Redacción
Lunes, 24 de Junio de 2013
Los pequeños agricultores en la nueva PAC
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea tratarán de cerrar el miércoles la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que Bruselas pretende que sea más verde y reparta las ayudas de manera más justa entre los agricultores de todo el continente, tras haber limado las diferencias que separan a los 27 de la posición del Parlamento Europeo, que por primera vez también debe aprobar la reforma. La principal batalla de España en esta recta final es conseguir la máxima flexibilización posible en la convergencia interna que propone Bruselas y que pretende homogeneizar los pagos que reciben los agricultores.
“La aplicación de la convergencia interna produciría una enorme injusticia, que sería apoyar más a los que no lo necesitan para ser rentables, y quitarles apoyos a los que lo necesitan para poder ser competitivos”, explicó el ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, a la llegada a la reunión en Luxemburgo. La propuesta de la Comisión Europea planteaba una “tasa plana” para que todos los agricultores, independientemente de su cultivo o su región, recibieran un mismo pago por hectárea. Pero Cañete defiende que la diversidad productiva “terrorífica” de España, “donde coexisten cultivos tropicales, semitropicales, continentales y mediterráneos”, impide dar un tratamiento uniforme a todos los cultivos.
Por ello, Cañete lucha para conseguir flexibilizar esta convergencia interna a través de distintos mecanismos. Por un lado, el ministro español pretende dejar fuera a los pequeños agricultores, que reciben hasta 1.250 euros de ayudas europeas al año. Así, se conseguiría que una tercera parte de los agricultores españoles estuvieran exentos de la condicionalidad que implica la convergencia interna y las medidas de reverdecimiento.
Además, España pretende atenuar el impacto de la convergencia interna estableciendo una limitación de pérdidas para casos puntuales, “para que ningún agricultor pueda perder por encima de un determinado umbral”. Otra herramienta que defiende Cañete es rebajar el porcentaje de convergencia, que en la última propuesta se había establecido en el 75 por ciento del pago medio de una región. Finalmente, el ministro pretende que el elemento verde de las ayudas directas –que condicionaría un 30 por ciento de los subsidios al cumplimiento de prácticas con beneficio medioambiental- se calcule por explotación y no a nivel nacional. De este modo, considera el Gobierno, se evitaría una convergencia “automática inicial”.
La combinación de estas cuatro medidas para flexibilizar una convergencia interna que tendría consecuencias negativas para el campo español, según Cañete, es un mensaje que el ministro cree que ha conseguido “hacer calar en la Comisión Europea”, aunque reconoce que aún quedan “muchos temas abiertos”.
“Hemos hablado mucho tiempo con el ministro español y he entendido los problemas específicos de España, que tiene una fuerte diversidad en los tipos de explotación y por ello le he ofrecido varios elementos de flexibilidad”, ha confirmado el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos. “Países como España, Italia y Portugal encontrarán la manera para integrarse en el modelo que vamos a adoptar”, ha añadido, confiado, el comisario.
España, además, lucha para defender los intereses de sectores específicos. Así, Cañete pretende que los cultivos permanentes califiquen como un modelo agrícola respetuoso con el medioambiente, para evitar que tengan que cumplir con ningún otro requisito para recibir la prima del “greening”. “Esto permitiría que los olivares, viñedos, cítricos y frutas quedaran exentas de requisitos adicionales y resolvería muchos problemas”, dijo Cañete. El ministro, también quiere que se prolonguen las cuotas del azúcar hasta el 2017 y que se mantenga el actual régimen de autorización de viñedos hasta el 2024, para evitar que se multipliquen.
La reunión que arranca es clave porque, si la UE no logra un acuerdo, la reforma podría quedar aplazada hasta el otoño. De hecho, la Comisión ya está preparando medidas transitorias porque, aunque el calendario inicial preveía que la nueva PAC se pusiera en marcha el año que viene, en el mejor de los casos entrará en vigor en 2015.
“La aplicación de la convergencia interna produciría una enorme injusticia, que sería apoyar más a los que no lo necesitan para ser rentables, y quitarles apoyos a los que lo necesitan para poder ser competitivos”, explicó el ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, a la llegada a la reunión en Luxemburgo. La propuesta de la Comisión Europea planteaba una “tasa plana” para que todos los agricultores, independientemente de su cultivo o su región, recibieran un mismo pago por hectárea. Pero Cañete defiende que la diversidad productiva “terrorífica” de España, “donde coexisten cultivos tropicales, semitropicales, continentales y mediterráneos”, impide dar un tratamiento uniforme a todos los cultivos.
Por ello, Cañete lucha para conseguir flexibilizar esta convergencia interna a través de distintos mecanismos. Por un lado, el ministro español pretende dejar fuera a los pequeños agricultores, que reciben hasta 1.250 euros de ayudas europeas al año. Así, se conseguiría que una tercera parte de los agricultores españoles estuvieran exentos de la condicionalidad que implica la convergencia interna y las medidas de reverdecimiento.
Además, España pretende atenuar el impacto de la convergencia interna estableciendo una limitación de pérdidas para casos puntuales, “para que ningún agricultor pueda perder por encima de un determinado umbral”. Otra herramienta que defiende Cañete es rebajar el porcentaje de convergencia, que en la última propuesta se había establecido en el 75 por ciento del pago medio de una región. Finalmente, el ministro pretende que el elemento verde de las ayudas directas –que condicionaría un 30 por ciento de los subsidios al cumplimiento de prácticas con beneficio medioambiental- se calcule por explotación y no a nivel nacional. De este modo, considera el Gobierno, se evitaría una convergencia “automática inicial”.
La combinación de estas cuatro medidas para flexibilizar una convergencia interna que tendría consecuencias negativas para el campo español, según Cañete, es un mensaje que el ministro cree que ha conseguido “hacer calar en la Comisión Europea”, aunque reconoce que aún quedan “muchos temas abiertos”.
“Hemos hablado mucho tiempo con el ministro español y he entendido los problemas específicos de España, que tiene una fuerte diversidad en los tipos de explotación y por ello le he ofrecido varios elementos de flexibilidad”, ha confirmado el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos. “Países como España, Italia y Portugal encontrarán la manera para integrarse en el modelo que vamos a adoptar”, ha añadido, confiado, el comisario.
España, además, lucha para defender los intereses de sectores específicos. Así, Cañete pretende que los cultivos permanentes califiquen como un modelo agrícola respetuoso con el medioambiente, para evitar que tengan que cumplir con ningún otro requisito para recibir la prima del “greening”. “Esto permitiría que los olivares, viñedos, cítricos y frutas quedaran exentas de requisitos adicionales y resolvería muchos problemas”, dijo Cañete. El ministro, también quiere que se prolonguen las cuotas del azúcar hasta el 2017 y que se mantenga el actual régimen de autorización de viñedos hasta el 2024, para evitar que se multipliquen.
La reunión que arranca es clave porque, si la UE no logra un acuerdo, la reforma podría quedar aplazada hasta el otoño. De hecho, la Comisión ya está preparando medidas transitorias porque, aunque el calendario inicial preveía que la nueva PAC se pusiera en marcha el año que viene, en el mejor de los casos entrará en vigor en 2015.
