Los fiscales piden más prevención y vigilancia en zonas de elevado riesgo de incendios, como León
El año pasado, el Ministerio Fiscal abrió 115 diligencias de investigación en la Comunidad, un 37% más, sobre todo por delitos contra el medio ambiente y urbanismo.
![[Img #44129]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/9882_1502887088164gcdn.jpg)
Los fiscales de Castilla y León se han dirigido a las respectivas delegaciones territoriales de Medio Ambiente de la Junta y a distintos consistorios para que adopten medidas adecuadas en relación con los puntos señalados como de alto riesgo de incendios forestales y el ámbito de sus competencias. Este control se lleva a cabo sobre vertederos, líneas eléctricas, de ferrocarril, zonas recreativas, de campamentos infantiles y juveniles, situados en terrenos forestales que implican riesgo forestal.
Esta ha sido una de las conclusiones de la reunión mantenida por los fiscales de Castilla y León en la que se ha advertido que la quema de pelusas, práctica que se está extendiendo en diversas provincias, puede tener graves consecuencias, como la comisión de un delito de incendio castigado con elevadas penas privativas de libertad. Estas penas se evalúan en función de las circunstancias, el lugar, el riesgo para las personas o la afectación a masas forestales, ha recordado el Ministerio Público.
La finalidad de la reunión consistió en la coordinación y en establecer pautas comunes para la actual campaña de incendios forestales. Fuentes del Ministerio Público han explicado que los asistentes han evaluado las iniciativas preventivas que lleva a cabo la Fiscalía en Castilla y León.
Entre las actuaciones figuran que los fiscales se han dirigido al Seprona para que intensifique las funciones de vigilancia y control en los momentos y lugares de más riesgo, y a la Policía judicial para que todos los atestados que impliquen riesgo de incendio forestal sean remitidos al Ministerio Público, incluidos los atestados en los que no hay autor conocido. Con esta medida, se pretende contar con una información global y poder así realizar una valoración que pueda servir en el futuro para impulsar actuaciones que eviten nuevos incendios.
La Fiscalía ha recordado el avance de datos estadísticos de Medio Ambiente y Urbanismo e incendios forestales del ejercicio 2018, en el que el Ministerio Público abrió 115 diligencias de investigación frente a las 84 del año anterior, lo que represnta un aumento del 37 por ciento.
De la cifra global, veintisiete lo fueron por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, veintiséis por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, doce por delitos sobre el patrimonio histórico, veintitrés por delitos sobre la protección de la fauna y flora, veinte por incendios forestales y siete por malos tratos a animales domésticos.
A diferencia de años anteriores, en 2018 no se produjeron grandes incendios y el descenso del número de fuegos fue "muy notable", lo que se debió fundamentalmente a las condiciones meteorológicas favorables existentes con un invierno más frío y húmedo de lo normal, una primavera fría y extremadamente húmeda y un verano no excesivamente caluroso.
El más importante se registró el 12 de mayo en la localidad de Santa Coloma de Curueño (León) que afectó a 645 hectáreas de monte y monte bajo y fue probablemente intencionado.
De nuevo el mayor número de incendios se concentró en la zona oeste de la Comunidad, al haberse contabilizado 127 en Zamora, 122 en Salamanca y 115 en León.
Los fiscales de Castilla y León se han dirigido a las respectivas delegaciones territoriales de Medio Ambiente de la Junta y a distintos consistorios para que adopten medidas adecuadas en relación con los puntos señalados como de alto riesgo de incendios forestales y el ámbito de sus competencias. Este control se lleva a cabo sobre vertederos, líneas eléctricas, de ferrocarril, zonas recreativas, de campamentos infantiles y juveniles, situados en terrenos forestales que implican riesgo forestal.
Esta ha sido una de las conclusiones de la reunión mantenida por los fiscales de Castilla y León en la que se ha advertido que la quema de pelusas, práctica que se está extendiendo en diversas provincias, puede tener graves consecuencias, como la comisión de un delito de incendio castigado con elevadas penas privativas de libertad. Estas penas se evalúan en función de las circunstancias, el lugar, el riesgo para las personas o la afectación a masas forestales, ha recordado el Ministerio Público.
La finalidad de la reunión consistió en la coordinación y en establecer pautas comunes para la actual campaña de incendios forestales. Fuentes del Ministerio Público han explicado que los asistentes han evaluado las iniciativas preventivas que lleva a cabo la Fiscalía en Castilla y León.
Entre las actuaciones figuran que los fiscales se han dirigido al Seprona para que intensifique las funciones de vigilancia y control en los momentos y lugares de más riesgo, y a la Policía judicial para que todos los atestados que impliquen riesgo de incendio forestal sean remitidos al Ministerio Público, incluidos los atestados en los que no hay autor conocido. Con esta medida, se pretende contar con una información global y poder así realizar una valoración que pueda servir en el futuro para impulsar actuaciones que eviten nuevos incendios.
La Fiscalía ha recordado el avance de datos estadísticos de Medio Ambiente y Urbanismo e incendios forestales del ejercicio 2018, en el que el Ministerio Público abrió 115 diligencias de investigación frente a las 84 del año anterior, lo que represnta un aumento del 37 por ciento.
De la cifra global, veintisiete lo fueron por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, veintiséis por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, doce por delitos sobre el patrimonio histórico, veintitrés por delitos sobre la protección de la fauna y flora, veinte por incendios forestales y siete por malos tratos a animales domésticos.
A diferencia de años anteriores, en 2018 no se produjeron grandes incendios y el descenso del número de fuegos fue "muy notable", lo que se debió fundamentalmente a las condiciones meteorológicas favorables existentes con un invierno más frío y húmedo de lo normal, una primavera fría y extremadamente húmeda y un verano no excesivamente caluroso.
El más importante se registró el 12 de mayo en la localidad de Santa Coloma de Curueño (León) que afectó a 645 hectáreas de monte y monte bajo y fue probablemente intencionado.
De nuevo el mayor número de incendios se concentró en la zona oeste de la Comunidad, al haberse contabilizado 127 en Zamora, 122 en Salamanca y 115 en León.
