El Procurador del Común exige al alcalde de Santa Marina que cumpla con la periodicidad de los plenos
El concejal de UPL en el Ayuntamiento de Santa Marina del Rey, José González García, denuncia que desde el inicio de la legislatura el equipo de gobierno encabezado por el alcalde, Francisco Javier Álvarez Álvarez, "ha hecho caso omiso al acuerdo Plenario de 10 de julio de 2015", que se establecía la obligación de celebrar una sesión plenaria ordinaria cada dos meses, en concreto el tercer jueves.
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Tal y como ha puesto de relieve la UPL, en Santa Marina del Rey sólo se había celebrado a la fecha de la resolución del Procurador del Común, el pasado 25 de julio, una sesión ordinaria de las 12 que se deberían haber celebrado y ésta coincidiendo con el requerimiento de información por parte del Procurador del Común.
"Este tipo de prácticas son, por desgracia, habituales para alcaldes y equipos de gobierno que tienen algo que ocultar o que pretenden sustraer a la voluntad del Pleno su capacidad o obligación de controlar y fiscalizar la acción del equipo de gobierno", señala el edil leonesita.
González García indica que los requerimientos por parte de UPL "han sido tan numerosos como las negativas del alcalde a la convocatoria de estas sesiones o el acceso a la información", impidiendo, de esta manera, la labor de control de una gestión "opaca y autoritaria".
El informe jurídico del Procurador del Común emitido a instancias del concejal de UPL es "exhaustivo y demoledor y demuestra la ineficacia de nuestro sistema administrativo al carecer de un control eficaz que permita evitar este tipo de prácticas".
Tal y como ha puesto de relieve la UPL, en Santa Marina del Rey sólo se había celebrado a la fecha de la resolución del Procurador del Común, el pasado 25 de julio, una sesión ordinaria de las 12 que se deberían haber celebrado y ésta coincidiendo con el requerimiento de información por parte del Procurador del Común.
"Este tipo de prácticas son, por desgracia, habituales para alcaldes y equipos de gobierno que tienen algo que ocultar o que pretenden sustraer a la voluntad del Pleno su capacidad o obligación de controlar y fiscalizar la acción del equipo de gobierno", señala el edil leonesita.
González García indica que los requerimientos por parte de UPL "han sido tan numerosos como las negativas del alcalde a la convocatoria de estas sesiones o el acceso a la información", impidiendo, de esta manera, la labor de control de una gestión "opaca y autoritaria".
El informe jurídico del Procurador del Común emitido a instancias del concejal de UPL es "exhaustivo y demoledor y demuestra la ineficacia de nuestro sistema administrativo al carecer de un control eficaz que permita evitar este tipo de prácticas".
