El Estado no es democrático si no considera a las mujeres ciudadanas iguales y de pleno derecho y pone los medios para que realmente lo sean

Hoy 6 de marzo de 2022, dos días antes de la fecha señalada del 8 de marzo, día internacional de la defensa de los derechos de todas las mujeres, las organizaciones feministas denuncian la ocupación de los espacios y jornadas destinadas a defender los derechos fundamentales de las mujeres por instituciones o grupos que no siempre los apoyan.

Se está creando así confusión porque se dicen feministas quienes toman medidas que hacen más fuerte y peligroso el patriarcado y amenazan con acallar a las mujeres que siguen manteniendo las reivindicaciones por las que llevan años, siglos, luchando y que aún no se han conseguido.

Esta reacción contra quienes defienden la igualdad y la no violencia está basada en dos fantasías bien promocionadas: que la igualdad está lograda y que las mujeres ya no somos mujeres reales, puesto que se pretende que cualquiera puede decidir que es mujer sea cual sea su sexo, y por lo tanto no es visible nuestra opresión por ser mujeres. En esta situación ficticia es imposible la coeducación y el respeto a la diversidad. Tampoco es posible anular los géneros que imponen límites al desarrollo personal a cada uno de los dos sexos, en perjuicio sobre todo de las mujeres.

Nuestro Estado no puede llamarse democrático si no garantiza los derechos políticos del movimiento feminista a la libre expresión y manifestación, en todos los ámbitos de la vida social. El Estado no es democrático si no considera a las mujeres ciudadanas iguales y de pleno derecho y pone los medios para que realmente lo sean en todos los órdenes de la vida.

Ni los poderes públicos ni la sociedad pueden hablar de igualdad y lucha contra la violencia machista si no ponen empeño en abolir la esclavitud de las mujeres en el sistema prostitucional y la pornografía, la mayor expresión de la violencia sexual y el crimen organizado contra las mujeres.

Si no prohíben y persiguen la explotación reproductiva de las mujeres, que incluye el alquiler de mujeres para gestar y la compra de sus criaturas. Y también la propaganda masiva dirigida a las jóvenes en situaciones de precariedad para que se sometan a tratamientos perjudiciales con el fin de extraer sus óvulos y lucrarse con ellos.

Explotación y opresión de las mujeres es que formen el mayor porcentaje de pobres del mundo, y que teniendo menos posibilidades laborales sean las que además han de ocuparse de las cargas familiares y los cuidados de dependientes. No se ponen en vigor políticas públicas para que los hombres dejen de eludir la responsabilidad de cuidar.

El 6 de marzo, el 8 de marzo y todos los días del año seguiremos exigiendo medidas públicas y comportamientos sociales e individuales que vayan construyendo una sociedad más justa, equilibrada y sana donde la igualdad sea inapelable y la violencia sea rechazada.

Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de explotación y de violencia, y por eso exigimos:

1.- La abolición de la prostitución y de la pornografía. Aprobación de la ley LOASP ya presentada en el Parlamento para la abolición del sistema prostitucional.

2.- La prohibición de la explotación reproductiva de las mujeres: la compra de óvulos y de bebés gestados por mujeres alquiladas.

3.- Igualdad laboral, reducción de la jornada laboral en general, acabar con la precariedad, la brecha salarial y de las pensiones, así como con los abusos en el trabajo doméstico.  Porque la feminización de la pobreza es lo que obliga a las mujeres a alquilar o vender lo único que poseen, su cuerpo como objeto de consumo.

4.- La erradicación de la violencia sexual contra las mujeres.

5.- El fin de los feminicidios y de toda forma de violencia machista.

6.-El derecho al aborto sin acoso, libre y seguro en hospitales PÚBLICOS y de proximidad.

7.- La retirada de todos los artículos de las leyes ya aprobadas, o de los proyectos de ley que establecen la autoidentificación registral del sexo porque provocan el borrado jurídico de las mujeres y la invisibilidad de las discriminaciones que sufren.

8.- Coeducación para alcanzar la igualdad real de mujeres y hombres.

9.- Servicios públicos de calidad para la corresponsabilidad social de los cuidados. Políticas públicas dirigidas a conseguir la corresponsabilidad de mujeres y hombres en la crianza y los cuidados. Para ello deben modificar la actual ley que rige los permisos parentales para que se ajuste al proyecto previo presentado por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, único que conduce a la igualdad laboral y a la participación por igual de hombres y mujeres en la crianza de sus descendientes.

10.- Reducción del apoyo con dinero público a la enseñanza y la sanidad privadas para sostener y mejorar la enseñanza y la sanidad públicas únicas universales cuyo buen funcionamiento evita cargas que recaen sobre todo en las mujeres.

Al Ayuntamiento de Astorga le planteamos dos exigencias:

.- Que se incorpore a la Red de municipios libres de prostitución y trata. Pero no solo como una formalidad sino con el compromiso de adoptar medidas de formación de la ciudadanía para acabar con la demanda masculina de mujeres para consumo sexual, y ejerciendo medidas disuasorias sobre puteros y proxenetas. Para eso ya existen ordenanzas modélicas, como la implantada en Sevilla, que puede servir de ejemplo.

.- Que utilice el dinero recibido a cargo del Pacto de Estado contra la Violencia Machista en un programa anual de actividades informado, difundido y coherente con los fines del Pacto, sin perderlo en objetos con lemas publicitarios.

¡Fuera el sexismo! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva la igualdad!