Redacción
Martes, 28 de Septiembre de 2021

Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia llevan a Europa y la Audiencia Nacional la prohición de cazar lobos

Las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León elevan su petición para que se impida cazar al lobo a la Unión Europea. Estas comunidades junto a Andalucía, Comunidad de Madrid y Región de Murcia ya anunciaron que presentarían un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la propuesta de la cartera de Teresa Ribera que entró en vigor el pasado 21 de septiembre, con aval del Consejo de Estado.

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Los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas con mayor presencia lobera de España se han reunido este martes en Santander con el fin de coordinar las acciones para suspender la orden ministerial que incluye el lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE). Entre otras medidas, acordaron iniciar el proceso de recurso judicial ante la Audiencia Nacional, a cuya instancia también solicitan medidas cautelares para que dicha orden deje de estar en vigor.

 

Las cuatro comunidades iniciarán una petición para mantener un encuentro con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación, considerando que la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que protege al lobo "va en sentido contrario" a la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que determinó en 1992 que esta especie al sur del Duero es "estrictamente protegida", pero al norte es "gestionable". Así, creen que desde el Gobierno central "han ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya".

 

 

 

Con estas actuaciones las comunidades que aglutinan el 95% de la población lobera de España confían en poder acabar con la orden publicada el 21 de septiembre que incluye al lobo como especie protegida, una "tropelía" contra los ganaderos que "también va en contra de la propia especie". Así lo han dicho los consejeros responsables del área de las cuatro comunidades, que se han reunido este martes en Santander con representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, COAG, ASAJA y UPA, para abordar su respuesta a la inclusión del lobo en el LESPRE y coordinar su respuesta.

 

Los consejeros han pedido "justicia y coherencia" para buscar la "coexistencia" entre el lobo y la ganadería extensiva y han confiado en que los tribunales les concedan las medidas cautelares solicitadas para poder seguir aplicando sus planes de gestión de la especie. Además, aunque han criticado el "desprecio" mostrado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia el mundo rural, han apelado nuevamente al "consenso" y le han pedido que "no tenga miedo al diálogo", porque una medida así "no se puede decidir de forma autoritaria y despreciando a los territorios".

 

El consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que “el Gobierno solo nos deja la alternativa judicial”, ya que “consideramos que esta orden ministerial va más allá de la Directiva Europea Hábitats, que confiere a los territorios del norte del Duero la capacidad de gestionar la especie, que el Gobierno de España les hurta, y que, en el marco del consenso, ha permitido que el lobo tenga las mejores poblaciones de europa”. 

 

 

Califican la orden de "atropello"

 

A la reunión también han asistido los representantes nacionales de las organizaciones profesionales agrarias, que también han anunciado recurso judicial, además de movilizaciones para explicar los perjuicios que esta decisión del Gobierno ocasiona al sector agroganadero, en particular, y al medio rural, en general.

 

 

Los sindicatos han avanzado que ellos también van a recurrir porque la orden es un "atropello" contra el sector ganadero, han anunciado movilizaciones y han reiterado la solicitud de la dimisión de la ministra Ribera si no "rectifica". ASAJA, COAG y UPA, que han insistido en la necesidad de dialogar, van a mantener una nueva reunión este jueves en la que se determinará qué medida "contundente" van a adoptar.

 

Por parte de ASAJA, su presidente nacional, Pedro Barato, ha dicho sentirse "muy defraudados" y "engañados", y ha afirmado que tanto la ministra Ribera como el secretario de Estado Hugo Morán "mienten", dado que están tomando medidas que "van en contra" de la España rural, que "se está quedando vacía". En la misma línea, la responsable de ganadería de la Comisión Ejecutiva de COAG, la cántabra Charo Arredondo, ha mostrado su "disgusto" por este decreto y ha criticado que las autoridades hablen de la España vaciada cuando "nos están vaciando ellos mismos".

 

 

 

"Se nos indemnice más o menos, el dinero no lo es todo. El corazón no se paga con dinero", ha señalado Arredondo en relación con lo que supone la pérdida de animales. Respecto a la dimisión de la ministra, ha indicado que "si no nos entiende que se vaya", y en cuanto a la norma ha subrayado: "Esto lo tenemos que volver para atrás sí o sí".

 

Asimismo, el secretario general de UPA, el gallego Román Santallana, ha destacado la "unidad de acción" alcanzada en términos políticos y sindicales en el asunto del lobo, y ha reiterado que "nos han engañado", afirmando que la especie en España "está en fase de expansión", "mucho más" que en el resto de Europa.

 

"Esta división del mundo rural y urbano no se va a quedar sin respuesta", ha sentenciado Santallana, quien cree que la actuación en la calle no se puede "demorar". Los tres representantes ganaderos han agradecido a los consejeros "poner en valor" al sector, así como su "comportamiento" y "responsabilidad" por el "bien común" de los ganaderos españoles.

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