El golpe militar de julio de 1936 en Astorga

En la localidad de Villagatón, cercana a Astorga, se presentaba en los primeros días de “los sucesos de julio” una camioneta procedente de Torre del Bierzo con gentes que buscaban víveres y hombres que sumar a la sofocación del movimiento rebelde contra el legítimo Gobierno de Madrid, y los auxilió activamente, animando a los vecinos a colaborar y a que entregasen alimentos, el maestro del pueblo, Veremundo Núñez Álvarez, de Unión Republicana (de 27 años, casado, sería después depurado y represaliado, condenado a 20 años de prisión en los penales de Pamplona –Fuerte de San Cristóbal- y Orduña), que “en compañía de un chico de Astorga, moreno y vestido de negro, había dirigido allí la propaganda de la izquierda en las pasadas elecciones generales de febrero”, declara un año más tarde el labrador del mismo pueblo Porfirio González Fernández (de 23 años, casado), detenido y encausado con otros en el Sumario 65/37. En la misma causa se recoge la declaración como testigo, el 10 de abril, del médico de Brañuelas, Cándido García Arias (de 42 años, soltero), afirmando que en aquella campaña electoral dio mítines por los pueblos del término el citado maestro, “acompañado en Los Barrios de Nistoso por el Porfirio González, y en otros lugares y ocasiones por dos comunistas, de Torre uno y de Ponferrada el otro”, además de acompañarlo otras veces los señores Ramiro Armesto, de León, e Ildefonso Cortés, de Astorga. Once paseados aparecerían en los primeros meses de la guerra en los campos del municipio minero de Villagatón, de pasadas querencias izquierdistas. También se paseó al maestro de Valdespino de Somoza, Diego García Román (de 48 años, casado, natural de Tabuyo del Monte) el 7 de octubre de 1936 en Roperuelos del Páramo, en una cuneta de la carretera de Valderas.

En la tarde del sábado 18 de julio de 1936, como preparación para la bendición de la bandera de la Juventud Masculina de Acción Católica de Puerta de Rey del día siguiente (de la que era madrina la joven Anunciación Abella, una de las hijas de la viuda dueña del Hotel Iberia), hubo en Astorga diversos actos religiosos: sabatina, exposición, y bendición con el Santísimo. Estaba previsto celebrar el domingo 19 una misa dialogada a las ocho de la mañana y otra solemne a las diez con la consagración del estandarte por el Vicario General de la diócesis. El presidente de la pía asociación había recibido aviso de presentarse al alcalde, y al acabar los cultos del sábado fue al Ayuntamiento, prohibiendo el regidor los actos ya dispuestos para la jornada siguiente en la Casa Social Católica a las seis de la tarde.

Al conocerse en la ciudad maragata la declaración del estado de guerra en las plazas de África el día 17 y en algunas de la península el siguiente, los elementos adictos al Frente Popular se armaron y establecieron servicios de guardia, patrulla y vigilancia en los sitios estratégicos y en las cercanías del cuartel de la Guardia Civil, y reunidos en el Consistorio el 18 de julio por la noche, después de que por teléfono recibiera el alcalde orden del gobernador civil de defender por todos los medios la República, toman el acuerdo de requisar las armas existentes tanto en los domicilios particulares como en los establecimientos –armerías- de la localidad (afirmará el fiscal en el consejo de guerra sumarísimo que el 3 de febrero de 1937 juzga en el Cuartel de Santocildes a los 19 procesados en la Causa 427/36, como pieza separada de la 241/36 que se incoa contra 47 astorganos), además de incautarse de cuantos medios de transporte hubiera en la ciudad, como se hizo con los coches propiedad de Marcelino del Palacio Rodríguez. Los jefes militares de la Plaza de Astorga, llamados por el alcalde Miguel Carro Verdejo (de 42 años, soltero, empleado de Correos) comparecieron en el Ayuntamiento y bajo palabra de honor le aseguraron que no se iban a sublevar contra el Gobierno, al que eran leales (según aseguró el regidor, en capilla, poco antes de ser ejecutado a las cinco y media de la madrugada del 16 de agosto, a sus hermanas y primos, José y Miguel Carro Fernández, presos también estos, a todos los cuales se les permitió despedirse de él antes de ponerlo frente al pelotón de fusilamiento; hasta dos veces más le aseguraron por teléfono aquellos días mantener su juramento de fidelidad a la República).

En la Casa Consistorial también se presentaron entonces espontáneamente algunos, como Juan Bautista Galisteo Ortiz (natural de Carcabuey, era desde 1921 encargado en el taller de Gráficas Ortiz, con cuyo dueño –José Ortiz Sicilia- compartía los mismos orígenes cordobeses), “dispuesto a defenderla contra los fascistas si era necesario, al que se facilitaría una pistola” –que escondía en aquel taller más tarde, y en el que la policía luego la encontraba-, o Antonio Guijarro Alonso (de 25 años, soltero, albañil, socialista), a quien entregaron una escopeta con la que anduvo vigilando por la calle hasta el día 19. El viernes 17 por la tarde el médico Ildefonso Cortés Rivas, personado ya el día antes en el Consistorio para ponerse a disposición de la alcaldía, hacía traer allí la radio de su casa, transcribiendo las noticias que por la misma se emitían y colocándolas en pasquines en sus puertas para que el pueblo estuviera al corriente de las disposiciones del Gobierno. 

Sobre las diez de la noche de aquel 18 de julio llegaba a Astorga en automóvil procedente de Santa Colomba de Somoza Frutos Martínez Juárez, derechista que había formado parte de los detenidos en la prisión astorgana a la mitad del pasado mes de abril, uno de los hermanos del sacerdote y diputado por la CEDA Pedro Martínez Juárez, parando en las inmediaciones del Café Central, en cuyo punto se le acercó un grupo de siete u ocho individuos armados “que decían que se registraba su coche, o se quemaba”. Ocultó el cacheado la pistola que llevaba, de su propiedad y con licencia y guía, bajo un asiento del vehículo, y lo mismo hizo el obrero Isaías Natal Domínguez (que al parecer lo acompañaba), y pretextando tomar café abandonaron el auto en tanto el grupo emprendía su registro –y en el mismo hallaban dos o tres pistolas, que depositan en el Ayuntamiento-, dirigiéndose al Bar Abella (en la plaza de Santocildes), desde donde por las calles y ocultándose se encaminó a la carretera Astorga-León, refugiándose en la casa de un tal Cuervo[1], haciendo tiempo hasta la llegada del tren expreso de Galicia, caminando entonces hasta la estación, en la que fue de nuevo detenido por otros siete u ocho hombres (no conoció a ninguno de ellos, de los que uno portaba tercerola y los demás pistola) que le preguntaron “si era el que había venido de Santa Colomba”, y como les respondió que no lo era lo dejaron seguir, tomando el tren hacia Veguellina de Órbigo, peripecia que contará cuando el 6 de octubre declare como testigo en el Sumario 684/36 instruido por los sucesos de aquellos días en la villa ribereña.

Arribaba también con sus dos acompañantes a la ciudad maragata aquella noche, desde Lugo y siguiendo el recorrido que lo había llevado antes a Orense, el general inspector García Gómez-Caminero, quien desde allí y por telégrafo, además de dirigirse al comandante militar de León ordenándole la entrega de armamento a la expedición de mineros asturianos ya en camino, escribía al ministerio de la Guerra que lo enviara en aquella fallida misión de asegurar las lealtades militares en las tres Divisiones a su cargo: “Acabo de llegar a Astorga. Me propongo visitar la guarnición mañana. 19 continuaré a León. Aguardo órdenes”. Así lo haría, saliendo para la capital al día siguiente, después de revistar en el Cuartel de Santocildes a las tropas, y de que el regidor lo informara personalmente de la situación en la ciudad y de las medidas que en defensa del régimen y del orden público había adoptado en ella.

El alcalde, “como delegado de Orden Público durante el estado de alarma” prorrogado de nuevo una semana antes, ordenó por escrito al inspector jefe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia Santiago Calvo González requisar las armas disponibles en la población (después de recibir sobre la medianoche del día 18 del gobernador civil orden de hacerlo^[2]), incautación que se realizó por varios policías, siempre con entrega de recibo y según su exclusivo criterio, y que presenciaron algunos paisanos que los acompañaban, como el citado José Carro Fernández, Rafael Fuertes Martínez, Juan Prieto Panizo, y Pablo del Palacio Mosquera (“como testigos, o vigilándolos, acaso por la desconfianza de los elementos izquierdistas dirigentes en la actuación de éstos”, afirmarán los abogados defensores, en una exculpación no pedida del proceder de los agentes policiales astorganos). Las armas requisadas se guardaron bajo llave en el salón de sesiones del Ayuntamiento, a excepción de algunas escopetas de las retiradas a particulares, que se proporcionaron también bajo recibo a los izquierdistas integrantes de las patrullas, gestionado y escriturado todo ello por el empleado municipal Euquerio Cansado Cansado, seguramente con la ayuda de Jesusa Carro, la hermana del regidor, y algunos otros. 

También por orden del alcalde “se dejó de trabajar” aquellas fechas, declara el testigo Luis Nistal Alonso (afirma otro que se trabajó todos los días en la estación de la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste), y testifica Manuel Miranda (del Teatro Gullón) que “antes de los sucesos del día 20 –tampoco se trabajó aquel día- la vida en la ciudad era normal”, y que “no tiene conocimiento de que anteriormente a aquellos se hayan cometido otros desmanes más que la detención de elementos derechistas”, añadiendo que “se enteró más tarde de que, al parecer, existía el propósito de ejecutar a todos los detenidos de derechas, pero que no puede asegurar si era cierto”. Falsedad que como la de las listas negras^[3] (tampoco se probó nunca que existiera en León la que según acusaba ante los sediciosos el abogado Enrique Gómez Argüello se habría elaborado en los talleres del diario socialista La Democracia) o el previsto golpe de Estado comunista para el 29 de julio (según el 16 de agosto dirá Mola) ya está operando cuando en febrero de 1937 deponen los testigos como justificación de la sublevación anticipada y preventiva de los rebeldes, que bien pronto falsificarían documentos en su esfuerzo por probar que se había programado una toma comunista del poder para el mes de agosto (al parecer las fechas prevenidas eran varias), lo que resultaba ser una absoluta falacia^[4], como muestra la opinión del conspirador monárquico Pedro Sainz Rodríguez manifestando a primeros de mayo en una carta: “cada semana que pasa creo más difícil la revolución de tipo soviético”, y que el 11 de julio (dos días antes de su asesinato), entrevistado por un periodista argentino, opinara Calvo Sotelo que “existía menor riesgo de que se produjese otra insurrección izquierdista que el habido el pasado febrero”, y ciertamente, ninguno de los partidos revolucionarios planeaba semejante situación en un futuro inmediato, ni existió plan concreto izquierdista alguno para apoderarse del Gobierno y convertir España en colonia de Rusia (que hasta primeros de septiembre no contará aquí con embajada^[5]), además de que, contra lo que alguien como Winston S. Churchill afirmará después en sus Memorias, si los comunistas –cuatro gatos- y los anarquistas –un verdadero desorden- estuviesen planeando sus revoluciones, no habrían sido sorprendidos, desarmados y sin preparación, por el alzamiento militar [Blanco, Santiago1977: 270].