El consejero de Agricultura reclama al Gobierno el desbloqueo de la modernización de los riegos del Alto Villares y la Presa de la Tierra
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pretende, junto con las comunidades de regantes y en la mayor parte de las actuaciones con Seiasa, invertir unos 137 millones de euros para trabajar en más de 13.000 hectáreas en esa provincia.
![[Img #47019]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/9990_captura.jpg)
El consejero de Agricultura de la Junta, Jesús Julio Carnero, ha reclamado este martes en Zotes del Páramo al Gobierno que desbloquee las obras aprobadas de las infraestructuras para la modernización del regadío del Alto Villares y la Presa de la Tierra, las dos del sistema Órbigo. Las dos actuaciones de carácter urgente, en trámite con Seisa, se encuentran dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Castilla y León es la única comunidad autónoma que ha suscrito un convenio que permite la participación coordinada de ambas administraciones (central y autonómica) y que ofrece unas condiciones de financiación más ventajosas para los regantes en comparación con otras regiones. Con esta fórmula, los regantes aportan inicialmente el 24% a los costes totales de la inversión.
El consejero de Agricultura ha participado este martes en Zotes del Páramo en la segunda jornada ‘El Páramo leonés y los nuevos regadíos’. En este encuentro, Carnero ha explicado los beneficios que conlleva el nuevo ‘Plan de Impulso de Infraestructuras Agrarias de Interés General’ que se va a poner próximamente en marcha y que “nos permitirá poner a disposición del sector herramientas que le permitan ser cada vez más sostenible y competitivo”.
Para el consejero, “este Plan viene a reforzar la apuesta de la Junta por el sector agrario y agroalimentario que es estratégico para el desarrollo de Castilla y León”. También ha dado a conocer que los principales objetivos de este Plan son la creación de mayor riqueza en el sector y la mejora del desarrollo socioeconómico y medioambiental de las zonas rurales.
En esta legislatura, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pretende, junto con las comunidades de regantes y en la mayor parte de las actuaciones con Seiasa, invertir unos 137 millones de euros para trabajar en más de 13.000 hectáreas en esa provincia.
El agua, motor de desarrollo
De las aproximadamente 500.000 hectáreas de regadío que hay en la Comunidad, más del 25% se ubican en la provincia de León, siendo esta la principal provincia en lo que a superficie de regadío se refiere.
El ‘Plan de Impulso de Infraestructuras Agrarias de Interés General’ nace como un sistema de desarrollo rural cuyo motor va a ser el agua. La disponibilidad de agua y sistemas avanzados de riego, permite la diversificación de los productos agrarios y la posibilidad de desarrollo de la industria alimentaria. Y la capacidad de tecnificar completamente el proceso de cultivo permitirá hacer más atractiva y competitiva la actividad agraria.
En la situación de avanzar en la modernización con Seiasa tanto en este periodo del Programa de Desarrollo Rural como en el siguiente hay doce zonas en León que contabilizan más de 40.000 hectáreas que supondrían una inversión en esta provincia superior a los 333 millones de euros.
El consejero de Agricultura de la Junta, Jesús Julio Carnero, ha reclamado este martes en Zotes del Páramo al Gobierno que desbloquee las obras aprobadas de las infraestructuras para la modernización del regadío del Alto Villares y la Presa de la Tierra, las dos del sistema Órbigo. Las dos actuaciones de carácter urgente, en trámite con Seisa, se encuentran dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Castilla y León es la única comunidad autónoma que ha suscrito un convenio que permite la participación coordinada de ambas administraciones (central y autonómica) y que ofrece unas condiciones de financiación más ventajosas para los regantes en comparación con otras regiones. Con esta fórmula, los regantes aportan inicialmente el 24% a los costes totales de la inversión.
El consejero de Agricultura ha participado este martes en Zotes del Páramo en la segunda jornada ‘El Páramo leonés y los nuevos regadíos’. En este encuentro, Carnero ha explicado los beneficios que conlleva el nuevo ‘Plan de Impulso de Infraestructuras Agrarias de Interés General’ que se va a poner próximamente en marcha y que “nos permitirá poner a disposición del sector herramientas que le permitan ser cada vez más sostenible y competitivo”.
Para el consejero, “este Plan viene a reforzar la apuesta de la Junta por el sector agrario y agroalimentario que es estratégico para el desarrollo de Castilla y León”. También ha dado a conocer que los principales objetivos de este Plan son la creación de mayor riqueza en el sector y la mejora del desarrollo socioeconómico y medioambiental de las zonas rurales.
En esta legislatura, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pretende, junto con las comunidades de regantes y en la mayor parte de las actuaciones con Seiasa, invertir unos 137 millones de euros para trabajar en más de 13.000 hectáreas en esa provincia.
El agua, motor de desarrollo
De las aproximadamente 500.000 hectáreas de regadío que hay en la Comunidad, más del 25% se ubican en la provincia de León, siendo esta la principal provincia en lo que a superficie de regadío se refiere.
El ‘Plan de Impulso de Infraestructuras Agrarias de Interés General’ nace como un sistema de desarrollo rural cuyo motor va a ser el agua. La disponibilidad de agua y sistemas avanzados de riego, permite la diversificación de los productos agrarios y la posibilidad de desarrollo de la industria alimentaria. Y la capacidad de tecnificar completamente el proceso de cultivo permitirá hacer más atractiva y competitiva la actividad agraria.
En la situación de avanzar en la modernización con Seiasa tanto en este periodo del Programa de Desarrollo Rural como en el siguiente hay doce zonas en León que contabilizan más de 40.000 hectáreas que supondrían una inversión en esta provincia superior a los 333 millones de euros.
