La Junta acata la decisión del Supremo y establece el toque de queda a las 10 de la noche
El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado de manera telemática ha decretado el cierre de los establecimientos no esenciales a las 20 horas "para evitar los contactos de personas y así los contagios", ha anunciado Mañueco.
![[Img #52748]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/4113_20210216ruedadeprensapresidentetoquedequeda02.png)
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido esta tarde para trasladar que, "como no podía ser de otra manera", la administración que dirige "acata" la decisión cautelar del Tribunal Supremo de tumbar el adelanto del toque de queda a las 20 horas por violar el derecho fundamental de libre circulación de las personas.
Para ello, ha firmado un acuerdo que dejar sin efecto la polémica medida que recurrió a los tribunales el Gobierno central. Así las cosas, el toque de queda volverá a estar fijado entre las 22 y las 6 horas del día siguiente en todo el territorio de León y Castilla, con una novedad. En Consejo de Gobierno extraordinario celebrado de manera telemática antes de hablar con los medios, se decidió que todos los establecimientos no esenciales tendrán que cerrar sus puertas a las ocho de la tarde, "para evitar los contactos de personas y así los contagios". Un nuevo 'toque de queda' para hostelería, comercio, actividades culturales, y todo lo que no sea considerado esencial por la administración y que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de mañana.
Una vez más, Mañueco ha defendido la toma de la decisión hace un mes, porque la situación epidemiológica "lo requería" y que, subraya, se ha demostrado que fue "fundamental" para bajar la incidencia "vertiginosa" de casos. En este sentido, el presidente autonómico ha querido agradecer a los ciudadanos que "de manera abrumadora, la soledad de las calles ponía en valor el respaldo social de la decisión" que, no obstante, remarca "veremos cómo acaba" porque "el procedimiento jurídico continúa".
Además, se mantiene en la idea de solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez más competencias para tomar decisiones restrictivas si la pandemia empeora y, también, una nueva reunión telemática de presidentes, ya que la última se celebró en octubre.
Mañueco insiste en que adelantó el toque de queda por "responsabilidad" y elude hablar de dimisiones
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió una vez más este martes en rueda de prensa la decisión de adelantar el toque de queda a las 20 horas el pasado mes de enero, a pesar de que hoy el Tribunal Supremo ordenó su suspensión de manera cautelar porque considera que viola un derecho fundamental, el de la libre circulación de las personas.
"Somos un Gobierno responsable", y escudándose en esa "responsabilidad" que ponía por encima "el derecho a la vida por encima de cualquier otro derecho" eludió hablar de otras responsabilidades, las políticas. La UPL primero y el PSOE después piden al Gobierno autonómico dimisiones por la decisión jurídica. No obstante, el popular se agarra a que "el procedimiento jurídico continúa" y "veremos cómo acaba", remarcó ante los medios.
En esa misma línea fueron sus respuestas a quién tendrá que pagar el coste económico de cierres y ceses de actividad durante los 31 días que estuvo vigente la polémica medida. "Tendrá que ser el Tribunal Supremo cuando dicte sentencia en unos meses quien decida el fondo del asunto" que, "en modo alguno condiciona la labor de los servicios jurídicos ni la labor que realiza la Junta de Castilla y León".
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido esta tarde para trasladar que, "como no podía ser de otra manera", la administración que dirige "acata" la decisión cautelar del Tribunal Supremo de tumbar el adelanto del toque de queda a las 20 horas por violar el derecho fundamental de libre circulación de las personas.
Para ello, ha firmado un acuerdo que dejar sin efecto la polémica medida que recurrió a los tribunales el Gobierno central. Así las cosas, el toque de queda volverá a estar fijado entre las 22 y las 6 horas del día siguiente en todo el territorio de León y Castilla, con una novedad. En Consejo de Gobierno extraordinario celebrado de manera telemática antes de hablar con los medios, se decidió que todos los establecimientos no esenciales tendrán que cerrar sus puertas a las ocho de la tarde, "para evitar los contactos de personas y así los contagios". Un nuevo 'toque de queda' para hostelería, comercio, actividades culturales, y todo lo que no sea considerado esencial por la administración y que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de mañana.
Una vez más, Mañueco ha defendido la toma de la decisión hace un mes, porque la situación epidemiológica "lo requería" y que, subraya, se ha demostrado que fue "fundamental" para bajar la incidencia "vertiginosa" de casos. En este sentido, el presidente autonómico ha querido agradecer a los ciudadanos que "de manera abrumadora, la soledad de las calles ponía en valor el respaldo social de la decisión" que, no obstante, remarca "veremos cómo acaba" porque "el procedimiento jurídico continúa".
Además, se mantiene en la idea de solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez más competencias para tomar decisiones restrictivas si la pandemia empeora y, también, una nueva reunión telemática de presidentes, ya que la última se celebró en octubre.
Mañueco insiste en que adelantó el toque de queda por "responsabilidad" y elude hablar de dimisiones
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió una vez más este martes en rueda de prensa la decisión de adelantar el toque de queda a las 20 horas el pasado mes de enero, a pesar de que hoy el Tribunal Supremo ordenó su suspensión de manera cautelar porque considera que viola un derecho fundamental, el de la libre circulación de las personas.
"Somos un Gobierno responsable", y escudándose en esa "responsabilidad" que ponía por encima "el derecho a la vida por encima de cualquier otro derecho" eludió hablar de otras responsabilidades, las políticas. La UPL primero y el PSOE después piden al Gobierno autonómico dimisiones por la decisión jurídica. No obstante, el popular se agarra a que "el procedimiento jurídico continúa" y "veremos cómo acaba", remarcó ante los medios.
En esa misma línea fueron sus respuestas a quién tendrá que pagar el coste económico de cierres y ceses de actividad durante los 31 días que estuvo vigente la polémica medida. "Tendrá que ser el Tribunal Supremo cuando dicte sentencia en unos meses quien decida el fondo del asunto" que, "en modo alguno condiciona la labor de los servicios jurídicos ni la labor que realiza la Junta de Castilla y León".
