Las BRIF anuncian movilizaciones ante el 'limbo burocrático' de las mejoras laborales del colectivo
El colectivo de trabajadores de las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) se ve abocado una vez más a tener que salir a la calle "a defender lo que es suyo", indican desde las secciones sindicales de Comisiones Obreras, CSIF y UGT, que anuncian concentraciones ante el Ministerio de Agricultura y en la sede del PSOE de Madrid para el próximo 11 de abril.
![[Img #42603]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/7083_img_18766.jpg)
El pasado 1 de diciembre de 2017 tras una larga negociación, los representantes de los trabajadores y la empresa pública Tragsa firmaron y ratificaron un extenso acuerdo que recogía numerosas cuestiones referidas a la gestión, operatividad y mejoras del personal que presta servicios de prevención y extinción de incendios forestales.
Dicho acuerdo a fecha de hoy y tras más de 15 meses desde su refrendo sigue sin ejecutarse. "La causa de este despropósito es que el Ministerio de Hacienda tiene parado el expediente y por ende no ha sido ratificado el informe favorable que implicaría su inmediata aplicación. Trámite éste de obligado cumplimiento para los acuerdos vinculados a la negociación colectiva en el sector público", indican los sindicatos. "Para poder ejecutarse sólo sería necesario el último OK de este Ministerio ya que los pasos previos y autorizaciones restantes ya se han producido", señalan. La firma de dicho acuerdo entre empresa y trabajadores el pasado 1 de diciembre de 2017, el visto bueno de SEPI y el del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el cual ya ha llegado a realizar y autorizar el modificado necesario en la encomienda de gestión que de manera directa adjudica a Tragsa para poder ejecutar el servicio BRIF.
Desde el colectivo de trabajadores tras esta larga espera, "agotar las vías formales e institucionales y ser lo más pacientes posibles demostrando el saber estar de toda la gente que lo integra, nos hemos visto en la necesidad de señalar públicamente a los que consideramos responsables directos de esta desidia y abandono hacia nuestro colectivo y hacia la sociedad". Estos responsables son, según las organizaciones sindicales, el Ministerio de Hacienda "con su ministra María Jesús Montero Cuadrado a la cabeza y por ende el Partido Socialista Obrero Español que ostenta actualmente la presidencia del gobierno".
Los representantes de los brigadistas creen que "una total irresponsabilidad por parte de estos dos actores dejar en el 'limbo de la burocracia” un acuerdo laboral que no solo implica mejoras para el personal que lo integra, si no que de manera directa implica mejorar el servicio que se presta a la sociedad ante un problema tan grave como son los incendios forestales, problema cada vez más recurrente sin una estacionalidad definida debido al cambio climático. Muestra de ello es que, de estar ejecutándose el acuerdo, en esta dura primavera en cuanto a incendios forestales se refiere, los 560 trabajadores del colectivo al completo podrían haber estado ayudando en las labores de extinción de incendios como el de Rianxo de los últimos días, en la pasada oleada en Cantabria y Asturias o los numerosos fuegos que se han dado en el centro peninsular ya que de estar ejecutándose el acuerdo se vería ampliada la disponibilidad del dispositivo a lo largo de todo el año, "disponibilidad que a fecha de hoy no tenemos por la no aplicación del acuerdo", concluyen.
El pasado 1 de diciembre de 2017 tras una larga negociación, los representantes de los trabajadores y la empresa pública Tragsa firmaron y ratificaron un extenso acuerdo que recogía numerosas cuestiones referidas a la gestión, operatividad y mejoras del personal que presta servicios de prevención y extinción de incendios forestales.
Dicho acuerdo a fecha de hoy y tras más de 15 meses desde su refrendo sigue sin ejecutarse. "La causa de este despropósito es que el Ministerio de Hacienda tiene parado el expediente y por ende no ha sido ratificado el informe favorable que implicaría su inmediata aplicación. Trámite éste de obligado cumplimiento para los acuerdos vinculados a la negociación colectiva en el sector público", indican los sindicatos. "Para poder ejecutarse sólo sería necesario el último OK de este Ministerio ya que los pasos previos y autorizaciones restantes ya se han producido", señalan. La firma de dicho acuerdo entre empresa y trabajadores el pasado 1 de diciembre de 2017, el visto bueno de SEPI y el del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el cual ya ha llegado a realizar y autorizar el modificado necesario en la encomienda de gestión que de manera directa adjudica a Tragsa para poder ejecutar el servicio BRIF.
Desde el colectivo de trabajadores tras esta larga espera, "agotar las vías formales e institucionales y ser lo más pacientes posibles demostrando el saber estar de toda la gente que lo integra, nos hemos visto en la necesidad de señalar públicamente a los que consideramos responsables directos de esta desidia y abandono hacia nuestro colectivo y hacia la sociedad". Estos responsables son, según las organizaciones sindicales, el Ministerio de Hacienda "con su ministra María Jesús Montero Cuadrado a la cabeza y por ende el Partido Socialista Obrero Español que ostenta actualmente la presidencia del gobierno".
Los representantes de los brigadistas creen que "una total irresponsabilidad por parte de estos dos actores dejar en el 'limbo de la burocracia” un acuerdo laboral que no solo implica mejoras para el personal que lo integra, si no que de manera directa implica mejorar el servicio que se presta a la sociedad ante un problema tan grave como son los incendios forestales, problema cada vez más recurrente sin una estacionalidad definida debido al cambio climático. Muestra de ello es que, de estar ejecutándose el acuerdo, en esta dura primavera en cuanto a incendios forestales se refiere, los 560 trabajadores del colectivo al completo podrían haber estado ayudando en las labores de extinción de incendios como el de Rianxo de los últimos días, en la pasada oleada en Cantabria y Asturias o los numerosos fuegos que se han dado en el centro peninsular ya que de estar ejecutándose el acuerdo se vería ampliada la disponibilidad del dispositivo a lo largo de todo el año, "disponibilidad que a fecha de hoy no tenemos por la no aplicación del acuerdo", concluyen.
