Comienza el proceso para aprobar las medidas urgentes para el campo en el Congreso de los Diputados
El Congreso de los Diputados tramitará finalmente como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia el real decreto ley aprobado el pasado 25 de febrero por el Gobierno con medidas urgentes para combatir la crisis de rentabilidad del sector primario, después de las contundentes movilizaciones de los agricultores.
![[Img #48741]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/4139_planas2_tcm30-536696.jpg)
Los grupos parlamentarios contarán ahora con un plazo, más abreviado del normal, para poder aportar enmiendas al texto aprobado por el Ejecutivo. Este tipo de tramitación ha contado con el voto a favor de 186 diputados, 157 en contra y seis abstenciones.
En su intervención ante el pleno de este miércoles, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que el Decreto Ley tendrá un "impacto positivo", aunque la oposición lo ha considerado insuficiente para solucionar esos problemas del sector primario.
El ministro ha repasado cada uno de los artículos contenidos en el Real Decreto-Ley.
Así, el artículo primero modifica la Ley 12/2013 de medidas de mejora de la cadena alimentaria. Los principales cambios se resumen en la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos agrarios y que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción; prohibir la “venta a pérdida”; regular las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos; y, dar publicidad a las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.
Esta regulación, ha precisado el ministro, será completada “de forma inminente” con una segunda modificación de la Ley de la Cadena, con un proyecto de ley de trasposición de la Directiva de prácticas comerciales desleales, que introducirá nuevas medidas para mejorar su funcionamiento.
El artículo segundo recoge una medida para hacer frente al envejecimiento y potenciar el relevo generacional, porque “el campo ha de ser atractivo para los jóvenes” y, sobre todo, “rentable”. Por ello, se propone modificar la Ley 35/2006 del IRPF para incorporar una medida que facilite la tributación de las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores en cuatro años para que no tengan que hacerlo de una sola vez el primer año.
Ante el descenso de la actividad agraria como consecuencia de una bajada de producción, el artículo tercero prevé reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y en Extremadura.
El artículo cuarto está dirigido a lograr una mayor estabilidad en el empleo del personal eventual agrario, dado de alta en el Sistema Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social, ya que se incentiva la conversión de estos contratos en contratos indefinidos o fijos-discontinuos a través de bonificaciones en la cuota empresarial.
La modificación de la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevista en el artículo quinto, se prevé para ampliar el ámbito de actuación de la Inspección más allá del propio centro de trabajo para que se pueda también llevar a cabo en locales o viviendas en los que se alojen los trabajadores.
Los grupos parlamentarios contarán ahora con un plazo, más abreviado del normal, para poder aportar enmiendas al texto aprobado por el Ejecutivo. Este tipo de tramitación ha contado con el voto a favor de 186 diputados, 157 en contra y seis abstenciones.
En su intervención ante el pleno de este miércoles, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que el Decreto Ley tendrá un "impacto positivo", aunque la oposición lo ha considerado insuficiente para solucionar esos problemas del sector primario.
El ministro ha repasado cada uno de los artículos contenidos en el Real Decreto-Ley.
Así, el artículo primero modifica la Ley 12/2013 de medidas de mejora de la cadena alimentaria. Los principales cambios se resumen en la obligatoriedad de la inclusión del coste efectivo de producción como factor para determinar los precios en los contratos agrarios y que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción; prohibir la “venta a pérdida”; regular las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios y de los alimentos; y, dar publicidad a las sanciones impuestas a las empresas incumplidoras.
Esta regulación, ha precisado el ministro, será completada “de forma inminente” con una segunda modificación de la Ley de la Cadena, con un proyecto de ley de trasposición de la Directiva de prácticas comerciales desleales, que introducirá nuevas medidas para mejorar su funcionamiento.
El artículo segundo recoge una medida para hacer frente al envejecimiento y potenciar el relevo generacional, porque “el campo ha de ser atractivo para los jóvenes” y, sobre todo, “rentable”. Por ello, se propone modificar la Ley 35/2006 del IRPF para incorporar una medida que facilite la tributación de las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores en cuatro años para que no tengan que hacerlo de una sola vez el primer año.
Ante el descenso de la actividad agraria como consecuencia de una bajada de producción, el artículo tercero prevé reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y en Extremadura.
El artículo cuarto está dirigido a lograr una mayor estabilidad en el empleo del personal eventual agrario, dado de alta en el Sistema Especial Agrario del Régimen General de la Seguridad Social, ya que se incentiva la conversión de estos contratos en contratos indefinidos o fijos-discontinuos a través de bonificaciones en la cuota empresarial.
La modificación de la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevista en el artículo quinto, se prevé para ampliar el ámbito de actuación de la Inspección más allá del propio centro de trabajo para que se pueda también llevar a cabo en locales o viviendas en los que se alojen los trabajadores.
