Redacción
Miércoles, 15 de Mayo de 2013
Existe una "enorme demanda de los ciudadanos de que las administraciones sean más transparentes”
La experta Elisa de la Nuez, abogada del Estado y miembro de la Coalición Pro Acceso, ha asegurado que el proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que se halla en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, está “absolutamente desbordado” por la “enorme demanda de los ciudadanos de que las administraciones sean más transparentes”, motivo que ha llevado a las “sucesivas prórrogas” en su tramitación, y expuso algunas cuestiones de esta norma que consideró que son carencias.
De la Nuez realizó estas declaraciones durante la jornada celebrada en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para recabar aportaciones previas a la elaboración del Anteproyecto de Ley regional de Transparencia y Gobierno Abierto, donde resaltó la gran desconfianza que tienen los ciudadanos hacia la clase política, como quedó reflejado en el último Barómetro del CIS y en los estudios que se han hecho al respecto.
Al respecto, defendió que “para ser transparente no hace falta ninguna ley porque es una cuestión de voluntad política y de cultura”, que apuntó que en España no existe, pero añadió que esas leyes pueden servir como “herramientas o palancas” para provocar esos “cambios culturales”, pero “no son un bien en si mismas”.
Respecto a las carencias del texto que se está debatiendo en el Congreso, la experta jurídica consideró que el principal problema es que contempla la transparencia como “un derecho administrativo” cuando opinó que debería ser “un derecho fundamental”, amparado por el artículo 20 de la Constitución de derecho a la información, lo que evitaría muchos problemas.
Asimismo, De la Nuez destacó que su ámbito de aplicación ha generado muchas controversias porque en principio no estaba previsto que incluyera a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y la Casa Real, lo que levantó muchas protestas de los ciudadanos y ha llevado a debatir su inclusión. Esto, explicó la abogada del Estado, genera problemas porque supone introducir en la ley entidades privadas cuando estaba pensada sólo para el sector público.
“Nosotros hablamos de seguir la pista del dinero, no tanto tener en cuenta si una entidad tiene una forma jurídica pública, sino de ver en qué se gasta el dinero público”, remarcó De la Nuez, quien recordó que partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y la Casa Real reciben “un enorme dinero público” y “parece razonable” que se les controle.
También aludió al “debate sobre la publicidad activa y pasiva”, señalando que el anteproyecto de ley estatal es “bastante generoso” con la primera, aunque haya dejado fuera “algunos casos”, pero, en cuanto a la publicidad pasiva, se contemplan “limitaciones muy amplias y muy generales”, y contradicciones con el derecho a la protección de datos.
Al respecto, la abogada del Estado defendió que “cuando uno ocupa un cargo público, debe aceptar voluntariamente que haya determinadas cosas que se tienen que saber, como la declaración de la Renta o de bienes, porque facilita mucho a cambio esa cultura de las transparencia y genera confianza entre los ciudadanos”. “La ley ahora es tímida en esto”, aclaró.
Asimismo, consideró que debería haber “mucha más información abierta” para evitar a los ciudadanos que tengan que pedirla y apostó porque se establezca “el silencio administrativo positivo”, porque “obliga a los funcionarios a contestar en plazo”, y un sistema de “incentivos negativos (sanciones) y positivos” para animarles a cumplir la ley.
Por último, De la Nuez remarcó que debe existir “una autoridad independiente” que supervise el cumplimiento de la norma y criticó la agencia propuesta en el anteproyecto porque depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “Creo que se debe sacar el organismo de supervisión de la estructura de la Administración”, aseveró la experta, quien planteó que se podría coger “alguna unidad administrativa y ponerle una cúpula independiente, formada por ejemplo por gente de las organizaciones civiles”, y que eso “le daría una gran credibilidad a la ley”.
“Lo que ustedes (las administraciones) tienen que hacer es poner muchos datos a disposición de los ciudadanos y alguien hará las tablas y los analizará porque hay mucho conocimiento fuera, sólo deben facilitarles la información de forma ordenada y reutilizable, y no se preocupen de nada más”, concluyó la abogada del Estado.
La experta Elisa de la Nuez, abogada del Estado y miembro de la Coalición Pro Acceso, ha asegurado que el proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que se halla en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, está “absolutamente desbordado” por la “enorme demanda de los ciudadanos de que las administraciones sean más transparentes”, motivo que ha llevado a las “sucesivas prórrogas” en su tramitación, y expuso algunas cuestiones de esta norma que consideró que son carencias.
De la Nuez realizó estas declaraciones durante la jornada celebrada en la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para recabar aportaciones previas a la elaboración del Anteproyecto de Ley regional de Transparencia y Gobierno Abierto, donde resaltó la gran desconfianza que tienen los ciudadanos hacia la clase política, como quedó reflejado en el último Barómetro del CIS y en los estudios que se han hecho al respecto.
Al respecto, defendió que “para ser transparente no hace falta ninguna ley porque es una cuestión de voluntad política y de cultura”, que apuntó que en España no existe, pero añadió que esas leyes pueden servir como “herramientas o palancas” para provocar esos “cambios culturales”, pero “no son un bien en si mismas”.
Respecto a las carencias del texto que se está debatiendo en el Congreso, la experta jurídica consideró que el principal problema es que contempla la transparencia como “un derecho administrativo” cuando opinó que debería ser “un derecho fundamental”, amparado por el artículo 20 de la Constitución de derecho a la información, lo que evitaría muchos problemas.
Asimismo, De la Nuez destacó que su ámbito de aplicación ha generado muchas controversias porque en principio no estaba previsto que incluyera a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y la Casa Real, lo que levantó muchas protestas de los ciudadanos y ha llevado a debatir su inclusión. Esto, explicó la abogada del Estado, genera problemas porque supone introducir en la ley entidades privadas cuando estaba pensada sólo para el sector público.
“Nosotros hablamos de seguir la pista del dinero, no tanto tener en cuenta si una entidad tiene una forma jurídica pública, sino de ver en qué se gasta el dinero público”, remarcó De la Nuez, quien recordó que partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y la Casa Real reciben “un enorme dinero público” y “parece razonable” que se les controle.
También aludió al “debate sobre la publicidad activa y pasiva”, señalando que el anteproyecto de ley estatal es “bastante generoso” con la primera, aunque haya dejado fuera “algunos casos”, pero, en cuanto a la publicidad pasiva, se contemplan “limitaciones muy amplias y muy generales”, y contradicciones con el derecho a la protección de datos.
Al respecto, la abogada del Estado defendió que “cuando uno ocupa un cargo público, debe aceptar voluntariamente que haya determinadas cosas que se tienen que saber, como la declaración de la Renta o de bienes, porque facilita mucho a cambio esa cultura de las transparencia y genera confianza entre los ciudadanos”. “La ley ahora es tímida en esto”, aclaró.
Asimismo, consideró que debería haber “mucha más información abierta” para evitar a los ciudadanos que tengan que pedirla y apostó porque se establezca “el silencio administrativo positivo”, porque “obliga a los funcionarios a contestar en plazo”, y un sistema de “incentivos negativos (sanciones) y positivos” para animarles a cumplir la ley.
Por último, De la Nuez remarcó que debe existir “una autoridad independiente” que supervise el cumplimiento de la norma y criticó la agencia propuesta en el anteproyecto porque depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “Creo que se debe sacar el organismo de supervisión de la estructura de la Administración”, aseveró la experta, quien planteó que se podría coger “alguna unidad administrativa y ponerle una cúpula independiente, formada por ejemplo por gente de las organizaciones civiles”, y que eso “le daría una gran credibilidad a la ley”.
“Lo que ustedes (las administraciones) tienen que hacer es poner muchos datos a disposición de los ciudadanos y alguien hará las tablas y los analizará porque hay mucho conocimiento fuera, sólo deben facilitarles la información de forma ordenada y reutilizable, y no se preocupen de nada más”, concluyó la abogada del Estado.
