Redacción
Martes, 02 de Julio de 2013
La Junta propone limitar las ayudas de la PAC a los cotizantes a la Seguridad Social por actividad agraria
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, anunció hoy que su departamento propondrá al Ministerio de Agricultura que entre los requisitos para tener derecho a las ayudas de la PAC se contemple como obligatoria la cotización a la Seguridad Social por la actividad agraria.
Clemente, que hoy presidió el Consejo Regional Agrario, recordó el apoyo unánime de todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León a la posición que la Comunidad presentó a la UE y mostró su confianza en llegar a un acuerdo de Comunidad con las organizaciones profesionales agrarias y con la Unión Regional de Cooperativas para mantener una posición de fortaleza en la negociación que a finales de julio se abrirá con el Ministerio de Agricultura para la aplicación de la reforma de la PAC recién aprobada por Europa.
Clemente, que aseguró que en lo fundamental existen muchos puntos de coincidencia con las Opas, afirmó que no espera que las discrepancias de su departamento con el ministerio por el pago de las partidas del programa de desarrollo rural influyan en la misma. “Será una negociación compleja que, previsiblemente, se ampliará hasta principios del próximo año, aunque creo que no debe haber más dificultades que las normales un asunto de esta importancia”, afirmó.
La consejera resaltó la importancia que tiene esta negociación para la Comunidad, dado que es la segunda región que más fondos recibe y donde el peso de la agricultura y la ganadería en el PIB dobla la media nacional. En este sentido, Clemente indicó que en ningún caso se permitirá que la región reciba menos de los 1.150 millones de euros anuales que se vienen percibiendo de media en los últimos años.
Clemente valoró el acuerdo de la UE por atender buena parte de las reivindicaciones de su departamento y destacó que el mismo supone acabar con la incertidumbre que rodeaba al sector, ya que establece un marco financiero estable hasta 2020. Además, indicó que se debe aprovechar al máximo el amplio margen de flexibilidad que esta reforma de la PAC otorga a los Estados miembros para su aplicación.
Jóvenes
La consejera también mostró su satisfacción por la ayuda que, por primera vez, se recoge a la incorporación de jóvenes. Así, explicó que la nueva reforma propone reservar hasta un 2 por ciento del gasto asignado a cada estado miembro para estas subvenciones, lo que el caso de España representa alrededor de 100 millones de euros anuales, cantidad que se sumará a los 95 millones que se contemplan a través de los planes de desarrollo rural. Estas ayudas, según Clemente, tienen especial importancia si se tiene en cuenta que el 25 por ciento de los jóvenes que se han incorporado al sector en los últimos cinco años son castellanos y leones.
También destacó que solicitará que el límite de la superficie por la que un agricultor joven pueda percibir ese nuevo pago asociado sea 90 hectáreas, que es el máximo que permite el reglamento de la reforma.
Sobre la convergencia interna de los pagos, limitada al 60 por ciento del valor medio, Clemente destacó que propondrá que sea progresiva hasta el 2019 y que el primer año se empiece un 10 por ciento. “De todas formas, considero necesario definir de forma adecuada el concepto de regiones o comarcas agronómicas, con un nivel de flexibilidad adecuado para limitar el trasvase de fondos entre sectores y territorios”.
En cuanto a la limitación de la superficie admisible para percibir ayudas directas, la nueva PAC contempla para España una cifra cercana a los 22 millones de hectáreas, tal y como se venía reclamando desde el Gobierno central y autonómico. En este sentido, Clemente considera que se debería establecer algún condicionante adicional, de manera que pueda garantizarse que las hectáreas admisibles sean tierras destinadas de manera efectiva a cultivos y, en el caso de los pastos, que lleven unido a su mantenimiento el aprovechamiento por el ganado o, en su caso, se aprovechen mediante siega.
Pagos asociados
Sobre los pagos asociados, Clemente defenderá ante el Ministerio por utilizar el límite máximo permitido -el 13 por ciento- y por incluir estas ayudas de forma prioritaria a la ganadería sin tierra y a sectores como el vacuno de leche y de cebo y el ovino-caprino. “El objetivo no es otro que los ganaderos mantengan el nivel de ayudas y no pierdan recursos económicos”, aseveró.
El acuerdo de la UE abre nuevas oportunidades, según la consejera, para avanzar en la búsqueda de mecanismos en el ámbito de funcionamiento de los mercados. Así, la Junta considera imprescindible conjugar el margen de maniobra de la nueva propuesta de reglamento sobre la OCM, con las diferentes iniciativas legislativas de carácter nacional (Ley del cadena de Valor y Ley de la concentración de la oferta) o autonómico, como la próxima Ley Agraria de Castilla y León.
Con relación a este tema, la consejera de Agricultura ha recordado que esta es una cuestión de enorme importancia, ya que el mantenimiento de las rentas del sector agrario no se puede encontrar solamente en las ayudas públicas, que de media representan un 30 por ciento de los ingresos, sino también en la mejora de los ingresos procedentes de la venta de sus producciones.
Por último, también subrayó que en la reforma de la PCA también se ha conseguido prolongar hasta el 2017 el régimen actual de las cuotas en el sector azucarero y salvaguardar los derechos de plantación de viñedo hasta 2030, “lo que permitirá seguir desarrollando una política de calidad en la producción de vino de Castilla y León”.
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, anunció hoy que su departamento propondrá al Ministerio de Agricultura que entre los requisitos para tener derecho a las ayudas de la PAC se contemple como obligatoria la cotización a la Seguridad Social por la actividad agraria.
Clemente, que hoy presidió el Consejo Regional Agrario, recordó el apoyo unánime de todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León a la posición que la Comunidad presentó a la UE y mostró su confianza en llegar a un acuerdo de Comunidad con las organizaciones profesionales agrarias y con la Unión Regional de Cooperativas para mantener una posición de fortaleza en la negociación que a finales de julio se abrirá con el Ministerio de Agricultura para la aplicación de la reforma de la PAC recién aprobada por Europa.
Clemente, que aseguró que en lo fundamental existen muchos puntos de coincidencia con las Opas, afirmó que no espera que las discrepancias de su departamento con el ministerio por el pago de las partidas del programa de desarrollo rural influyan en la misma. “Será una negociación compleja que, previsiblemente, se ampliará hasta principios del próximo año, aunque creo que no debe haber más dificultades que las normales un asunto de esta importancia”, afirmó.
La consejera resaltó la importancia que tiene esta negociación para la Comunidad, dado que es la segunda región que más fondos recibe y donde el peso de la agricultura y la ganadería en el PIB dobla la media nacional. En este sentido, Clemente indicó que en ningún caso se permitirá que la región reciba menos de los 1.150 millones de euros anuales que se vienen percibiendo de media en los últimos años.
Clemente valoró el acuerdo de la UE por atender buena parte de las reivindicaciones de su departamento y destacó que el mismo supone acabar con la incertidumbre que rodeaba al sector, ya que establece un marco financiero estable hasta 2020. Además, indicó que se debe aprovechar al máximo el amplio margen de flexibilidad que esta reforma de la PAC otorga a los Estados miembros para su aplicación.
Jóvenes
La consejera también mostró su satisfacción por la ayuda que, por primera vez, se recoge a la incorporación de jóvenes. Así, explicó que la nueva reforma propone reservar hasta un 2 por ciento del gasto asignado a cada estado miembro para estas subvenciones, lo que el caso de España representa alrededor de 100 millones de euros anuales, cantidad que se sumará a los 95 millones que se contemplan a través de los planes de desarrollo rural. Estas ayudas, según Clemente, tienen especial importancia si se tiene en cuenta que el 25 por ciento de los jóvenes que se han incorporado al sector en los últimos cinco años son castellanos y leones.
También destacó que solicitará que el límite de la superficie por la que un agricultor joven pueda percibir ese nuevo pago asociado sea 90 hectáreas, que es el máximo que permite el reglamento de la reforma.
Sobre la convergencia interna de los pagos, limitada al 60 por ciento del valor medio, Clemente destacó que propondrá que sea progresiva hasta el 2019 y que el primer año se empiece un 10 por ciento. “De todas formas, considero necesario definir de forma adecuada el concepto de regiones o comarcas agronómicas, con un nivel de flexibilidad adecuado para limitar el trasvase de fondos entre sectores y territorios”.
En cuanto a la limitación de la superficie admisible para percibir ayudas directas, la nueva PAC contempla para España una cifra cercana a los 22 millones de hectáreas, tal y como se venía reclamando desde el Gobierno central y autonómico. En este sentido, Clemente considera que se debería establecer algún condicionante adicional, de manera que pueda garantizarse que las hectáreas admisibles sean tierras destinadas de manera efectiva a cultivos y, en el caso de los pastos, que lleven unido a su mantenimiento el aprovechamiento por el ganado o, en su caso, se aprovechen mediante siega.
Pagos asociados
Sobre los pagos asociados, Clemente defenderá ante el Ministerio por utilizar el límite máximo permitido -el 13 por ciento- y por incluir estas ayudas de forma prioritaria a la ganadería sin tierra y a sectores como el vacuno de leche y de cebo y el ovino-caprino. “El objetivo no es otro que los ganaderos mantengan el nivel de ayudas y no pierdan recursos económicos”, aseveró.
El acuerdo de la UE abre nuevas oportunidades, según la consejera, para avanzar en la búsqueda de mecanismos en el ámbito de funcionamiento de los mercados. Así, la Junta considera imprescindible conjugar el margen de maniobra de la nueva propuesta de reglamento sobre la OCM, con las diferentes iniciativas legislativas de carácter nacional (Ley del cadena de Valor y Ley de la concentración de la oferta) o autonómico, como la próxima Ley Agraria de Castilla y León.
Con relación a este tema, la consejera de Agricultura ha recordado que esta es una cuestión de enorme importancia, ya que el mantenimiento de las rentas del sector agrario no se puede encontrar solamente en las ayudas públicas, que de media representan un 30 por ciento de los ingresos, sino también en la mejora de los ingresos procedentes de la venta de sus producciones.
Por último, también subrayó que en la reforma de la PCA también se ha conseguido prolongar hasta el 2017 el régimen actual de las cuotas en el sector azucarero y salvaguardar los derechos de plantación de viñedo hasta 2030, “lo que permitirá seguir desarrollando una política de calidad en la producción de vino de Castilla y León”.
