La Alcaldía "se salta de forma sistemática" los informes de control de la legalidad, según IU
Este miércoles, día en que se ha levantado el secreto de sumario de la pieza de Astorga de la operación 'Enredadera', IU-Astorga denuncia que en los últimos dos meses, el alcalde no ha tenido en cuenta las consideraciones expuestas por la Intervención Municipal y en un caso por la Secretaría, en al menos una veintena de contratos y otro tipo de resoluciones y decretos.
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"A la Intervención y a la Secretaría municipales les corresponde asesorar y velar por el cumplimiento de la legalidad y en estos dos últimos meses la Alcaldía ha obviado a sabiendas sus consideraciones en hasta 21 ocasiones", subraya IU.
Tres de la veintena de reparos levantados por la Alcaldía se produjeron después del 3 de julio cuando se realizó el registro del Ayuntamiento por efectivos de la unidad de la Policía Nacional especializada en delitor económicos y fiscales (UDEF) y la posterior detención del alcalde, Arsenio García, y los concejales Pablo Peyuca, Manuel Ortiz y Javier Guzmán, actualmente investigados por la posible comisión de diversos delitos de corrupción.
En el auto de registro en el marco de la operación 'Enredadera' al que tuvo acceso Astorga Redacción, figuran las empresas de Sindo Castro y la promotora vinculada a Victorino González. La investigación judicial abierta a los cuatro miembros del Gobierno PP-PAL investigados centra el foco también en el expediente del contrato de la limpieza viaria y recogida de basura y en los gastos del alcalde. El auto de registro confirma que la investigación de las presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Astorga va más allá de las sociedades del empresario astorgano Ángel Luis García Martín 'El Patatero'.
Plan de comunicación de crisis
Según el grupo municipal, "tan solo en los dos últimos meses, la Alcaldía de Astorga ha levantado hasta 20 reparos de Intervención y en al menos una ocasión se ha apartado del criterio de la Secretaría" a la hora de realizar un procedimiento administrativo para tramitar "un peculiar servicio relacionado con la comunicación. Se trata del contrato de servicios para 'Gestión y organización de eventos, comunicación de crisis y reputación institucional", adjudicado por 17.545 euros como contrato menor a Alejandro J. García Nistal, editor del grupo NER Comunicación y Marketing, S.L. del que forma parte el Diario de Astorga.
En la Resolución emitida el pasado 26 de junio figura que las tres empresas "invitadas" para el contrato del Plan de Comunicación fueron 'Estrategias de Comunicación y Desarrollo' (que no presentó finalmente una propuesta económica), Raúl Fernández Gómez cuya propuesta ascendía a 18.029 euros, y la de Alejandro J. García Nistal por 500 euros menos.
El contrato de comunicación institucional sirve, según consta en la resolución, para gestionar qué mensajes se transmiten a través de los medios de comunicación en las crisis, como la de la operación 'Enredadera', en las que se vea envuelto el Gobierno municipal en este último año de legislatura. NER Comunicación y Marketing, S.L. también gestionará la publicidad institucional, de la que participarán los digitales de su propio grupo (El Bierzo Digital y Diario de Astorga).
El Plan de Comunicación está siendo investigado por el Procurador del Común tras la queja presentada por IU en mayo de 2017 por las dudas que generó en el grupo de la oposición el gasto de 7.260 euros, "a favor de la empresa NER Comunicación y Marketing, S.L., en concepto de redacción de un Plan de Comunicación" del equipo de gobierno municipal. Desde entonces, al menos, el Gobierno municipal ha desembolsado otros 14.520 euros, a los que suman los 17.545 euros del último contrato.
En la queja enviada al Procurador del Común, IU aclara que con el informe, la Intervención Municipal del 22 de febrero de 2017 "trató de alertar" a la Alcaldía que de continuar el equipo de gobierno con la tramitación del gasto del Plan de Comunicación en la forma prevista (sin petición de más ofertas), "se estaría incurriendo en una actuación arbitraria e injustificada, además de un contrato otorgado a dedo de forma innecesaria e infundada, a lo que finalmente se hizo caso omiso por parte de la Alcaldía sin ni siquiera justificar la razón por la que se apartó de dicho reparo", según IU.
"A la Intervención y a la Secretaría municipales les corresponde asesorar y velar por el cumplimiento de la legalidad y en estos dos últimos meses la Alcaldía ha obviado a sabiendas sus consideraciones en hasta 21 ocasiones", subraya IU.
Tres de la veintena de reparos levantados por la Alcaldía se produjeron después del 3 de julio cuando se realizó el registro del Ayuntamiento por efectivos de la unidad de la Policía Nacional especializada en delitor económicos y fiscales (UDEF) y la posterior detención del alcalde, Arsenio García, y los concejales Pablo Peyuca, Manuel Ortiz y Javier Guzmán, actualmente investigados por la posible comisión de diversos delitos de corrupción.
En el auto de registro en el marco de la operación 'Enredadera' al que tuvo acceso Astorga Redacción, figuran las empresas de Sindo Castro y la promotora vinculada a Victorino González. La investigación judicial abierta a los cuatro miembros del Gobierno PP-PAL investigados centra el foco también en el expediente del contrato de la limpieza viaria y recogida de basura y en los gastos del alcalde. El auto de registro confirma que la investigación de las presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Astorga va más allá de las sociedades del empresario astorgano Ángel Luis García Martín 'El Patatero'.
Plan de comunicación de crisis
Según el grupo municipal, "tan solo en los dos últimos meses, la Alcaldía de Astorga ha levantado hasta 20 reparos de Intervención y en al menos una ocasión se ha apartado del criterio de la Secretaría" a la hora de realizar un procedimiento administrativo para tramitar "un peculiar servicio relacionado con la comunicación. Se trata del contrato de servicios para 'Gestión y organización de eventos, comunicación de crisis y reputación institucional", adjudicado por 17.545 euros como contrato menor a Alejandro J. García Nistal, editor del grupo NER Comunicación y Marketing, S.L. del que forma parte el Diario de Astorga.
En la Resolución emitida el pasado 26 de junio figura que las tres empresas "invitadas" para el contrato del Plan de Comunicación fueron 'Estrategias de Comunicación y Desarrollo' (que no presentó finalmente una propuesta económica), Raúl Fernández Gómez cuya propuesta ascendía a 18.029 euros, y la de Alejandro J. García Nistal por 500 euros menos.
El contrato de comunicación institucional sirve, según consta en la resolución, para gestionar qué mensajes se transmiten a través de los medios de comunicación en las crisis, como la de la operación 'Enredadera', en las que se vea envuelto el Gobierno municipal en este último año de legislatura. NER Comunicación y Marketing, S.L. también gestionará la publicidad institucional, de la que participarán los digitales de su propio grupo (El Bierzo Digital y Diario de Astorga).
El Plan de Comunicación está siendo investigado por el Procurador del Común tras la queja presentada por IU en mayo de 2017 por las dudas que generó en el grupo de la oposición el gasto de 7.260 euros, "a favor de la empresa NER Comunicación y Marketing, S.L., en concepto de redacción de un Plan de Comunicación" del equipo de gobierno municipal. Desde entonces, al menos, el Gobierno municipal ha desembolsado otros 14.520 euros, a los que suman los 17.545 euros del último contrato.
En la queja enviada al Procurador del Común, IU aclara que con el informe, la Intervención Municipal del 22 de febrero de 2017 "trató de alertar" a la Alcaldía que de continuar el equipo de gobierno con la tramitación del gasto del Plan de Comunicación en la forma prevista (sin petición de más ofertas), "se estaría incurriendo en una actuación arbitraria e injustificada, además de un contrato otorgado a dedo de forma innecesaria e infundada, a lo que finalmente se hizo caso omiso por parte de la Alcaldía sin ni siquiera justificar la razón por la que se apartó de dicho reparo", según IU.
