Los sanitarios de Astorga I y II se concentran ante los centros médicos para decir 'no' a las condiciones impuestas por la Junta en la segunda ola de la pandemia
Médicos y enfermeras se han unido a las protestas que han tenido lugar a las 11 horas en toda Castilla y León para exigir la retirada del decreto publicado en Bocyl sin el consenso de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública.
![[Img #51680]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2020/921_img-20201119-wa0007.jpg)
El personal sanitario de las áreas básicas de salud de Astorga I y II se han concentrado este mediodía en las puertas del centro de especialidades y de los consultorios, para manifestar su total rechazo al decreto firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado sábado, que regula las condiciones laborales de médicos y enfermeras en esta segunda ola de la pandemia. Las protestas están teniendo lugar después de que, según los sindicatos, la Junta decidiera "romper de manera unilateral cualquier negociación" con la publicación del 'decretazo' en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
Al frente de las concentraciones en nuestras áreas sanitarias han estado las coordinadoras de Astorga I, Laura Linares, y Astorga II, Pilar García. En el centro de especialidades, Laura Linares ha señalado que imponer a los profesionales de la sanidad con un decreto las condiciones laborales es una "pérdida de derechos" que les ha costado mucho conquistar. "En vez de imponer lo que deberían hacer es incentivar y motivar a los sanitarios, y no publicar un decreto" con el que la administración puede adaptar sin contar con los profesionales los permisos, vacaciones y licencias, la jornada de trabajo, el régimen de turnos y los descansos, las guardias médicas y la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, entre otras condiciones.
Laura Linares ha pedido que "contraten y paguen como hay que pagar" a los sanitarios y que contraten a licenciados sin MIR para "pagarles mucho menos", una situación que provocará "bajar la calidad asistencial. Tienen que tener en cuenta que la sanidad pública nos cuenta mucho a todos los españoles".
La presión de los profesionales de la sanidad continuará con las protestas hasta que en la Junta inviertan "todo lo que sea necesario" en personal y medios para afrontar la pandemia, "seguiremos protestando para que se nos vea porque estamos contra la cuerdas y agotados" porque no sustituyen a los profesionales de baja, "y el que paga las consecuencias del malestar es el paciente".
![[Img #51679]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2020/457_img-20201119-wa0010.jpg)
En la sanidad rural, los y las profesionales han salido a las 11 de la mañana a las puertas de los consultorios. En Val de San Lorenzo, la coordinadora de Astorga II, Pilar García, manifestaba su malestar junto a la enfermera Matilde, en una concentración a la que se unían miembros de la Corporación Municipal con el alcalde, Eligio Geijo a la cabeza.
La aplicación del 'decretazo' a la sanidad rural agravará el problema de la falta de facultativos porque el traslado del médico para reforzar las plantillas desbordadas por la pandemia, "agudizará el problema, es desvestir a un santo para vestir a otro. Si nos mueven lo va a pagar la gente porque siempre están poniendo sobre nuestros hombros" la responsabilidad de la calidad asistencial, ha afirmado Pilar García, quien este jueves está encargada de las consultas de Val de San Lorenzo, Santiago Millas por encontrarse la titular de baja, y de Valderrey porque la médica hoy está de descanso tras una guardia.
La coordinadora de Astorga II entiende que "no hay médicos, pero si encima de que estamos mal nos desorganizan" el problema se va a agudizar. Pilar García ha manifestado "tener confianza en que la Gerencia de Atención Primaria de León va a contar con los profesionales, de la que no me fío es de la Regional".
Las concentraciones que se han desarrollado en Castilla y León están convocadas por los seis sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE-. Las organizaciones sindicales han protestado de la sede de la Consejería de Sanidad, para exigir a la Junta de Castilla y León "responsabilidad, respeto y seriedad" para con los trabajadores de sanidad y con la población, ante lo que consideran "el mayor abuso jamás realizado" sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público.
El personal sanitario de las áreas básicas de salud de Astorga I y II se han concentrado este mediodía en las puertas del centro de especialidades y de los consultorios, para manifestar su total rechazo al decreto firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado sábado, que regula las condiciones laborales de médicos y enfermeras en esta segunda ola de la pandemia. Las protestas están teniendo lugar después de que, según los sindicatos, la Junta decidiera "romper de manera unilateral cualquier negociación" con la publicación del 'decretazo' en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
Al frente de las concentraciones en nuestras áreas sanitarias han estado las coordinadoras de Astorga I, Laura Linares, y Astorga II, Pilar García. En el centro de especialidades, Laura Linares ha señalado que imponer a los profesionales de la sanidad con un decreto las condiciones laborales es una "pérdida de derechos" que les ha costado mucho conquistar. "En vez de imponer lo que deberían hacer es incentivar y motivar a los sanitarios, y no publicar un decreto" con el que la administración puede adaptar sin contar con los profesionales los permisos, vacaciones y licencias, la jornada de trabajo, el régimen de turnos y los descansos, las guardias médicas y la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, entre otras condiciones.
Laura Linares ha pedido que "contraten y paguen como hay que pagar" a los sanitarios y que contraten a licenciados sin MIR para "pagarles mucho menos", una situación que provocará "bajar la calidad asistencial. Tienen que tener en cuenta que la sanidad pública nos cuenta mucho a todos los españoles".
La presión de los profesionales de la sanidad continuará con las protestas hasta que en la Junta inviertan "todo lo que sea necesario" en personal y medios para afrontar la pandemia, "seguiremos protestando para que se nos vea porque estamos contra la cuerdas y agotados" porque no sustituyen a los profesionales de baja, "y el que paga las consecuencias del malestar es el paciente".
En la sanidad rural, los y las profesionales han salido a las 11 de la mañana a las puertas de los consultorios. En Val de San Lorenzo, la coordinadora de Astorga II, Pilar García, manifestaba su malestar junto a la enfermera Matilde, en una concentración a la que se unían miembros de la Corporación Municipal con el alcalde, Eligio Geijo a la cabeza.
La aplicación del 'decretazo' a la sanidad rural agravará el problema de la falta de facultativos porque el traslado del médico para reforzar las plantillas desbordadas por la pandemia, "agudizará el problema, es desvestir a un santo para vestir a otro. Si nos mueven lo va a pagar la gente porque siempre están poniendo sobre nuestros hombros" la responsabilidad de la calidad asistencial, ha afirmado Pilar García, quien este jueves está encargada de las consultas de Val de San Lorenzo, Santiago Millas por encontrarse la titular de baja, y de Valderrey porque la médica hoy está de descanso tras una guardia.
La coordinadora de Astorga II entiende que "no hay médicos, pero si encima de que estamos mal nos desorganizan" el problema se va a agudizar. Pilar García ha manifestado "tener confianza en que la Gerencia de Atención Primaria de León va a contar con los profesionales, de la que no me fío es de la Regional".
Las concentraciones que se han desarrollado en Castilla y León están convocadas por los seis sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE-. Las organizaciones sindicales han protestado de la sede de la Consejería de Sanidad, para exigir a la Junta de Castilla y León "responsabilidad, respeto y seriedad" para con los trabajadores de sanidad y con la población, ante lo que consideran "el mayor abuso jamás realizado" sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público.
