Redacción
Domingo, 30 de Junio de 2013
La Fiscalía ve indicios de delito en los préstamos concedidos por Caja España-Duero a ex directivos de la entidad
El Juzgado de Instrucción número 5 de León continuará con la investigación iniciada por por el Fiscal Jefe de León, Emilio Fernández Rodríguez, quien ha visto indicios de delito societario en la concesión de préstamos a ex dirigentes de la antigua Caja España Duero, como Santos Llamas, que recibió mas de 100 millones de euros, "a través de más de cuarenta préstamos", según ha reconocido el máximo responsable del Ministerio Fiscal de León en la Cadena Ser.
La investigación empezó después de la denuncia presentada por Izquierda Unida en noviembre de 2011, para que la Fiscalía de León investigara la concesión de créditos de "escasa solvencia" y en "condiciones ventajosas" a directivos de Caja España y Caja Duero. En concreto el consejero de Caja Duero Francisco Rubio y el entonces presidente de Caja España, Santos Llamas, entre otros, habían recibido créditos que llegaban a sumar unos 100 millones de euros en algunos casos.
Satisfacción en IU
Ante esta noticia, IU muestra su alegría por la designación del juzgado que abrirá diligencias por los indicios de delito detectados por la Fiscalía en el 'Caso Caja España'. Hasta cuatro años cárcel o multa puede ser la pena, si se demuestran los hechos denunciados por Izquierda Unida. "Podemos contar con que la justicia ha empezado a actuar con una base previa, construida por la Fiscalía. Más de lo que se podía esperar hace unos meses, para terror de quienes tienen mucho que ocultar", señala en una nota de prensa el coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez.
"Ya es un éxito democrático que la ruina de la Caja llegue a magistratura y el tipo penal sea además el de administración desleal. Confiamos en que el juzgado dote de transparencia al proceso de destrucción de la Caja por parte de algunos 'ladrilleros', el PP, el PSOE y la UPL, entre otros", continúa argumentando el coordinador provincial.
Según Ordóñez, lo que falta por dilucidar son las responsabilidades políticas. "Los aparatos del PP, del PSOE y la UPL no han pagado por robarnos con sus decisiones el músculo financiero de la provincia. Isabel Carrasco huyó como las ratas cuando vio que podía quemarse. Pero ha sido Vicepresidenta de Santos Llamas y tiene pendiente responder por el cobro de dietas y kilometrajes. Paco Fernández se ha jubilado pero ha seguido hasta el final. Estos dos eran las caras de la venta de Caja España al ladrillo pero no estaban solos. Todavía estamos esperando dimisiones y asunción de responsabilidades por la política de rapiña que perpetraron junto a otros responsables políticos y sindicales", apunta en la nota de prensa.
El máximo responsable de la coalición de izquierda en León asegura que "lo que de verdad necesitamos es el clamor de la verdad, que paguen los culpables y que le devuelvan a León el 'núcleo cesante' que le han robado a los desahuciados, estafados por las preferentes, negocios arruinados por falta de crédito y beneficiarios de la obra social, que junto a las inversiones futuras necesarias para la provincia se han ido por el desagüe de posibles intereses personales y sospechas de corruptelas, con un resultado muy parecido al de un asalto pirata de libro".
El Juzgado de Instrucción número 5 de León continuará con la investigación iniciada por por el Fiscal Jefe de León, Emilio Fernández Rodríguez, quien ha visto indicios de delito societario en la concesión de préstamos a ex dirigentes de la antigua Caja España Duero, como Santos Llamas, que recibió mas de 100 millones de euros, "a través de más de cuarenta préstamos", según ha reconocido el máximo responsable del Ministerio Fiscal de León en la Cadena Ser.
La investigación empezó después de la denuncia presentada por Izquierda Unida en noviembre de 2011, para que la Fiscalía de León investigara la concesión de créditos de "escasa solvencia" y en "condiciones ventajosas" a directivos de Caja España y Caja Duero. En concreto el consejero de Caja Duero Francisco Rubio y el entonces presidente de Caja España, Santos Llamas, entre otros, habían recibido créditos que llegaban a sumar unos 100 millones de euros en algunos casos.
Satisfacción en IU
Ante esta noticia, IU muestra su alegría por la designación del juzgado que abrirá diligencias por los indicios de delito detectados por la Fiscalía en el 'Caso Caja España'. Hasta cuatro años cárcel o multa puede ser la pena, si se demuestran los hechos denunciados por Izquierda Unida. "Podemos contar con que la justicia ha empezado a actuar con una base previa, construida por la Fiscalía. Más de lo que se podía esperar hace unos meses, para terror de quienes tienen mucho que ocultar", señala en una nota de prensa el coordinador provincial de IU, Santiago Ordóñez.
"Ya es un éxito democrático que la ruina de la Caja llegue a magistratura y el tipo penal sea además el de administración desleal. Confiamos en que el juzgado dote de transparencia al proceso de destrucción de la Caja por parte de algunos 'ladrilleros', el PP, el PSOE y la UPL, entre otros", continúa argumentando el coordinador provincial.
Según Ordóñez, lo que falta por dilucidar son las responsabilidades políticas. "Los aparatos del PP, del PSOE y la UPL no han pagado por robarnos con sus decisiones el músculo financiero de la provincia. Isabel Carrasco huyó como las ratas cuando vio que podía quemarse. Pero ha sido Vicepresidenta de Santos Llamas y tiene pendiente responder por el cobro de dietas y kilometrajes. Paco Fernández se ha jubilado pero ha seguido hasta el final. Estos dos eran las caras de la venta de Caja España al ladrillo pero no estaban solos. Todavía estamos esperando dimisiones y asunción de responsabilidades por la política de rapiña que perpetraron junto a otros responsables políticos y sindicales", apunta en la nota de prensa.
El máximo responsable de la coalición de izquierda en León asegura que "lo que de verdad necesitamos es el clamor de la verdad, que paguen los culpables y que le devuelvan a León el 'núcleo cesante' que le han robado a los desahuciados, estafados por las preferentes, negocios arruinados por falta de crédito y beneficiarios de la obra social, que junto a las inversiones futuras necesarias para la provincia se han ido por el desagüe de posibles intereses personales y sospechas de corruptelas, con un resultado muy parecido al de un asalto pirata de libro".
