La Junta inicia una campaña para controlar si los comercios cumplen las normas de protección y seguridad frente a la Covid-19
De no cumplir las medidas, los establecimientos que las infrinjan podrán ser sancionados entre los 100 y los 600.000 euros.
![[Img #50909]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/8756_dsc_0003.jpg)
La Junta de Castilla y León ha iniciado este miércoles controles para verificar que en los locales comerciales se están cumpliendo todas las normas sanitarias para asegurar la protección de la salud y la seguridad de trabajadores, consumidores y usuarios.
La Consejería de Empleo e Industria ha establecido la realización de un mínimo de 52 visitas de inspección semanales, cuatro en cada provincia. La campaña se extenderá mientras esté vigente el Plan de Medidas de Prevención y Control acordado por la Junta.
La Junta ha puesto ya a disposición de establecimientos comerciales y de prestación de servicios, centros y parques comerciales, a través del Portal del Comerciante, los protocolos de actuación que contienen las medidas preventivas y de control que son aplicables a su actividad y de obligado cumplimiento en Castilla y León.
El objetivo de esta iniciativa es "contribuir a generar confianza entre los consumidores respecto al sector comercial, que estuvo muy afectado por las restricciones a la actividad en los meses más duros de la emergencia sanitaria y que aún hoy sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia", señalan desde la Consejería. Se trata de reforzar la buena imagen del comercio de proximidad y de las grandes superficies, como establecimientos seguros, para incentivar la demanda.
En la campaña trabaja personal de la Dirección General de Comercio y Consumo y de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía. El órgano central se encargará de coordinar las visitas, realizar un seguimiento de las mismas y adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las directrices sanitarias. Por su parte, los inspectores de Comercio y Consumo de las provincias efectuarán las labores de vigilancia y control.
El Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, será la normativa de referencia para dictar sanciones, cuyo importe oscila entre los 100 euros por una infracción leve y los 600.000 euros en el caso de infracciones muy graves.
La Junta de Castilla y León ha iniciado este miércoles controles para verificar que en los locales comerciales se están cumpliendo todas las normas sanitarias para asegurar la protección de la salud y la seguridad de trabajadores, consumidores y usuarios.
La Consejería de Empleo e Industria ha establecido la realización de un mínimo de 52 visitas de inspección semanales, cuatro en cada provincia. La campaña se extenderá mientras esté vigente el Plan de Medidas de Prevención y Control acordado por la Junta.
La Junta ha puesto ya a disposición de establecimientos comerciales y de prestación de servicios, centros y parques comerciales, a través del Portal del Comerciante, los protocolos de actuación que contienen las medidas preventivas y de control que son aplicables a su actividad y de obligado cumplimiento en Castilla y León.
El objetivo de esta iniciativa es "contribuir a generar confianza entre los consumidores respecto al sector comercial, que estuvo muy afectado por las restricciones a la actividad en los meses más duros de la emergencia sanitaria y que aún hoy sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia", señalan desde la Consejería. Se trata de reforzar la buena imagen del comercio de proximidad y de las grandes superficies, como establecimientos seguros, para incentivar la demanda.
En la campaña trabaja personal de la Dirección General de Comercio y Consumo y de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía. El órgano central se encargará de coordinar las visitas, realizar un seguimiento de las mismas y adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las directrices sanitarias. Por su parte, los inspectores de Comercio y Consumo de las provincias efectuarán las labores de vigilancia y control.
El Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, será la normativa de referencia para dictar sanciones, cuyo importe oscila entre los 100 euros por una infracción leve y los 600.000 euros en el caso de infracciones muy graves.
