El fiscal y los 26 del PP
EL BLOG DE de FERNANDO ALLER /
“Obstrucción a la justicia es el presunto delito que le atribuye el fiscal a la cúpula directiva del PP de León”
El fiscal no quiere que el archivo oculte un presunto delito de obstrucción a la justicia en el que están implicados 26 altos cargos del PP de León. Diputados y senadores, procuradores regionales, alcaldes y diputados provinciales firmaron una carta enviada al presidente Herrera, en su calidad de líder regional del partido, solicitando su intervención encaminada a impedir que Javier García Prieto declarase como testigo en una causa abierta contra Isabel Carrasco, presidenta provincial del partido y de la Diputación. El razonamiento utilizado por los firmantes de la carta era sencillo y aventurado : La citación como testigo “solo alcanza un verdadero significado si quien reclama la comparecencia de Javier García Prieto tiene la certeza de que actuará contra la presidenta provincial del partido de forma abierta”. Ya se sabe que el miedo es libre y la justicia determinará algún día, cuando se dicte sentencia, si los protectores de Isabel Carrasco tenían o no motivos suficientes para tanto temor como temeridad han demostrado.
No es preciso recordar que la demanda contra Isabel Carrasco está relacionada con el presunto cobro irregular de kilometrajes en su calidad de vicepresidenta de Caja España. Según la denuncia, Isabel Carrasco habría cobrado de la entidad bancaria desplazamientos realizados con el coche oficial de la Diputación. Los chóferes de la Diputación también están llamados a declarar como testigos. Este procedimiento sigue su curso.
La intromisión de “los 26 del PP” con su polémico escrito es causa aparte y es asunto sobre el que ahora se ha pronunciado la Fiscalía. La titular del juzgado número 4 decidió el archivo de la demanda sin practicar diligencia alguna y el fiscal ha presentado un “recurso de reforma y subsidiario de apelación” por entender que existen indicios de infracción penal. Esta personación del fiscal en la causa, puesto que no se trata de una simple recomendación, abre las puertas a la posible comparecencia de la cúpula dirigente del PP leonés ante los tribunales. Diputados y senadores deberán declarar ante el Tribunal Supremo, los parlamentarios autonómicos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y los alcaldes y diputados provinciales, en los juzgados ordinarios.
Si los jueces confirman la tesis del fiscal, los firmantes podrían ser condenados a cárcel de dos a cuatro años e inhabilitación para cargo público. Es decir, que debido al celo del fiscal en la sede provincial del PP ha cundido el pánico, motivo por el cual el partido ha hecho público un comunicado en el que se afirma que la carta firmada no estaba pensada para su difusión pública y que debe ser interpretada en clave política y no jurídica. No parece sustancial al caso la publicación o no de la carta, ya que aquí lo que se denuncia no es asunto de derecho a la imagen y al honor. Lo especifica y aclara el fiscal: la acción de los firmantes podría ser constitutiva de “infracción penal”, de un “delito de obstrucción a la justicia”, ya que infringiría el artículo 464 del Código Penal, que “preserva la libertad y seguridad de los intervinientes en los procedimientos judiciales, venciendo posibles represalias que pueden tomarse frente a ellos por tal condición”
El fiscal critica que se haya dictado “el sobreseimiento sin más”, “no habiéndose practicado diligencia alguna”, y en consecuencia pide que se tome declaración al perjudicado. ¿García Prieto se considera perjudicado, coaccionado, víctima de una disputa entre terceros? El testigo se refugia en la discreción hasta ser llamado, prefiere que la aplicación de la ley siga su curso. No entra en calificaciones, aunque no se le oculta que el escrito tiene un “claro contenido intimidatorio”. Apabullante.
(Publicado en El Norte de Castilla 27-5-2013)
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“Obstrucción a la justicia es el presunto delito que le atribuye el fiscal a la cúpula directiva del PP de León”
El fiscal no quiere que el archivo oculte un presunto delito de obstrucción a la justicia en el que están implicados 26 altos cargos del PP de León. Diputados y senadores, procuradores regionales, alcaldes y diputados provinciales firmaron una carta enviada al presidente Herrera, en su calidad de líder regional del partido, solicitando su intervención encaminada a impedir que Javier García Prieto declarase como testigo en una causa abierta contra Isabel Carrasco, presidenta provincial del partido y de la Diputación. El razonamiento utilizado por los firmantes de la carta era sencillo y aventurado : La citación como testigo “solo alcanza un verdadero significado si quien reclama la comparecencia de Javier García Prieto tiene la certeza de que actuará contra la presidenta provincial del partido de forma abierta”. Ya se sabe que el miedo es libre y la justicia determinará algún día, cuando se dicte sentencia, si los protectores de Isabel Carrasco tenían o no motivos suficientes para tanto temor como temeridad han demostrado.
No es preciso recordar que la demanda contra Isabel Carrasco está relacionada con el presunto cobro irregular de kilometrajes en su calidad de vicepresidenta de Caja España. Según la denuncia, Isabel Carrasco habría cobrado de la entidad bancaria desplazamientos realizados con el coche oficial de la Diputación. Los chóferes de la Diputación también están llamados a declarar como testigos. Este procedimiento sigue su curso.
La intromisión de “los 26 del PP” con su polémico escrito es causa aparte y es asunto sobre el que ahora se ha pronunciado la Fiscalía. La titular del juzgado número 4 decidió el archivo de la demanda sin practicar diligencia alguna y el fiscal ha presentado un “recurso de reforma y subsidiario de apelación” por entender que existen indicios de infracción penal. Esta personación del fiscal en la causa, puesto que no se trata de una simple recomendación, abre las puertas a la posible comparecencia de la cúpula dirigente del PP leonés ante los tribunales. Diputados y senadores deberán declarar ante el Tribunal Supremo, los parlamentarios autonómicos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y los alcaldes y diputados provinciales, en los juzgados ordinarios.
Si los jueces confirman la tesis del fiscal, los firmantes podrían ser condenados a cárcel de dos a cuatro años e inhabilitación para cargo público. Es decir, que debido al celo del fiscal en la sede provincial del PP ha cundido el pánico, motivo por el cual el partido ha hecho público un comunicado en el que se afirma que la carta firmada no estaba pensada para su difusión pública y que debe ser interpretada en clave política y no jurídica. No parece sustancial al caso la publicación o no de la carta, ya que aquí lo que se denuncia no es asunto de derecho a la imagen y al honor. Lo especifica y aclara el fiscal: la acción de los firmantes podría ser constitutiva de “infracción penal”, de un “delito de obstrucción a la justicia”, ya que infringiría el artículo 464 del Código Penal, que “preserva la libertad y seguridad de los intervinientes en los procedimientos judiciales, venciendo posibles represalias que pueden tomarse frente a ellos por tal condición”
El fiscal critica que se haya dictado “el sobreseimiento sin más”, “no habiéndose practicado diligencia alguna”, y en consecuencia pide que se tome declaración al perjudicado. ¿García Prieto se considera perjudicado, coaccionado, víctima de una disputa entre terceros? El testigo se refugia en la discreción hasta ser llamado, prefiere que la aplicación de la ley siga su curso. No entra en calificaciones, aunque no se le oculta que el escrito tiene un “claro contenido intimidatorio”. Apabullante.
(Publicado en El Norte de Castilla 27-5-2013)
