Redacción
Martes, 05 de Noviembre de 2013
El Estado no indemniza a los resineros y apicultores afectados por el incendio de Castrocontrigo
![[Img #6066]](upload/img/periodico/img_6066.jpg)
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) del sindicato UGT ha valorado como “claramente insuficientes” los 4,5 millones de euros que el Gobierno ha otorgado hasta principios del pasado septiembre a las comunidades autónomas para paliar los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales. “La cuantía de las ayudas otorgadas hasta ahora para el cumplimiento del Real Decreto no sólo es escasa, sino que los criterios utilizados en su aplicación son discriminatorios y restrictivos”, explicó.
De esta forma, desde el Ejecutivo del PP se da cumplimiento al Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, mediante el cual las comunidades autónomas podían solicitar ayudas para paliar los citados daños ocurridos entre mayo y noviembre de 2012. “Quedan desamparados muchos damnificados por causas tan arbitrarias como que el incendio o desastre natural haya ocurrido fuera de ese periodo del año o limitaciones a las superficies afectadas sin tener en cuenta las especificidades de cada lugar”, denunció el sindicato.
Así, la superficie forestal afectada había de ser superior a 10.000 hectáreas; a 5.000 con más del 70 por ciento arbolada; o a 500 hectáreas incluidas en la Red Natura 2000 que afectasen a municipios que aporten a la misma al menos el 50 por ciento de su término municipal. Estos criterios dan lugar “a exclusiones tan significativas”, según UGT, como los municipios afectados por el incendio de Castrocontrigo, territorios que sufrieron incendios devastadores en 2012.
El Gobierno ha destinado las ayudas a unidades familiares por daños producidos en sus viviendas y enseres; a corporaciones locales para hacer frente a los gastos de emergencia realizados; a las comunidades de propietarios por los daños sufridos en los elementos comunes; a establecimientos comerciales; y a personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad competente en materia de protección civil, en el ámbito de la Administración General del Estado. “Sin embargo no se ha tenido en cuenta a damnificados de diferentes sectores que han visto afectadas sus economías sociales entre los que destacan resineros, apicultores y recolectores”, añadió.
Por ello, Fitag-UGT ha apuntado que las ayudas concedidas hasta el momento por el Gobierno se quedan “en algo testimonial” ante la magnitud de los daños causados por los desastres en el periodo de tiempo que va de mayo a noviembre del pasado año. Tan sólo en cuestión de incendios forestales, 2012 fue uno de los años más trágicos de la última década, con unas 250.000 hectáreas arrasadas por el fuego (mucho más del doble que el año anterior), importantes daños ecológicos y once víctimas mortales.
En Fitag-UGT se consideró que las ayudas otorgadas a las comunidades autónomas deberían dar cobertura a todos los damnificados cuya forma de sustento esté vinculada a las superficies afectadas por la catástrofe y “deberían serlo con una cuantía proporcional al daño recibido”. “Consideramos injustos y arbitrarios los criterios establecidos por el Gobierno para otorgarlas, discriminando territorios y estableciendo diferencias entre los ciudadanos afectados que puedan acceder a las ayudas y los que no”, sostuvo.
Por ello, el sindicato realizó un llamamiento a la Administración estatal para que utilice los instrumentos legales necesarios “de cara a hacer más equitativo el acceso y el reparto de las ayudas, atendiendo a la realidad de cada una de las comunidades autónomas”. Además, abogó por la ampliación de las partidas económicas puesto que las aprobadas no cubren las necesidades por daños “y más teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha denegado la concesión de ayudas con cargo al fondo de Solidaridad de la UE, aduciendo que la cuantía de los daños son inferiores a lo establecido en el reglamento de 2002”.
La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) del sindicato UGT ha valorado como “claramente insuficientes” los 4,5 millones de euros que el Gobierno ha otorgado hasta principios del pasado septiembre a las comunidades autónomas para paliar los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales. “La cuantía de las ayudas otorgadas hasta ahora para el cumplimiento del Real Decreto no sólo es escasa, sino que los criterios utilizados en su aplicación son discriminatorios y restrictivos”, explicó.
De esta forma, desde el Ejecutivo del PP se da cumplimiento al Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, mediante el cual las comunidades autónomas podían solicitar ayudas para paliar los citados daños ocurridos entre mayo y noviembre de 2012. “Quedan desamparados muchos damnificados por causas tan arbitrarias como que el incendio o desastre natural haya ocurrido fuera de ese periodo del año o limitaciones a las superficies afectadas sin tener en cuenta las especificidades de cada lugar”, denunció el sindicato.
Así, la superficie forestal afectada había de ser superior a 10.000 hectáreas; a 5.000 con más del 70 por ciento arbolada; o a 500 hectáreas incluidas en la Red Natura 2000 que afectasen a municipios que aporten a la misma al menos el 50 por ciento de su término municipal. Estos criterios dan lugar “a exclusiones tan significativas”, según UGT, como los municipios afectados por el incendio de Castrocontrigo, territorios que sufrieron incendios devastadores en 2012.
El Gobierno ha destinado las ayudas a unidades familiares por daños producidos en sus viviendas y enseres; a corporaciones locales para hacer frente a los gastos de emergencia realizados; a las comunidades de propietarios por los daños sufridos en los elementos comunes; a establecimientos comerciales; y a personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad competente en materia de protección civil, en el ámbito de la Administración General del Estado. “Sin embargo no se ha tenido en cuenta a damnificados de diferentes sectores que han visto afectadas sus economías sociales entre los que destacan resineros, apicultores y recolectores”, añadió.
Por ello, Fitag-UGT ha apuntado que las ayudas concedidas hasta el momento por el Gobierno se quedan “en algo testimonial” ante la magnitud de los daños causados por los desastres en el periodo de tiempo que va de mayo a noviembre del pasado año. Tan sólo en cuestión de incendios forestales, 2012 fue uno de los años más trágicos de la última década, con unas 250.000 hectáreas arrasadas por el fuego (mucho más del doble que el año anterior), importantes daños ecológicos y once víctimas mortales.
En Fitag-UGT se consideró que las ayudas otorgadas a las comunidades autónomas deberían dar cobertura a todos los damnificados cuya forma de sustento esté vinculada a las superficies afectadas por la catástrofe y “deberían serlo con una cuantía proporcional al daño recibido”. “Consideramos injustos y arbitrarios los criterios establecidos por el Gobierno para otorgarlas, discriminando territorios y estableciendo diferencias entre los ciudadanos afectados que puedan acceder a las ayudas y los que no”, sostuvo.
Por ello, el sindicato realizó un llamamiento a la Administración estatal para que utilice los instrumentos legales necesarios “de cara a hacer más equitativo el acceso y el reparto de las ayudas, atendiendo a la realidad de cada una de las comunidades autónomas”. Además, abogó por la ampliación de las partidas económicas puesto que las aprobadas no cubren las necesidades por daños “y más teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha denegado la concesión de ayudas con cargo al fondo de Solidaridad de la UE, aduciendo que la cuantía de los daños son inferiores a lo establecido en el reglamento de 2002”.
