La Junta no renovará el concierto de plazas en residencias donde haya habido vacunaciones indebidas

La consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado este lunes que no renovarán los conciertos de plazas en aquellas residencias en las que se detecte que ha habido vacunaciones indebidas contra la covid.

En rueda de prensa para dar a conocer algunos avances en la contratación pública de personas con discapacidad, la consejera ha explicado que han abierto expedientes informativos en los centros en los que se han detectado esas vacunaciones indebidas a personas a las que no les correspondía por no formar parte de los grupos incluidos en la primera fase de vacunación. Y ha anunciado que en el caso de que se constate la irregularidad, si son plazas concertadas, cuando fallezcan los residentes que las ocupan, no se les renovará el concierto.

El 98 por ciento de los vacunados en residencias de mayores y discapacidad son residentes o trabajadores localizados en las bases de datos de Sanidad y Familia, ha explicado la titular de Familia, quien ha calificado las irregularidades de "situaciones puntuales y muy excepcionales".

Por el momento han trascendido dos investigaciones abiertas en Castilla y León por la vacunación al alcalde y a la secretaria del Ayuntamiento de Matamala de Almazán, en Soria, dentro de la administración de la primera dosis en la residencia de mayores de la localidad; y al regidor, otros ediles y al cura de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, como parte del patronato que gestiona la residencia de mayores del municipio.

La consejera ha explicado que hay 73.400 residentes y trabajadores en las residencias de la autonomía, primer grupo de los que debían ser vacunados contra la covid, de los que el 98 por ciento están "localizados en las bases de datos de Sanidad y Familia, y a través de las tarjetas sanitarias".

Además, se pidió a los centros residenciales un listado con el personal externo con contacto con residentes para organizar la vacunación, con el fin de conocer su historia clínica y saber si se pueden vacunar o no.

A partir de ahí "son las residencias las que, con poca ética, incluyen a personas que no entraban en los límites de los grupos prioritarios para ser vacunados, ya que no eran ni residentes, ni trabajadores, ni con contacto directo" con los usuarios de los centros de mayores y dependientes, ha advertido Blanco. La consejera también ha afeado la "poca ética" de las personas que no siendo de esos grupos prioritarios han recibido la vacunas.

Blanco ha explicado que comprobarán los listados recibidos por parte de las residencias y los de los ya vacunados para contrastarlos, aunque llevará su tiempo pues ya son más de 73.000 personas. Sobre si se debe vacunar o no de la segunda dosis a esas personas que han recibido la vacuna de forma indebida, ha dicho que es una decisión que no le corresponde a ella sino a la autoridad sanitaria.

Este domingo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, planteó que llevarán a la Fiscalía la falsificación de datos en los listados de las personas que hay que vacunar en las residencias de mayores.