José María Jáñez
Lunes, 26 de Agosto de 2013
El secuestro de la ciudadanía
Se cumplen ya 34 años de la celebración de las primeras elecciones municipales en nuestro país desde la restauración de las libertades políticas y civiles. Desde entonces, la democracia y la autonomía local se han ido desarrollando lentamente bajo el paraguas del consenso generalizado de su idoneidad.
La propia Constitución Española consagró la autonomía y la democracia y la siempre incumplida suficiencia financiera locales como principios clave de la organización territorial del Estado.
A partir de entonces, estos principios se fueron poniendo en marcha de forma progresiva hasta que en 1985 se promulgó la Ley de Bases de Régimen Local. Esta ley fue completada en 1988 por la Ley de Haciendas Locales, pues se entendió (con buen criterio) que resultaba inútil otorgar autonomía política sobre determinadas materias a entidades carentes de recursos con los que ejercer las competencias encomendadas.
Estas normas locales fueron completadas por las de las Comunidades Autónomas. A parte, España ratificó la importantísima Carta Europea de la Autonomía Local, que ha venido a considerarse como la Constitución de todas las entidades locales de Europa.
En definitiva. La filosofía política municipalista generalizada se podía resumir en la idoneidad de dotar a las entidades locales de una gran autonomía política, de democracia y de suficientes recursos, pues se entendía que contar con municipios democráticos y operativos era uno de los principales fundamentos de un régimen democrático que tuviera entre sus fines el progreso y el bienestar social.
Existía un consenso generalizado en torno al convencimiento de que en este nivel territorial, el derecho a la participación ciudadana puede ser ejercido más directamente y que esa participación era conveniente.
Y existía también un convencimiento de que la existencia de entidades locales investidas de competencias efectivas, permitía una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano.
De tal modo que más allá de la normativa aprobada, desde la propia FEMP a la CNAL, pasando por los distintos operadores políticos y jurídicos locales, se fue consolidando una reclamación unánime para desembocar en un verdadero Pacto Local que diera por fin pleno sentido en lo concreto a los principios políticos que siempre se quedaban en los discursos.
Pero de repente estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis se nos vino encima. Sin embargo la crisis no parecía que, en principio, debiera suponer un cambio de rumbo en este sentido. Al contrario, la crisis del neoliberalismo vino a reforzar las tesis municipalistas.
Los municipios no son culpables de la crisis, ni tampoco han generado una deuda inasumible en términos generales, sobre todo si no tenemos en cuenta a Madrid, que rompe con las estadísticas y afea hasta a los Ayuntamientos más irresponsables. Que los hay, por supuesto. Y los problemas de los municipios en gran medida se deben al modelo de las fuentes de ingresos, afectados y demasiado ligados al ladrillo (IBI, Impuesto de Plusvalías, licencias de obras y similares…).
Lo más coherente era reformar la legislación en lo concerniente a los ingresos locales, para que estos fueran incondicionados en una mayor medida, menos ligados a intereses especulativos por lo tanto, reforzar las competencias municipales, clarificándolas conforme al principio de subsidiariedad y comarcalizar el territorio.
Sin embargo, los culpables de la crisis (de la estafa) no pagaron por ella ni tan siquiera política y económicamente. Por el contrario, se aprovecharon de ella, interviniendo de facto a nuestro país y poniendo en marcha la revolución neoliberal.
La Troika aprovechó la sumisión de los dos partidos del régimen a los intereses del gran capital y ordenó al PSOE que reformara la Constitución. El apoyo del PP estaba brindado.
De este modo, España ha vivido lo que se puede calificar como un auténtico golpe de Estado financiero de facto. Al reformarse la Constitución, se introdujo en su articulado la prelación del pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto. Y puesto que el Estado asumió como deuda soberana la deuda internacional privada generada por la banca, el PP y el PSOE elevaron a rango constitucional que el pago de las deudas de la banca fuesen prioritarios a cualquier otro tipo de gasto público en beneficio de la ciudadanía. El neoliberalismo elevado a rango constitucional. El pacto social surgido de la constitución hecho añicos. El débil Estado social y democrático de derecho sustituido por un mero protectorado alemán al servicio de los acreedores, de la banca.
Es a partir de entonces cuando, en consecuencia, comienzan a producirse viernes tras viernes, recorte tras recorte. No se libran ni la salud, ni la educación, ni las pensiones, ni la dependencia, ni la obra pública. Nada.
Sobra decir que cada reforma era en realidad un recorte contra el eslabón más débil de cada sector y que cada recorte nos sume a los de abajo en un pozo aun más profundo y nos aleja más de la recuperación.
Es el caso de la reforma laboral, la reforma educativa, la elitización de la universidad o la propia reforma local.
Este es el escenario en el que nos desenvolvemos y es preciso tenerlo claro para poder hacer una análisis mínimamente certero.
En lo referente a la reforma del régimen local aprobada por el Consejo de Cinistros, se trata de un despiadado ataque contra la democracia, contra los pueblos y las ciudades: contra la ciudadanía. Es el secuestro de la ciudadanía.
La reforma del régimen local refuerza las Diputaciones Provinciales en vez de optar por comarcalizar el territorio, se deshace de la las Entidades Locales de Ámbito Inferior al Municipio, desaparecen las competencias sociales, educativas y sanitarias municipales, se cierra la posibilidad de que los municipios cuenten con su propio sector público. Todo ello abre el camino para la dilapidación del patrimonio público, la privatización o la externalización de los servicios y la tutela por los hombres de negro. Es la vuelta al municipio franquista, desandar lo andado durante estos 34 años. El alcalde sustituido por el corregidor de la Edad Media.
Existen alternativas posibles, existe un programa municipalista claro, realista, consensuado y posible. Pero para que pueda ser implementado es necesario cambiar la correlación de fuerzas existente a nivel nacional. Es preciso castigar al PP y al PSOE, pues ni el PP ni el PSOE hacen nada por nosotros ni por nuestra tierra.
Se precisa una respuesta organizada de los de abajo, desde lo local, reclamando las ciudades como espacio de ciudadanía para a partir de ahí reclamar lo que nos pertenece.
Esa es la primera batalla que debemos ganar para lograr acabar con esta estafa, para lograr salir de la larga y oscura noche (de la crisis) neoliberal.
Se cumplen ya 34 años de la celebración de las primeras elecciones municipales en nuestro país desde la restauración de las libertades políticas y civiles. Desde entonces, la democracia y la autonomía local se han ido desarrollando lentamente bajo el paraguas del consenso generalizado de su idoneidad.
La propia Constitución Española consagró la autonomía y la democracia y la siempre incumplida suficiencia financiera locales como principios clave de la organización territorial del Estado.
A partir de entonces, estos principios se fueron poniendo en marcha de forma progresiva hasta que en 1985 se promulgó la Ley de Bases de Régimen Local. Esta ley fue completada en 1988 por la Ley de Haciendas Locales, pues se entendió (con buen criterio) que resultaba inútil otorgar autonomía política sobre determinadas materias a entidades carentes de recursos con los que ejercer las competencias encomendadas.
Estas normas locales fueron completadas por las de las Comunidades Autónomas. A parte, España ratificó la importantísima Carta Europea de la Autonomía Local, que ha venido a considerarse como la Constitución de todas las entidades locales de Europa.
En definitiva. La filosofía política municipalista generalizada se podía resumir en la idoneidad de dotar a las entidades locales de una gran autonomía política, de democracia y de suficientes recursos, pues se entendía que contar con municipios democráticos y operativos era uno de los principales fundamentos de un régimen democrático que tuviera entre sus fines el progreso y el bienestar social.
Existía un consenso generalizado en torno al convencimiento de que en este nivel territorial, el derecho a la participación ciudadana puede ser ejercido más directamente y que esa participación era conveniente.
Y existía también un convencimiento de que la existencia de entidades locales investidas de competencias efectivas, permitía una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano.
De tal modo que más allá de la normativa aprobada, desde la propia FEMP a la CNAL, pasando por los distintos operadores políticos y jurídicos locales, se fue consolidando una reclamación unánime para desembocar en un verdadero Pacto Local que diera por fin pleno sentido en lo concreto a los principios políticos que siempre se quedaban en los discursos.
Pero de repente estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis se nos vino encima. Sin embargo la crisis no parecía que, en principio, debiera suponer un cambio de rumbo en este sentido. Al contrario, la crisis del neoliberalismo vino a reforzar las tesis municipalistas.
Los municipios no son culpables de la crisis, ni tampoco han generado una deuda inasumible en términos generales, sobre todo si no tenemos en cuenta a Madrid, que rompe con las estadísticas y afea hasta a los Ayuntamientos más irresponsables. Que los hay, por supuesto. Y los problemas de los municipios en gran medida se deben al modelo de las fuentes de ingresos, afectados y demasiado ligados al ladrillo (IBI, Impuesto de Plusvalías, licencias de obras y similares…).
Lo más coherente era reformar la legislación en lo concerniente a los ingresos locales, para que estos fueran incondicionados en una mayor medida, menos ligados a intereses especulativos por lo tanto, reforzar las competencias municipales, clarificándolas conforme al principio de subsidiariedad y comarcalizar el territorio.
Sin embargo, los culpables de la crisis (de la estafa) no pagaron por ella ni tan siquiera política y económicamente. Por el contrario, se aprovecharon de ella, interviniendo de facto a nuestro país y poniendo en marcha la revolución neoliberal.
La Troika aprovechó la sumisión de los dos partidos del régimen a los intereses del gran capital y ordenó al PSOE que reformara la Constitución. El apoyo del PP estaba brindado.
De este modo, España ha vivido lo que se puede calificar como un auténtico golpe de Estado financiero de facto. Al reformarse la Constitución, se introdujo en su articulado la prelación del pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto. Y puesto que el Estado asumió como deuda soberana la deuda internacional privada generada por la banca, el PP y el PSOE elevaron a rango constitucional que el pago de las deudas de la banca fuesen prioritarios a cualquier otro tipo de gasto público en beneficio de la ciudadanía. El neoliberalismo elevado a rango constitucional. El pacto social surgido de la constitución hecho añicos. El débil Estado social y democrático de derecho sustituido por un mero protectorado alemán al servicio de los acreedores, de la banca.
Es a partir de entonces cuando, en consecuencia, comienzan a producirse viernes tras viernes, recorte tras recorte. No se libran ni la salud, ni la educación, ni las pensiones, ni la dependencia, ni la obra pública. Nada.
Sobra decir que cada reforma era en realidad un recorte contra el eslabón más débil de cada sector y que cada recorte nos sume a los de abajo en un pozo aun más profundo y nos aleja más de la recuperación.
Es el caso de la reforma laboral, la reforma educativa, la elitización de la universidad o la propia reforma local.
Este es el escenario en el que nos desenvolvemos y es preciso tenerlo claro para poder hacer una análisis mínimamente certero.
En lo referente a la reforma del régimen local aprobada por el Consejo de Cinistros, se trata de un despiadado ataque contra la democracia, contra los pueblos y las ciudades: contra la ciudadanía. Es el secuestro de la ciudadanía.
La reforma del régimen local refuerza las Diputaciones Provinciales en vez de optar por comarcalizar el territorio, se deshace de la las Entidades Locales de Ámbito Inferior al Municipio, desaparecen las competencias sociales, educativas y sanitarias municipales, se cierra la posibilidad de que los municipios cuenten con su propio sector público. Todo ello abre el camino para la dilapidación del patrimonio público, la privatización o la externalización de los servicios y la tutela por los hombres de negro. Es la vuelta al municipio franquista, desandar lo andado durante estos 34 años. El alcalde sustituido por el corregidor de la Edad Media.
Existen alternativas posibles, existe un programa municipalista claro, realista, consensuado y posible. Pero para que pueda ser implementado es necesario cambiar la correlación de fuerzas existente a nivel nacional. Es preciso castigar al PP y al PSOE, pues ni el PP ni el PSOE hacen nada por nosotros ni por nuestra tierra.
Se precisa una respuesta organizada de los de abajo, desde lo local, reclamando las ciudades como espacio de ciudadanía para a partir de ahí reclamar lo que nos pertenece.
Esa es la primera batalla que debemos ganar para lograr acabar con esta estafa, para lograr salir de la larga y oscura noche (de la crisis) neoliberal.
