La trama eólica de corrupción extiende sus tentáculos en Maragatería
El Parque Eólico 'Argañoso' de Santa Colomba de Somoza, se encuentra en el epicentro de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra altos cargos de la Junta de Castilla y León a los que acusa de cobrar comisiones millonarias por la construcción de parques eólicos. La instalación maragata forma parte de la red de 18 parques de León, Soria y Burgos sobre la que recae las sospechas de Anticorrupción
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Aunque el negocio y las primas de las energías limpias siempre estuvieron bajo la lupa de la sospecha, nadie en Maragatería podía intuir que en aquel mes de julio de 2006, cuando la Junta resolvió la autorización administrativa del Parque Eólico 'Argañoso', quien estampó la firma de dicha autorización, el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, iba a ser 11 años después el principal actor de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
La instalación generadora de energía se encuentra entre Argañoso, La Maluenga, Viforcos y Rabanal del Camino, y se accede a ella a través de un camino que une la Autovía A-6 con la localidad de Foncebadón. Ese magnífico paraje natural situado en los Montes de León se convirtió en una de las partes en que se troceó el gran macroparque eólico que acabó extendiéndose por una extensa área geográfica entre el Manzanal y los términos municipales de Santa Colomba de Somoza y Lucillo, y que tuvo proyectos que no llegaron a nacer, como el parque eólico de Quintanilla de Combarros. Si nos situamos en un mapa, enfrente se encuentran los molinos de viento de la zona de El Bierzo de Castropodame, Matachana, Torre del Bierzo o Folgoso de la Ribera. Un área entre la comarca berciana y Maragatería a la que las empresas del sector le han sabido sacar partido al soplo del viento.
En aquel mes de julio de 2006 la Junta autorizaba a la empresa Energía Global Castellana SA a levantar el Parque Eólico 'Argañoso' con 11 aerogeneradores y 22 MW de potencia en los términos municipales de Santa Colomba de Somoza y Torre del Bierzo. La electricidad generada por los aerogeneradores es recogida por líneas de distribución subterráneas que desembocan en la subestación colectora ubicada en el paraje 'Las encrucijadas'
Energía Global Castellana SA era la firma compartida por Iberdrola y San Cayetano Wind, la empresa fundada por Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, la empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones.
El parque 'Argañoso' formó parte de las inversiones enmarcadas por Iberdrola en su Plan Estratégico 2008-2010, que contemplaba destinar 460 millones de euros en el área de las energías renovables con el fin de instalar un total de 340 MW eólicos adicionales en Castilla y León.
Siete años para tramitar la autorización del parque 'Argañoso'
La tramitación para levantar el parque eólico en el término municipal de Santa Colomba de Somoza comenzó en junio de 1999 por parte de las empresas Gamesa SA e Investigación y Desarrollo de Energías Renovables (IDER) SL. Sin embargo, tuvieron que pasar siete años para que el parque 'Argañoso' recibiera el visto bueno definitivo. ¿Qué había ocurrido desde 1999 hasta 2006 para que se alargara tanto el proceso? y ¿por qué finalmente no fue ninguna de las dos empresas las encargadas de llevar adelante el proyecto?
En la respuesta a esas dos preguntas se encuentra el nudo en el que, presuntamente, se enredó la trama de comisiones denunciada por la Agencia Tributaria en el año 2015 y que ha sido la base de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. Energía Global Castellana SA fue creada en 2004, año a partir del cual 18 proyectos de León, Soria y Burgos que llevaban años guardados en los cajones (el más antiguo de ellos era precisamente el de 'Argañoso') recibieron el empujón definitivo para su tramitación. Fue, precisamente, en el año 2004 cuando el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, que aparece en el centro de la trama, ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones territoriales de la Junta sino que dependiesen directamente de él, como ha publicado El Confidencial, periódico que ha tenido acceso a la querella. "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición" de la Fiscalía Anticorrupción.
Cobros para agilizar las tramitaciones administrativas
La investigación realizada por la Agencia Tributaria, plasmada en un informe de 2015, concluía sobre “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo", que cobraron, según se ha sabido dos años después en la querella de Anticorrupción, 80 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos.
La Agencia Tributaria detalle en su informe que en esa organización se encontraban "autoridades públicas de Castilla y León", "las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques", "los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas" y "las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones" por importe de 80 milones de euros.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción ha sido presentada contra 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencia, entre ellas se encuentran el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, mano derecha del exconsejero Tomás Villanueva, también contra Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, así como contra cuatro directivos de Iberdrola y los propietarios de la constructora Collosa.
Aunque el negocio y las primas de las energías limpias siempre estuvieron bajo la lupa de la sospecha, nadie en Maragatería podía intuir que en aquel mes de julio de 2006, cuando la Junta resolvió la autorización administrativa del Parque Eólico 'Argañoso', quien estampó la firma de dicha autorización, el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, iba a ser 11 años después el principal actor de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción.
La instalación generadora de energía se encuentra entre Argañoso, La Maluenga, Viforcos y Rabanal del Camino, y se accede a ella a través de un camino que une la Autovía A-6 con la localidad de Foncebadón. Ese magnífico paraje natural situado en los Montes de León se convirtió en una de las partes en que se troceó el gran macroparque eólico que acabó extendiéndose por una extensa área geográfica entre el Manzanal y los términos municipales de Santa Colomba de Somoza y Lucillo, y que tuvo proyectos que no llegaron a nacer, como el parque eólico de Quintanilla de Combarros. Si nos situamos en un mapa, enfrente se encuentran los molinos de viento de la zona de El Bierzo de Castropodame, Matachana, Torre del Bierzo o Folgoso de la Ribera. Un área entre la comarca berciana y Maragatería a la que las empresas del sector le han sabido sacar partido al soplo del viento.
En aquel mes de julio de 2006 la Junta autorizaba a la empresa Energía Global Castellana SA a levantar el Parque Eólico 'Argañoso' con 11 aerogeneradores y 22 MW de potencia en los términos municipales de Santa Colomba de Somoza y Torre del Bierzo. La electricidad generada por los aerogeneradores es recogida por líneas de distribución subterráneas que desembocan en la subestación colectora ubicada en el paraje 'Las encrucijadas'
Energía Global Castellana SA era la firma compartida por Iberdrola y San Cayetano Wind, la empresa fundada por Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, la empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones.
El parque 'Argañoso' formó parte de las inversiones enmarcadas por Iberdrola en su Plan Estratégico 2008-2010, que contemplaba destinar 460 millones de euros en el área de las energías renovables con el fin de instalar un total de 340 MW eólicos adicionales en Castilla y León.
Siete años para tramitar la autorización del parque 'Argañoso'
La tramitación para levantar el parque eólico en el término municipal de Santa Colomba de Somoza comenzó en junio de 1999 por parte de las empresas Gamesa SA e Investigación y Desarrollo de Energías Renovables (IDER) SL. Sin embargo, tuvieron que pasar siete años para que el parque 'Argañoso' recibiera el visto bueno definitivo. ¿Qué había ocurrido desde 1999 hasta 2006 para que se alargara tanto el proceso? y ¿por qué finalmente no fue ninguna de las dos empresas las encargadas de llevar adelante el proyecto?
En la respuesta a esas dos preguntas se encuentra el nudo en el que, presuntamente, se enredó la trama de comisiones denunciada por la Agencia Tributaria en el año 2015 y que ha sido la base de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. Energía Global Castellana SA fue creada en 2004, año a partir del cual 18 proyectos de León, Soria y Burgos que llevaban años guardados en los cajones (el más antiguo de ellos era precisamente el de 'Argañoso') recibieron el empujón definitivo para su tramitación. Fue, precisamente, en el año 2004 cuando el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, que aparece en el centro de la trama, ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones territoriales de la Junta sino que dependiesen directamente de él, como ha publicado El Confidencial, periódico que ha tenido acceso a la querella. "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición" de la Fiscalía Anticorrupción.
Cobros para agilizar las tramitaciones administrativas
La investigación realizada por la Agencia Tributaria, plasmada en un informe de 2015, concluía sobre “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo", que cobraron, según se ha sabido dos años después en la querella de Anticorrupción, 80 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos.
La Agencia Tributaria detalle en su informe que en esa organización se encontraban "autoridades públicas de Castilla y León", "las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques", "los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas" y "las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones" por importe de 80 milones de euros.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción ha sido presentada contra 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencia, entre ellas se encuentran el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, mano derecha del exconsejero Tomás Villanueva, también contra Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, así como contra cuatro directivos de Iberdrola y los propietarios de la constructora Collosa.
