OPERACIÓN ENREDADERA
El alcalde, Peyuca y Ortiz declaran desde primera hora de la mañana en el Juzgado
Los jueces de Astorga y Badalona ya toman declaración a los implicados leoneses en la trama corrupta.
En toda España han sido detenidos finalmente, y de momento, un total de 50 personas en registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades y 15 de ellos, entre ellos al menos cinco leoneses, deberán acudir al Juzgado de Badalona que instruye el caso con secreto de sumario. Mientras, en Astorga ya prestan declaración en sede judicial el alcalde de la capital maragata, Arsenio García, y sus dos manos derechas.
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Tras el martes de infarto con la operación Enredadera que afectó de lleno a Astorga y a la provincia, este miércoles y con toda celeridad toca el turno de que los principales presuntos implicados tengan que enfrentarse ante los jueces que se habrán de encargar de decidir sus responsabilidades penales iniciales y si quedan en libertad o acaban en prisión.
En el Juzgado e Instrucción número 2 de Astorga, están prestando declaración desde las 10,30 horas ante la jueza el alcalde, Arsenio García; el teniente alcalde, Pablo Peyuca González; y el concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz. El primero en llegar fue Ortiz mientras que el alcalde y Peyuca lo hicieron en el mismo coche, procedentes de la Comisaría de la Policía Nacional donde pasaron la noche.
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El juzgado astorgano tramita de este modo una pieza separada de la catalana. Falta por conocer si hoy también lo harán el concejal de Deportes, Javier Guzmán, y el alcalde de Villarejo de Órbigo y diputado provincial del PSOE, Joaquín Llamas.
Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 Badalona que lleva el caso coordinado en toda España ha ofrecido hoy los últimos datos actualizados, destacando que finalmente fueron 50 los detenidos en toda España y 15 de ellos, sobre los que más indicios de corrupción recaen, habrán de declarar ante el magistrado catalán entre hoy mismo y mañana.
De esos 15 presuntos implicados y que entre hoy y mañana se enfrentarán a las preguntas del juez de Badalona, al menos cinco de ellos son leoneses: se trata del empresario José Luis Ulibarri; el diputado provincial y concejal de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández; el exteniente de alcalde del PSOE en Astorga Juan José Simón Callejo; el empresario astorgano Ángel Luis García Martín 'El Patatero', para cuya empresa trabaja Simón; y el también empresario Miguel Manobel. Podrían no ser los únicos.
Ocho posibles delitos penales
En la macrooperación de ayer en toda España, según los pocos datos oficiales dados hoy a conocer, se practicaron un total de 55 entradas y registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades. Estos registros se realizaron, entre otras, en las provincias de Leon, Barcelona, Gijón, Huesca, Madrid, Málaga, Oviedo, Teruel, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal. La causa, recuedan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, está declarada secreta.
En toda España han sido detenidos finalmente, y de momento, un total de 50 personas en registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades y 15 de ellos, entre ellos al menos cinco leoneses, deberán acudir al Juzgado de Badalona que instruye el caso con secreto de sumario. Mientras, en Astorga ya prestan declaración en sede judicial el alcalde de la capital maragata, Arsenio García, y sus dos manos derechas.
Tras el martes de infarto con la operación Enredadera que afectó de lleno a Astorga y a la provincia, este miércoles y con toda celeridad toca el turno de que los principales presuntos implicados tengan que enfrentarse ante los jueces que se habrán de encargar de decidir sus responsabilidades penales iniciales y si quedan en libertad o acaban en prisión.
En el Juzgado e Instrucción número 2 de Astorga, están prestando declaración desde las 10,30 horas ante la jueza el alcalde, Arsenio García; el teniente alcalde, Pablo Peyuca González; y el concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz. El primero en llegar fue Ortiz mientras que el alcalde y Peyuca lo hicieron en el mismo coche, procedentes de la Comisaría de la Policía Nacional donde pasaron la noche.
El juzgado astorgano tramita de este modo una pieza separada de la catalana. Falta por conocer si hoy también lo harán el concejal de Deportes, Javier Guzmán, y el alcalde de Villarejo de Órbigo y diputado provincial del PSOE, Joaquín Llamas.
Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 Badalona que lleva el caso coordinado en toda España ha ofrecido hoy los últimos datos actualizados, destacando que finalmente fueron 50 los detenidos en toda España y 15 de ellos, sobre los que más indicios de corrupción recaen, habrán de declarar ante el magistrado catalán entre hoy mismo y mañana.
De esos 15 presuntos implicados y que entre hoy y mañana se enfrentarán a las preguntas del juez de Badalona, al menos cinco de ellos son leoneses: se trata del empresario José Luis Ulibarri; el diputado provincial y concejal de Ciudadanos en San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández; el exteniente de alcalde del PSOE en Astorga Juan José Simón Callejo; el empresario astorgano Ángel Luis García Martín 'El Patatero', para cuya empresa trabaja Simón; y el también empresario Miguel Manobel. Podrían no ser los únicos.
Ocho posibles delitos penales
En la macrooperación de ayer en toda España, según los pocos datos oficiales dados hoy a conocer, se practicaron un total de 55 entradas y registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades. Estos registros se realizaron, entre otras, en las provincias de Leon, Barcelona, Gijón, Huesca, Madrid, Málaga, Oviedo, Teruel, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
La causa está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal. La causa, recuedan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, está declarada secreta.
