El nuevo equipo de gobierno llevará a pleno una modificación de la ordenanza del IBI pero no la aprobación de un nuevo acuerdo con AQUONA

José María Jáñez, concejal de Desarrollo Económico anunciaba la mañana del jueves la lleva a pleno de una modificación de la Ordenanza número 1, que afecta al Impuesto de Bienes Inmuebles.

Las viviendas de protección oficial y equiparables, una vez transcurrido el plazo de tres años tienen establecido por Ley autonómica una bonificación al 50%. Los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra pasarán a tener una bonificación del 45%. Las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria reducirán sus bonificaciones del 90% al 50%, el valor mínimo legal.

Mientras que el suelo urbano y el rural seguirán manteniendo los mismos impuestos (0,68% y 0,64%, respectivamente, el cambio más significativo será para los inmuebles de características especiales, es decir, la autopista (AP-71).

AULESA deberá pagar por el suelo de la autopista de terreno municipal un 1,30% frente al 0,6% que pagaba hasta el momento por el Impuesto de Bienes Inmuebles. Esto supondrá para las arcas municipales, a partir del 2020, recaudar 7800 euros frente a los 3600 que estaba pagando ahora.

“Teniendo en cuenta las tarifas abusivas de la autopista intentamos que el ayuntamiento pueda recuperar algo de lo que dejan allí los ciudadanos”, indicaba el concejal. “Por eso lo hacemos, porque no repercute en el bolsillo de los astorganos”.

Y es que, según explicaba Jáñez, la tarifa de la autopista no puede verse acondicionada por los impuestos que debe pagar a los consistorios por los que pasa. Para que esta modificación sea aprobada, el lunes 23 irá a una Comisión de Servicio y el jueves 26 a pleno. Además, los ciudadanos también podrán hacer reclamaciones antes de que la modificación de la Ordenanza número 1 sea definitiva.

Este significativo cambio que no afecta a los ciudadanos astorganos llega dentro de las propuestas que el grupo Izquierda Unida realizó en ejercicios anteriores. “Hemos empezado por esta modificación porque es la más rápida y sencilla”, explicaba Jáñez a la par que recordaba que seguirán trabajando para hacer modificaciones en el IBI que afecte viviendas vacías, en los jóvenes, en las familias numerosas o en viviendas con placas solares, entre otras.

Falta de acuerdo con AQUONA

El convenio firmado con la empresa AQUONA, encargada del agua de la ciudad, finalizará a principios del año 2020 tras diez años de acuerdo. La empresa solicitó una prórroga de cinco años más al consistorio sin que, hasta el momento, haya habido acuerdo.

Actualmente el convenio con la empresa se rige por pliegos firmados hace 10 años con los que el equipo actual no se encuentra de acuerdo: la calidad prestada no equivale a los precios que se abonan.

La empresa AQUONA no ha realizado los pagos al consistorio desde el tercer trimestre de 2015 por la falta de acuerdo entre las dos entidades. Según la empresa encargada del suministro de agua debe abonar al consistorio más de 120 000 euros, mientras que para el consistorio la deuda hasta el  tercer trimestre de 2018 asciende a 335 000 euros.

Según explicaba Jáñez, ambas partes tienen esperanza en llegar a un acuerdo positivo ya que el conflicto radica en la manera de interpretar el acuerdo, por lo que el tema quedará pendiente para próximos plenos. “Sería irresponsable por nuestra parte llevar a pleno un contrato con AQUONA con el que no estamos de acuerdo”.