El covid y la marginalidad
![[Img #53257]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/4640__dsc7411.jpg)
El Ministerio de Derechos Sociales a través de su Secretaría de Estado, con fecha 27/03/2020, sacó un “Documento Técnico de recomendaciones de actuación de los Servicios Sociales ante la crisis por el Covid-19, en asentamientos segregados y barrios altamente vulnerables”.
Según ese Documento, en nuestro país, el número de este tipo de barrios en los que convive una población especialmente empobrecida y en situación de exclusión, asciende a 953. En nuestra ciudad, para vergüenza de todas las corporaciones que han pasado desde el año 1988, existe uno de ellos, situado en la zona conocida como Estación del Oeste y compuesto prácticamente en su totalidad por la comunidad conocida como Portugueses Trasmontanos. Setenta personas entre adultos y menores.
Al igual que en otras muchas ciudades, la nuestra ha creado una política de concentración que ha dado lugar a este gueto, que a su vez ha dado lugar a una situación claramente desfavorecedora respecto a la situación general de la sociedad, apareciendo retratados, en ocasiones, de una manera muy estereotipada debido a los prejuicios existentes y la escasa información sobre las realidades vitales y culturales de ésta comunidad. Allport precisaba que “los prejuicios son una predisposición a adoptar un comportamiento negativo hacia un grupo, o hacia miembros de ese grupo, que descansan sobre una generalización errónea y rígida”. En ocasiones esto es lo que ocurre con este colectivo, lo que genera ‘un rechazo’ por parte de la sociedad, negándoles un tratamiento de igualdad y por lo tanto reforzando su exclusión social.Por otra parte, hay ocasiones que se habla de esta minoría excluida, incurriendo en una especie de círculo vicioso, cargado de moralismo sentimental, que sin querer, puede hacer que surja el efecto opuesto o por lo menos se reproduzca esa exclusión.
La situación de estas familias a pesar del trabajo que se ha venido realizando con ellas desde hace años, sobre todo desde el Programa de Familia de la Diputación Provincial, nos hace afirmar que no disfrutan del derecho de igualdad de oportunidades y que el hecho de formar parte de esta comunidad concreta, dificulta las posibilidades de lograr un acceso normalizado a recursos que podrían garantizar su inclusión.
Esta situación de desventaja que no les permite incorporarse al funcionamiento social, la separación afectiva con respecto al trato social, los grados de indiferencia y exclusión nos llevan a hablar de la marginación de este colectivo, que en ocasiones genera ‘un rechazo’ por parte de la sociedad, negándoles un tratamiento de igualdad y por lo tanto reforzando su exclusión social.
La situación de confinamiento, que según el Documento Técnico de recomendaciones de actuación de los Servicios Sociales ante la crisis por el Covid-19, “tiene un enorme impacto en las personas más vulnerables, estén o no vinculadas a los servicios sociales, y que por lo tanto no se pueden ignorar las consecuencias que esta crisis tiene para las personas más gravemente excluidas, entre las que se encuentran aquellas que sobreviven en asentamientos segregados o en barrios en situación de grave vulnerabilidad”,también lo ha tenido en este colectivo en el que ha habido varios afectados por el virus, y donde la gestión que se ha hecho desde el Ayuntamiento ha sido bastante deficitaria por no calificarla de otra manera,viniendo a demostrar una vez más la exclusión a la que se ven relegados desde la propia administración local.
El aislamiento y la desprotección a la que se han visto sometidas estas familias, han hecho muy complicado que pudieran adoptarse las medidas higiénicas y de aislamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias, a pesar de que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales marcara con carácter general, unos criterios de actuación para toda la red de servicios sociales, fueran cuales fueran sus niveles administrativos de gestión. El primero que nombraba era PROTECCIÓN: “Asegurar el cumplimiento de la misión de los servicios sociales de ofrecer protección, atención y cuidados a la población y especialmente la que presenta mayor vulnerabilidad ante la enfermedad COVID-19.Con actuaciones para la protección a las personas que residen en asentamientos segregados o en barrios en situación de alta vulnerabilidad”.
Lo cierto es que El Ministerio de derechos Sociales, en esta ocasión, ha tenido en cuenta a los grupos marginales y deja clara la actuación que desde los Servicios Sociales se debe tener con ellos. Pero aún profundiza más y se refiere a lo que deben hacer los servicios sociales municipales: “reforzarán, y reorganizarán para su correcto y más eficaz funcionamiento, los recursos existentes para la atención a personas y familias que vivan en entornos segregados y altamente vulnerables, con el fin de atender las necesidades de esta población ante esta crisis sanitaria y el estado de alarma decretado. Así mismo, pondrán en marcha todas aquellas nuevas iniciativas necesarias para cumplir con las actuaciones señaladas en este documento”.
Sin pretender entrar en detalles, cabe decir que gracias a la atención que ha tenido Cáritas y a Cruz Roja, con estas familias, la cobertura de sus necesidades básicas se han visto más o menos cubiertas, minimizando de alguna manera el perjuicio que la situación de confinamiento venía a acrecentar en ellas, relegadas a vivir en un núcleo donde se concentra la mayor parte de la infravivienda existente en nuestra ciudad.
Ahora, desde el Ayuntamiento dicen que han creado una comisión para estudiar la situación de estas familias y la forma de actuar para mejorar su situación. Les debo recordar que ya existen al menos tres estudios al respecto. Uno de ellos fechado en el año 2003 encargado por algunos miembros de este gobierno municipal, que ya lo estaban entonces. Mejor sería no perder más tiempo y ponerse a trabajar en serio para erradicar este gueto, que ya dura 33 años y que no deja de ser un poco vergonzante para cualquier corporación que se precie.
El Ministerio de Derechos Sociales a través de su Secretaría de Estado, con fecha 27/03/2020, sacó un “Documento Técnico de recomendaciones de actuación de los Servicios Sociales ante la crisis por el Covid-19, en asentamientos segregados y barrios altamente vulnerables”.
Según ese Documento, en nuestro país, el número de este tipo de barrios en los que convive una población especialmente empobrecida y en situación de exclusión, asciende a 953. En nuestra ciudad, para vergüenza de todas las corporaciones que han pasado desde el año 1988, existe uno de ellos, situado en la zona conocida como Estación del Oeste y compuesto prácticamente en su totalidad por la comunidad conocida como Portugueses Trasmontanos. Setenta personas entre adultos y menores.
Al igual que en otras muchas ciudades, la nuestra ha creado una política de concentración que ha dado lugar a este gueto, que a su vez ha dado lugar a una situación claramente desfavorecedora respecto a la situación general de la sociedad, apareciendo retratados, en ocasiones, de una manera muy estereotipada debido a los prejuicios existentes y la escasa información sobre las realidades vitales y culturales de ésta comunidad. Allport precisaba que “los prejuicios son una predisposición a adoptar un comportamiento negativo hacia un grupo, o hacia miembros de ese grupo, que descansan sobre una generalización errónea y rígida”. En ocasiones esto es lo que ocurre con este colectivo, lo que genera ‘un rechazo’ por parte de la sociedad, negándoles un tratamiento de igualdad y por lo tanto reforzando su exclusión social.Por otra parte, hay ocasiones que se habla de esta minoría excluida, incurriendo en una especie de círculo vicioso, cargado de moralismo sentimental, que sin querer, puede hacer que surja el efecto opuesto o por lo menos se reproduzca esa exclusión.
La situación de estas familias a pesar del trabajo que se ha venido realizando con ellas desde hace años, sobre todo desde el Programa de Familia de la Diputación Provincial, nos hace afirmar que no disfrutan del derecho de igualdad de oportunidades y que el hecho de formar parte de esta comunidad concreta, dificulta las posibilidades de lograr un acceso normalizado a recursos que podrían garantizar su inclusión.
Esta situación de desventaja que no les permite incorporarse al funcionamiento social, la separación afectiva con respecto al trato social, los grados de indiferencia y exclusión nos llevan a hablar de la marginación de este colectivo, que en ocasiones genera ‘un rechazo’ por parte de la sociedad, negándoles un tratamiento de igualdad y por lo tanto reforzando su exclusión social.
La situación de confinamiento, que según el Documento Técnico de recomendaciones de actuación de los Servicios Sociales ante la crisis por el Covid-19, “tiene un enorme impacto en las personas más vulnerables, estén o no vinculadas a los servicios sociales, y que por lo tanto no se pueden ignorar las consecuencias que esta crisis tiene para las personas más gravemente excluidas, entre las que se encuentran aquellas que sobreviven en asentamientos segregados o en barrios en situación de grave vulnerabilidad”,también lo ha tenido en este colectivo en el que ha habido varios afectados por el virus, y donde la gestión que se ha hecho desde el Ayuntamiento ha sido bastante deficitaria por no calificarla de otra manera,viniendo a demostrar una vez más la exclusión a la que se ven relegados desde la propia administración local.
El aislamiento y la desprotección a la que se han visto sometidas estas familias, han hecho muy complicado que pudieran adoptarse las medidas higiénicas y de aislamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias, a pesar de que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales marcara con carácter general, unos criterios de actuación para toda la red de servicios sociales, fueran cuales fueran sus niveles administrativos de gestión. El primero que nombraba era PROTECCIÓN: “Asegurar el cumplimiento de la misión de los servicios sociales de ofrecer protección, atención y cuidados a la población y especialmente la que presenta mayor vulnerabilidad ante la enfermedad COVID-19.Con actuaciones para la protección a las personas que residen en asentamientos segregados o en barrios en situación de alta vulnerabilidad”.
Lo cierto es que El Ministerio de derechos Sociales, en esta ocasión, ha tenido en cuenta a los grupos marginales y deja clara la actuación que desde los Servicios Sociales se debe tener con ellos. Pero aún profundiza más y se refiere a lo que deben hacer los servicios sociales municipales: “reforzarán, y reorganizarán para su correcto y más eficaz funcionamiento, los recursos existentes para la atención a personas y familias que vivan en entornos segregados y altamente vulnerables, con el fin de atender las necesidades de esta población ante esta crisis sanitaria y el estado de alarma decretado. Así mismo, pondrán en marcha todas aquellas nuevas iniciativas necesarias para cumplir con las actuaciones señaladas en este documento”.
Sin pretender entrar en detalles, cabe decir que gracias a la atención que ha tenido Cáritas y a Cruz Roja, con estas familias, la cobertura de sus necesidades básicas se han visto más o menos cubiertas, minimizando de alguna manera el perjuicio que la situación de confinamiento venía a acrecentar en ellas, relegadas a vivir en un núcleo donde se concentra la mayor parte de la infravivienda existente en nuestra ciudad.
Ahora, desde el Ayuntamiento dicen que han creado una comisión para estudiar la situación de estas familias y la forma de actuar para mejorar su situación. Les debo recordar que ya existen al menos tres estudios al respecto. Uno de ellos fechado en el año 2003 encargado por algunos miembros de este gobierno municipal, que ya lo estaban entonces. Mejor sería no perder más tiempo y ponerse a trabajar en serio para erradicar este gueto, que ya dura 33 años y que no deja de ser un poco vergonzante para cualquier corporación que se precie.
