El Procurador del Común pide a los ayuntamientos y la Junta control y extinción de la oruga procesionaria

El Procurador del Común ha pedido este viernes a los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que sigan implementando las medidas de prevención y control de la procesionaria del pino que mejor se adapten a las características de cada municipio y al número de ejemplares afectados, y que realicen una adecuada planificación de las labores de control y eliminación de este insecto atendiendo a las situaciones de cambio climático que, en general, están adelantando los ciclos de eclosión de estas larvas y su llegada a la madurez.

El Defensor del Pueblo de Castilla y León ha sugerido que se preste especial vigilancia y seguimiento a los ejemplares situados en zonas escolares y de juego infantil, así como en zonas de recreo para mascotas, al tiempo que plantea que se facilite una adecuada información al ciudadano sobre la incidencia de la plaga, ademas de la realización de un seguimiento de la incidencia de este lepidóptero en zonas verdes o fincas particulares, efectuando el correspondiente asesoramiento técnico y/o si la situación lo requiriera dictando las correspondientes órdenes de ejecución.

El Procurador del Común ha señalado que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aporte la ayuda y asistencia técnica en cumplimiento del mandato de cooperación y coordinación administrativa al servicio de los ciudadanos.

De esta manera, la Defensoría ha iniciado una actuación de oficio ante la existencia de una elevada afectación de las áreas arboladas de Castilla y León por la llamada “oruga procesionaria”. La llamativa presencia de esta oruga en parques y jardines públicos y también en zonas de juego infantil o en los patios de los centros escolares, ha provocado una cierta alarma social, sobre todo por los efectos urticantes y los daños que causa el simple contacto con ellas, tanto en las personas como en las mascotas, singularmente en los perros.

Queja recurrente

Debido a que ha sido una queja recurrente, desde la Procuraduría aseguran que se sabía que las entidades locales han venido aplicando distintos métodos preventivos y de tratamiento de este lepidóptero, con diferentes resultados en cuanto a su efectividad, sobre todo cuando han existido cambios en el ciclo de eclosión y bajada a tierra de las orugas, ciclo que resulta cambiante año tras año en función de diversas circunstancias climatológicas que provocan, tras los inviernos de temperaturas muy suaves, un adelanto y una mayor proliferación. Así ocurrió el pasado año 2019.

Según los datos facilitados, parece que la tendencia a la expansión de este insecto va a hacer cada vez más frecuente su presencia en los entornos urbanos, por las condiciones climáticas, es por ello que las administraciones deben estar preparadas para combatirlo en apenas unos meses y mantener la población de esta especie en umbrales aceptables, concluye el Procurador del Común.