que evidencian una profunda crisis de fondo, pero que sin embargo pasan bastante  desapercibidas para la mayoría de la gente. Una de estas realidades que está cayendo en el olvido es la que se circunscribe al medio rural, a la hora de valorar el deterioro y el abandono generalizado que están sufriendo un incontable número de pequeños pueblos emplazados a lo largo de toda la geografía peninsular, entre los que inevitablemente se sitúan los leoneses. La situación de emergencia por la que están atravesando muchos de nuestros pueblos ya no es sólo la que se refleja en unas cifras poblacionales, cada vez más bajas, como las recogidas en los censos de población, sino que a ese problema (ya irremisiblemente acatado) se le ha sumado otro más grave, como es la pérdida de unos valores patrimoniales que durante siglos han permitido definir las identidades de nuestros pueblos. Pues bien, en esta crisis larvada en nuestros días, que también parece extenderse al medio rural, ha quedado en gran medida relegada y sumida en unas altas dosis de pasividad. Ese desinterés bastante extendido que prevalece entre los moradores de estos pueblos, y que evidencia una deficiencia de estímulos para afrontar la problemática, viene a ser un argumento lo suficientemente justificativo como para dejar al descubierto algunas consideraciones importantes que, al menos, inviten a un mínimo ejercicio de reflexión valorativa. 

En este sentido, un aspecto vital a destacar en la trayectoria histórica experimentada en estos pueblos leoneses se sustentaría en dos pilares fundamentales, los cuales actualmente en riesgo de desaparición. Por un lado, se evidencia cómo se está asistiendo a la pérdida de ese carácter democrático que de manera tradicional fue el estandarte identificativo de los concejos vecinales, entendido el concejo como una institución de gobierno local, primordial y básica, a la hora de afrontar de forma eficiente la gestión del haber patrimonial y organización óptima que asegurase un orden armónico dentro de  la comunidad vecinal. Por otro lado, vital ha sido también el protagonismo que han desempeñado los recursos concejiles adscritos a estos pueblos, teniéndose en cuenta que estos bienes patrimoniales siempre fueron auto-gestionados por medio de unas juntas vecinales encargadas de asegurar su aprovechamiento con fines colectivos. Así pues, el denominador común que iba a caracterizar a todos estos órganos de gobierno locales siempre se basó en la búsqueda del beneficio colectivo (sobre el interés individual) en aras a ser aprovechado en su mayor grado posible por todos los vecinos y moradores. 

Con este telón de fondo, hemos de considerar que en los últimos años muchos de estos núcleos de población rurales están atravesando por una situación de tremendo desbarajuste, teniéndose presente que perfectamente se está vislumbrando (tal y como se percibe día a día) una pérdida irrecuperable de unas prerrogativas que aseguren la capacidad de autogestión de los pueblos y su toma de decisiones en los asuntos más relevantes que afectaban al común de vecinos. Por ello, el legado adoctrinador que durante siglos nos transmitieron las generaciones antecesoras se traduce en el hecho de  que supieron conservar con tenacidad y tesón sus privilegios patrimoniales que giraban en torno a esa idea de comunidad. Y ello  a pesar de los avatares y presiones ejercidas por otras instituciones de poder contra las que duramente tuvieron que luchar, como en este caso iban a ser los titulares de señoríos jurisdiccionales, enemigos que intentaron, aunque sin conseguirlo, menguar y debilitar la autoridad política asociada a estos poderes locales. 

Con esta realidad de por medio, varias son las causas que se esconden tras esta problemática que cada vez se muestra más difícil de solventar. 

En primer lugar, con la excusa de hacer frente a la crisis generalizada que nos invade, es evidente que los gobiernos de turno han intentado cercenar en la medida de lo posible la capacidad autogestionaria que hasta hace pocos años habían mantenido, con altas dosis de salud continuista, los distintos poderes locales que aparecen representados en sus respectivas juntas vecinales. En este caso la justificación de aminorar gastos, derivados de ese control político-administrativo ejercido por las distintas juntas vecinales, no parece haber sido un argumento de peso suficientemente creíble. De ello se desprende que la idea de mantener vigentes las juntas vecinales nunca ha implicado, ni actualmente implica, un elevado coste que suponga un despilfarro económico innecesario. Muy al contrario, el funcionamiento de las juntas vecinales han sido, en la amplia mayoría de los casos, un ejemplo testimonial del buen hacer en lo que a política local se refiere. Quizás por eso, y desde las instituciones de más alto rango, comenzando en muchos casos por los propios ayuntamientos, y pasando por las diputaciones hasta llegar al gobierno central, se ha intentado menospreciar (o al menos minimizar en el mayor grado posible) el grado de utilidad que han llegado a tener y que tienen tanto los concejos vecinales como sus juntas representativas. 

Ante ello la realidad es bien clara. Si los propios vecinos no arropan ni defienden esta digna causa de seguir defendiendo el mantenimiento de ese poder autogestionario directo sobre sus bienes patrimoniales ( como pueden ser las zonas de pradería, plantíos y montes, o edificios de uso colectivo), además de otros aspectos que afecten al interés común, e independientemente de los distintos colores políticos con los que simpatice cada uno, el abandono institucional en el que se van a ver inmersos muchos pueblos terminará por asestarles un golpe mortal que se traduciría en un olvido irrecuperable.

En segundo lugar, la ausencia de relevo generacional de cara al sostenimiento de estos poderes locales, teniendo presente el desinterés de muchos jóvenes (con vista a defender con ímpetu y responsabilidad la gestión adscrita a estas juntas vecinales), se está convirtiendo también hoy en día en la principal causa que está sumiendo en un estado de paroxismo y de letargo progresivo a muchas de estas pequeñas entidades poblacionales. 

En consecuencia, si ese patrimonio institucional (que con gran esfuerzo y dedicación pudo mantenerse a lo largo generaciones) se llegara a perder, su pérdida supondría no sólo el ocaso definitivo de muchos pequeños pueblos, sino que también la pérdida de ese patrimonio inmaterial tendría muchos visos de derivar implícitamente en la pérdida de su patrimonio material, es decir, de esos recursos comunales que históricamente tanta importancia tuvieron para sus vecindarios. Es por ello que la lucha y defensa canalizada en la pervivencia de las juntas vecinales es un deber que nos debe de implicar a todos, si realmente se tiene la sana predisposición de intentar salvar la agonía  que ha ceñido a muchos pueblos hacia la pérdida progresiva de sus señas de identidad.

No obstante, a pesar de todas las vicisitudes que se presentan en contra siempre existe un mínimo halo de optimismo. Por ello, y en los tiempos que corren, afortunadamente existen diversos medios disponibles (plataformas, redes sociales, recogidas de firmas, conferencias, etc.) que pueden auspiciar esta legítima reivindicación con vistas a poder conseguirse un cierto cambio de signo positivo. La  finalidad justificativa siempre será digna y loable. Otra cosa ya muy diferente es el calado social que en esta defensa a favor de la pervivencia de las juntas vecinales se pueda llegar a alcanzar.