Las ventajas fiscales para zonas escasamente pobladas tienen como antecedente el Régimen Económico y Fiscal de Canarias
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE y red SSPA han presentado el informe 'Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España', elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid, coordinado por el Doctor en Economía, José Antonio Herce San Miguel, y financiado desde la Red SSPA con fondos europeos LEADER.
![[Img #42370]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/9450_img_20793.jpg)
Tanto la CEOE como el grupo de presión de las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA) afirman que es posible una fiscalidad reducida en las zonas despobladas. El informe (se adjunta al final del texto el documento completo), presentado hace unas semanas en la sede madrileña de la CEOE, se ha entregado con anterioridad a la Comisionada del Gobierno frente al Reto de Demográfico, Isaura Leal, con el fin de que lo tenga en cuenta en la próxima Estrategia Nacional del Reto Demográfico que prepara el Gobierno. “Le hemos transmitido que sí se puede implantar medidas de reducción fiscal para combatir la despoblación, y para ello solo hace falta voluntad política”, según fuentes de SSPA.
El informe es el resultado del trabajo de un proyecto de cooperación LEADER entre Programas de Desarrollo Rural de distintas Comunidades Autónomas y que utilizan el procedimiento de coordinación entre Autoridades de Gestión, aprobado en el marco del Grupo de Trabajo de cooperación LEADER de la Red Rural Nacional (RRN), y en el que la RRN actúa como facilitadora.
La red SSPA está convencida de que es posible revertir esta situación como se ha demostrado en otros lugares de Europa como Escocia, explicando las razones por las que se necesita una política fiscal diferenciada y las medidas más eficaces y eficientes para lograr resultados positivos. Este informe presenta una propuesta fiscal para la repoblación de un territorio que en el informe denomina como la “Ultraperiferia Demográfica Española”, con el objetivo crear los incentivos que evitasen la despoblación y fomenten la repoblación.
Según se detalla en el informe, la escasa densidad de población es el síntoma más evidente del auténtico problema que sufre una parte importante de nuestro medio rural: una crisis estructural que, prolongada durante décadas, amenaza con hacer inviable el territorio en términos sociales, económicos y demográficos. "Por lo tanto, somos de la opinión de que la prioridad de la acción política en materia de lucha contra la despoblación" debe ser la de revertir esa crisis a través de la superación de las dificultades que presenta el medio rural de las zonas menos pobladas para acoger actividades económicas con dinamismo suficiente como para generar valor añadido, crear empleo de calidad y lograr así mantener y atraer población. "De no implantarse de inmediato políticas y medidas específicas y capaces de corregir esta situación, el desequilibrio entre el medio urbano y el rural continuará acrecentándose hasta el extremo, sufriendo la Unión Europea la inexorable pérdida de una parte fundamental de los valores sociales, culturales, económicos y ambientales asociados al medio rural", se señala en el estudio.
En el acto de presentación se explicó su justificación, valoración e impacto socioeconómico de una propuesta fiscal para la repoblación, así como los potenciales efectos de una serie de estímulos fiscales de cierta envergadura aplicados a las personas físicas y jurídicas de todos los territorios afectados por la despoblación y los que decidan establecerse en ellos.
“En este informe se valora el encaje jurídico", según José Antonio Herce San Miguel, doctor en Economía y coordinador del estudio, "ya que los estímulos fiscales diferenciados territorialmente deben pasar un estricto examen basado en las propias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para evitar ser considerados “Ayuda de Estado”. Para Herce, existen antecedentes en España y en otros países adaptables al caso de la despoblación, como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que está reflejado en la Constitución Española como “Región Ultraperiférica” (por su distancia geográfica). “Estas excepciones, reinterpretadas en el plano de la baja densidad y la alta dispersión poblacional, son las que ayudarían a afrontar el reto normativo que plantea la excepcionalidad fiscal para la España despoblada que se defiende en este informe”, ha concluido Herce.
El análisis jurídico que se ha llevado a cabo en este informe concluye que, el reconocimiento de una Zona Fiscal especial para los territorios despoblados podría tener encaje de realizarse una interpretación adecuada, y que una petición razonada del Gobierno de España podría iniciar un proceso hacia su autorización por la UE.
También han analizado que el coste que tendría para el Estado estas medidas fiscales diferenciadas sería mínimo y podría recuperarse a medio plazo con el incremento de la actividad económica que se generaría en estos territorios.
Tanto la CEOE como el grupo de presión de las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA) afirman que es posible una fiscalidad reducida en las zonas despobladas. El informe (se adjunta al final del texto el documento completo), presentado hace unas semanas en la sede madrileña de la CEOE, se ha entregado con anterioridad a la Comisionada del Gobierno frente al Reto de Demográfico, Isaura Leal, con el fin de que lo tenga en cuenta en la próxima Estrategia Nacional del Reto Demográfico que prepara el Gobierno. “Le hemos transmitido que sí se puede implantar medidas de reducción fiscal para combatir la despoblación, y para ello solo hace falta voluntad política”, según fuentes de SSPA.
El informe es el resultado del trabajo de un proyecto de cooperación LEADER entre Programas de Desarrollo Rural de distintas Comunidades Autónomas y que utilizan el procedimiento de coordinación entre Autoridades de Gestión, aprobado en el marco del Grupo de Trabajo de cooperación LEADER de la Red Rural Nacional (RRN), y en el que la RRN actúa como facilitadora.
La red SSPA está convencida de que es posible revertir esta situación como se ha demostrado en otros lugares de Europa como Escocia, explicando las razones por las que se necesita una política fiscal diferenciada y las medidas más eficaces y eficientes para lograr resultados positivos. Este informe presenta una propuesta fiscal para la repoblación de un territorio que en el informe denomina como la “Ultraperiferia Demográfica Española”, con el objetivo crear los incentivos que evitasen la despoblación y fomenten la repoblación.
Según se detalla en el informe, la escasa densidad de población es el síntoma más evidente del auténtico problema que sufre una parte importante de nuestro medio rural: una crisis estructural que, prolongada durante décadas, amenaza con hacer inviable el territorio en términos sociales, económicos y demográficos. "Por lo tanto, somos de la opinión de que la prioridad de la acción política en materia de lucha contra la despoblación" debe ser la de revertir esa crisis a través de la superación de las dificultades que presenta el medio rural de las zonas menos pobladas para acoger actividades económicas con dinamismo suficiente como para generar valor añadido, crear empleo de calidad y lograr así mantener y atraer población. "De no implantarse de inmediato políticas y medidas específicas y capaces de corregir esta situación, el desequilibrio entre el medio urbano y el rural continuará acrecentándose hasta el extremo, sufriendo la Unión Europea la inexorable pérdida de una parte fundamental de los valores sociales, culturales, económicos y ambientales asociados al medio rural", se señala en el estudio.
En el acto de presentación se explicó su justificación, valoración e impacto socioeconómico de una propuesta fiscal para la repoblación, así como los potenciales efectos de una serie de estímulos fiscales de cierta envergadura aplicados a las personas físicas y jurídicas de todos los territorios afectados por la despoblación y los que decidan establecerse en ellos.
“En este informe se valora el encaje jurídico", según José Antonio Herce San Miguel, doctor en Economía y coordinador del estudio, "ya que los estímulos fiscales diferenciados territorialmente deben pasar un estricto examen basado en las propias disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para evitar ser considerados “Ayuda de Estado”. Para Herce, existen antecedentes en España y en otros países adaptables al caso de la despoblación, como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que está reflejado en la Constitución Española como “Región Ultraperiférica” (por su distancia geográfica). “Estas excepciones, reinterpretadas en el plano de la baja densidad y la alta dispersión poblacional, son las que ayudarían a afrontar el reto normativo que plantea la excepcionalidad fiscal para la España despoblada que se defiende en este informe”, ha concluido Herce.
El análisis jurídico que se ha llevado a cabo en este informe concluye que, el reconocimiento de una Zona Fiscal especial para los territorios despoblados podría tener encaje de realizarse una interpretación adecuada, y que una petición razonada del Gobierno de España podría iniciar un proceso hacia su autorización por la UE.
También han analizado que el coste que tendría para el Estado estas medidas fiscales diferenciadas sería mínimo y podría recuperarse a medio plazo con el incremento de la actividad económica que se generaría en estos territorios.
