Las zonas rurales recurren al Procurador del Común por discriminación inversora
La diferencia de servicios entre el medio urbano y rural de Castilla y León se refleja en el informe del Procurador del Común del 2018, con un aumento de las reclamaciones de los pequeños pueblos por "discriminación a la hora de recibir inversiones municipales" o disminución de las ayudas que reciben.
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El nuevo procurador del Común de la Comunidad, Tomás Quintana, en el que es su primer informe al frente de la institución, compartido con el anterior titular Javier Amoedo en 2018, ha recordado en su exposición en las Cortes este martes que se han incrementado las reclamaciones de las entidades locales menores, "denunciando fundamentalmente una inadecuada prestación de los servicios".
"Incluso algunas entidades locales menores han demandado nuestra intervención haciéndonos saber la discriminación que sufren a la hora de recibir las inversiones municipales en sus poblaciones o la progresiva disminución de las ayudas que reciben de otras administraciones", ha explicado Quintana.
Se trata, ha añadido, de ayudas "indispensable para garantizar una prestación igualitaria de los servicios públicos, homologable a la que reciben los ciudadanos en los núcleos más poblados".
El procurador del Común ha dicho que ese problema les preocupa doblemente, por lo que puede tener "de discriminatorio" que los ciudadanos "en función del lugar donde residan, reciban unos servicios de mayor o menor calidad", y por que la "deficiente prestación de servicios en el medio rural puede contribuir a su abandono, lo que agrava el fenómeno de la despoblación".
Quintana ha defendido el papel de las Diputaciones provinciales en cuanto al apoyo que deben seguir prestando a las entidades locales menores y pequeños municipios, para que los servicios públicos sean similares a los que reciben en localidades de mayor tamaño.
Y también para que "la gestión patrimonial de los bienes", de manera qué "las pequeñas entidades locales realicen una eficiente explotación de los mismos, logrando generar ingresos que contribuyan a paliar las carencias económicas que padecen", ha concluido.
El nuevo procurador del Común de la Comunidad, Tomás Quintana, en el que es su primer informe al frente de la institución, compartido con el anterior titular Javier Amoedo en 2018, ha recordado en su exposición en las Cortes este martes que se han incrementado las reclamaciones de las entidades locales menores, "denunciando fundamentalmente una inadecuada prestación de los servicios".
"Incluso algunas entidades locales menores han demandado nuestra intervención haciéndonos saber la discriminación que sufren a la hora de recibir las inversiones municipales en sus poblaciones o la progresiva disminución de las ayudas que reciben de otras administraciones", ha explicado Quintana.
Se trata, ha añadido, de ayudas "indispensable para garantizar una prestación igualitaria de los servicios públicos, homologable a la que reciben los ciudadanos en los núcleos más poblados".
El procurador del Común ha dicho que ese problema les preocupa doblemente, por lo que puede tener "de discriminatorio" que los ciudadanos "en función del lugar donde residan, reciban unos servicios de mayor o menor calidad", y por que la "deficiente prestación de servicios en el medio rural puede contribuir a su abandono, lo que agrava el fenómeno de la despoblación".
Quintana ha defendido el papel de las Diputaciones provinciales en cuanto al apoyo que deben seguir prestando a las entidades locales menores y pequeños municipios, para que los servicios públicos sean similares a los que reciben en localidades de mayor tamaño.
Y también para que "la gestión patrimonial de los bienes", de manera qué "las pequeñas entidades locales realicen una eficiente explotación de los mismos, logrando generar ingresos que contribuyan a paliar las carencias económicas que padecen", ha concluido.
